El Gobierno y la oposición apuran las negociaciones para aprobar el paquete fiscal y la ley de Bases antes del 1° de mayo

Esta vez no hay margen para una nueva derrota legislativa. Con esa consigna, el Gobierno y los bloques opositores dialoguistas de la Cámara de Diputados mantienen ingentes negociaciones para acercar posturas en torno a los puntos todavía no acordados de la llamada ley de Bases y el paquete de reformas fiscales. El objetivo del oficialismo es lograr la media sanción de ambos proyectos en la madrugada del 1 del mes próximo y que el Senado las apruebe en las siguientes tres semanas, raid que finalizaría con la firma del Pacto del 25 de Mayo entre el presidente Javier Milei y los gobernadores.

En la oposición dialoguista como también entre los gobernadores hay predisposición a aprobarle ambos proyectos al Gobierno, las dos primeras leyes de su gestión. Las negociaciones se intensificaron en las últimas horas y se prolongarán a lo largo de esta semana con vistas a los plenarios de comisiones ya convocados para zurcir los dictámenes respectivos. Sin embargo, todavía hay aspectos medulares sin resolver, entre ellos la reforma laboral. Una demanda del radicalismo –bloque clave para alcanzar la mayoría en ambos recintos- que despertó el rechazo de la CGT y genera posturas encontradas entre las bancadas dialoguistas.

“Todos queremos que las leyes salgan; el interrogante es cómo van a salir y si Milei no va a tirar todo por la borda como hizo en la primera discusión de la ley de Bases”, se sincera un encumbrado diputado opositor.

En las últimas horas, los negociadores de los bloques dialoguistas –Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- le acercaron al Gobierno sus planteos. “Hay aspectos que ellos recibieron positivamente, pero esperamos a ver la redacción final del texto y si esos cambios han sido incorporados”, anticipó, cauto, un negociador clave de la bancada radical.

Uno de los puntos más conflictivos del paquete fiscal se refiere a la actualización por el índice de inflación del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y de los montos de facturación del monotributo. El oficialismo insiste en que dicha actualización sea anual; los opositores creen que debería ser trimestral para evitar que, por el efecto inflacionario, un mayor número de contribuyentes se vean afectados.

Otro aspecto, también referido al impuesto a las Ganancias, tiene que ver con los pisos mínimos no imponibles, de $1,8 millones para los trabajadores solteros y de $2,2 millones para los casados con dos hijos. Los patagónicos reclaman algún tipo de alivio para los trabajadores de la región, donde el costo de vida –y, por ende, los salarios- es más alto que el promedio del resto del país.

Los opositores insistirán, también, en reincorporar en el paquete de reformas fiscales los artículos que disponían gravar con la misma carga tributaria a las empresas tabacaleras. Este capítulo estaba incluido en la versión original del paquete fiscal: allí se establecía un aumento en los impuestos internos al tabaco del 70% al 73% y se suprimía el gravamen mínimo a los cigarrillos. Sin embargo, sin dar demasiadas explicaciones, el Gobierno decidió excluir este capítulo de la iniciativa, lo que alimentó todo tipo de suspicacias sobre supuestos lobbies de empresarios tabacaleros en contra del aumento.

Reforma laboral, en discusión

La reforma laboral que propone el radicalismo –que fue extraído del DNU 70 del Poder Ejecutivo tras haber sido suspendido por la Justicia-, también genera diferencias. Si bien todos los bloques coinciden en que debería discutirse en simultáneo con la ley de Bases y el paquete de reformas fiscales, no coinciden en su contenido. El punto de mayor conflicto es el que propone eliminar y prohibir las contribuciones y aportes emanados de los convenios colectivos de trabajo. La CGT lo rechaza de plano porque atenta de lleno contra el financiamiento de los gremios. El bloque de Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Pichetto, se suma al rechazo cegetista, mientras que Pro mira para el costado.

El Gobierno, que inició un acercamiento con la CGT en los últimos días, no se atreve a ir a fondo como propone la UCR. Sin embargo, el jefe de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, fue taxativo. “Nosotros sí vamos a ir a fondo contra la casta sindical. Si eliminan este punto en el dictamen, insistiremos en el recinto y después que cada uno vote y deje sentada su posición”, desafía.

En el bloque que conduce Pichetto proponen que la discusión sobre la reforma laboral se ciña a tres puntos: la extensión del período de prueba (el radicalismo propone seis meses, pero el resto de los bloques la estiran a ocho); la creación de un régimen de cese laboral optativo por convenio colectivo para reemplazar indemnizaciones; y las multas a empleadores por trabajo no registrado. Sobre este último punto el radicalismo propone reducirlas, mientras que el Gobierno y el bloque Pro insiste en eliminarlas.

“La eliminación de las multas no hará otra cosa que impulsar el trabajo en negro”, advierten los radicales.

La versión acotada de la ley de Bases también genera chisporroteos. El destino de los recursos que fondean los fondos fiduciarios, en caso de que éstos sean eliminados por decisión del Poder Ejecutivo, es uno de los puntos más discutidos, así como también las amplias facultades que, en materia de desregulación de la economía del sector privado, pretende arrogarse el Gobierno.