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Diputados: el oficialismo defendió la actual ley de alquileres y no hubo acuerdo con la oposición
En la Comisión de Legislación General se emitieron tres dictámenes y el final es abierto; aún no hay fecha de tratamiento en el recinto de la Cámara baja
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LA NACIONLaura Serra
Tras un mes de debate, en el que se escuchó a más de un centenar de expositores, los diputados que integran la Comisión de Legislación General no lograron arribar a un acuerdo sobre la nueva ley de alquileres. El Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal presentaron tres dictámenes distintos y si bien el oficialismo se alzó con el de mayoría, nada asegura que ése sea el que finalmente prospere en el recinto.
Las posiciones son, básicamente, dos. Por un lado, el oficialismo reivindicó la ley actual al punto de que su dictamen preserva sus ejes centrales: establece que la validez de los contratos sea de tres años y que la actualización de los valores sea anual con el tope que fija el Índice de Contratos de Locación (ICL), una fórmula que elabora el Banco Central que contempla en partes iguales la variación de la inflación y los salarios.
Por otro lado, la oposición, con sus matices, coincide que, dado el contexto inflacionario actual, las partes deberían contar con mayor autonomía a la hora de pactar los contratos, sin índices prefijados. Asimismo, tanto Juntos por el Cambio como el interbloque Federal proponen retrotraer a dos años el plazo de los contratos, tal como estipula el Código Civil.
El único punto en común entre oficialistas y opositores ha sido descartar la posibilidad de derogar la actual ley de alquileres, tal como planteó en un primer momento Juntos por el Cambio. Todavía no hay fecha para el tratamiento de los dictámenes en el recinto, por lo que el final está abierto: ningún bloque tiene aún la mayoría, pero en la reunión de hoy quedó claro que Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y Juntos Somos Río Negro están más cerca en sus posiciones.
También quedó claro que el oficialismo, contrario a lo que se esperaba, defenderá la actual ley –cuestionada por propietarios y un amplio sector de inquilinos- y no le introducirá cambios sustantivos, pese a que, en su momento, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa había aseverado que la ley “fracasó” y llamó a discutir un nuevo proyecto que brinde “certezas” al propietario y “garantías y tranquilidad” al inquilino.
“Esta ley establece un piso de derechos para el inquilino”, enfatizó Cecilia Moreau, presidenta de la comisión.
En el mismo sentido se expresó el diputado oficialista José Luis Gioja. “El que está arriba siempre se impone sobre quienes están abajo, por eso el Estado debe estar siempre presente para hacer justicia y proteger al que menos tiene”, enfatizó. “La actual ley de alquileres ha sido injustamente castigada por intereses de distinto tipo. Esta ley sirve, el problema es que no se ha aplicado”, insistió.
En su dictamen, el oficialismo introduce dos novedades. Una de ellas, asignar a la Comisión de Defensa de la Competencia la atribución para dirimir en los conflictos que se susciten entre locatarios y locadores. La segunda es la incorporación de una serie de incentivos fiscales para promover la oferta de inmuebles para alquiler, la cual quedó retraída tras la sanción de la ley. Esto provocó que los precios se dispararan y se situaran, en muchos casos, por encima de la inflación.
“La ley que se sancionó en 2020 fue bien intencionada, pero no funcionó porque quedó fuera de la realidad. Tanto propietarios e inquilinos manifestaron durante las audiencias públicas que esta norma les fue perjudicial, y nosotros debemos solucionarlo”, enfatizó la diputada Karina Banfi, autora de un proyecto para derogar la ley. “Después de escuchar a más de 100 expositores entendí que la legislación actual tenía cosas positivas”, admitió, aunque advirtió que, en virtud de esa norma, “hoy en la Capital hay solo 5000 inmuebles para alquilar porque no hay oferta y los alquileres tuvieron un aumento del 54% el último año”.
La oposición coincide en instrumentar incentivos fiscales para promover el mercado de viviendas para alquiler pero, a diferencia del Frente de Todos, sostiene que este capítulo debería ser materia de otro proyecto de ley. “De lo contrario, estos dictámenes deberían ser tratados por la Comisión de Presupuesto”, planteó Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
Los opositores coinciden, además, en limitar la intervención del Estado en el mercado de los alquileres. “El rol del Estado es muy importante, pero para mejorar la situación macroeconómica, de manera tal que se garantice el acceso a créditos hipotecarios. Eso permitirá una solución al problema habitacional en nuestro país”, sostuvo el diputado Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro.
El legislador esbozó los ejes del dictamen que hizo suyo la diputada Graciela Camaño, del interbloque Federal. En líneas generales, propuso que los contratos vuelvan a tener un plazo de dos años y que el ajuste del precio del alquiler pueda ser pactado libremente entre las partes con aumentos escalonados acordados con la firma del contrato, sin índices prefijados.
“Esto es lo que ocurre en la práctica en la mayor parte de los contratos que se firman de manera informal”, enfatizó Domingo, quien propuso que las subas de los alquileres tengan como tope el índice de inflación.
Incentivos fiscales
En su dictamen, el oficialismo propuso un capítulo de incentivos fiscales con el propósito de aumentar el mercado de inmuebles para vivienda en alquiler. El primero de ellos apunta a los monotributistas, hoy impedidos a tener más de tres unidades de explotación; de lo contrario, deberán tributar en el régimen general. El dictamen oficialista les habilita a superar este límite siempre y cuando se trate de inmuebles afectados al alquiler para vivienda familiar.
Además, el oficialismo establece que aquellos propietarios de inmuebles usados que sean afectados al alquiler para vivienda durante 12 años podrán inscribir dichos inmuebles en el régimen de incentivos para la construcción, que establece una serie de beneficios fiscales. Por último, propone que aquellos inmuebles destinados a la vivienda no estarán alcanzados por el impuesto a los bienes personales cuando su valor no exceda los $30 millones.
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