Diputados | Primer golpe al Gobierno en una sesión caliente: la oposición rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad
El oficialismo perdió aliados, entre ellos los “heridos” del cierre de listas, y no logró sostener la medida; hubo 172 votos a favor, más de los dos tercios necesarios; Vidal se abstuvo
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Con el apoyo de antiguos aliados de La Libertad Avanza (LLA), la oposición en Diputados logró insistir con dos tercios la ley de emergencia en discapacidad que vetó Javier Milei, una norma que cosechó un fuerte respaldo social con marchas y movilizaciones en distintos puntos del país y, este mismo miércoles, en las inmediaciones del Congreso.
El recinto debatía, a continuación, la insistencia al aumento jubilatorio del 7,2% que eleva el bono de $70.000 a $110.000 y fija actualizaciones por inflación. Se trata de una ofensiva opositora que, hasta el momento, dejaba inertes a los diputados libertarios y a sus aliados de Pro, entre otros pocos que respaldaron a Milei.
Los 172 que votaron a favor de la emergencia en discapacidad se conformaron a partir de los bloques críticos, impulsores de la ley, pero también con los “heridos” que dejó el oficialismo en el cierre de listas nacionales. Hubo 73 rechazos y dos abstenciones, de las legisladoras bonaerenses de Pro María Eugenia Vidal y Gabriela Besana.
Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, de LLA, apoyaron la insistencia. También Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID), cinco diputados de Pro -Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro González, Ana Clara Romero y Karina Bachey- y diez de la UCR: Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, Fabio Quetglas, Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Julio Cobos, Roxana Reyes, Roberto Sánchez, Martín Tetaz y Natalia Sarapura. Se trata, en su mayoría, de dirigentes que -pese a que lo intentaron- no conciliaron un acuerdo electoral con los libertarios.
La decena de ausentes -que facilitaron a la oposición la obtención de los dos tercios-, ls integraron tres libertarios: Gerardo González (Formosa), Florencia Klipauka (Misiones) y Alberto Arancibia (San Juan) que no pudieron meter la cuchara en el armado de las listas en sus provincias. Se les sumaron Silvia Lospennato y Germana Figueroa Casas -ambas de Pro-, tres legisladores de UP, Atilio Benedetti (UCR) y Manuel Aguirre (Democracia).
Se trata de un nuevo revés para la administración libertaria, que ve desafiado como nunca el corazón de su política económica, el superávit fiscal, uno de sus emblemas para enfrentar la campaña electoral, que ya está en marcha. Con este golpe, el Presidente ve resquebrajarse el escudo legislativo que había mostrado bajo la consigna de “los 87 héroes”.
Ahora la pulseada se traslada al Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario aún más adverso que en la Cámara baja.
La ley, sancionada a principios de julio, actualiza los aranceles de los prestadores de servicios de discapacidad y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
Además, dispone que las pensiones por invalidez laboral ya vigentes se transformen automáticamente en esta nueva pensión por discapacidad, con el acceso garantizado a un programa de atención médica. También apunta a regularizar las deudas que el sistema de salud mantiene con los prestadores.
El Gobierno objetó el costo fiscal de la medida. En el decreto de veto calculó que la ley implicaría desembolsos por más de $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y casi $6 billones en 2026 (0,59%). Según sus argumentos, el grueso del gasto proviene de la ampliación del universo de beneficiarios de la pensión, que alcanzaría a todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), unas 1,5 millones de potenciales titulares.
Solo las nuevas pensiones demandarían en 2025 más de $2,1 billones (0,26% del PBI) y casi $4,7 billones en 2026 (0,47% del PBI). A ello se sumaría la incorporación de los beneficiarios al Programa Incluir Salud, con un costo adicional de $574.200 millones en 2025 y $1,2 billones en 2026, más una compensación de $278.323 millones por la actualización de aranceles en el primer año.
Los números, sin embargo, no coinciden con los de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que calculó un impacto más acotado, de entre $2,4 billones (0,28% del PBI) y $4,3 billones (0,51% del PBI). Según la OPC, si se aplicara únicamente la emergencia en discapacidad, sin los ajustes en la movilidad jubilatoria ni el pago de bonos adicionales, el costo se reduciría a un rango de entre 0,26% y 0,46% del PBI.
El debate
Danya Tavela, diputada de Democracia para Siempre, acusó a Milei de aplicar “el ajuste fácil, contra los más vulnerables” al vetar la emergencia en discapacidad. Señaló que el Presidente buscó “mostrar autoridad con crueldad” y cuestionó la falta de gestión en auditorías y pagos. También advirtió que el oficialismo “no ajustó a la casta, sino que creó una nueva” a costa de salarios, jubilaciones, educación y salud.
Victoria Borrego, diputada de la CC, acusó al Gobierno de “violar la Constitución y las convenciones sobre discapacidad” y de haber “desfinanciado el fondo de redistribución en favor de las prepagas”. Calificó el veto de Milei como “criminal” y reprochó que no optara por un veto parcial que garantizara las prestaciones.
Patricia Vásquez, diputada del Pro y una de las voces que utilizó el oficialismo para defender el veto, calificó el debate como “un ataque utilizando causas nobles” y responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández por el desfinanciamiento del sistema. Reivindicó la potestad presidencial de vetar y cuestionó la intervención judicial en el trámite legislativo. También defendió la gestión actual con números: “Pasamos de un 41% de desfinanciamiento heredado a un 5,8% de retraso en el nomenclador”.
Media hora antes de que se abrieran las puertas del recinto, el Gobierno intentó frenar la avanzada. El vocero Manuel Adorni anunció en X que el Poder Ejecutivo “considera” un aumento en las prestaciones por discapacidad, que se financiaría con auditorías sobre pensiones mal otorgadas y la eliminación de “curros de muchos años”. El mensaje, sin embargo, no alcanzó para quebrar el quorum opositor.
La radical Natalia Sarapura dijo que con este anuncio oficial “reconocen que Milei se equivocó vetando la Ley de Emergencia” y reclamó que el Congreso rechace la decisión presidencial. Señaló que persiste “una deuda histórica” con las personas con discapacidad y cuestionó la “estigmatización”, a la que calificó como “un retroceso y una inmoralidad política”. Cerró con un mensaje contundente: “No a la crueldad, sí a los derechos de las personas con discapacidad”.
Daniel Arroyo (UP), autor de la iniciativa y uno de los últimos oradores, describió una situación colapsada: trabajadores de talleres protegidos que cobran $28.000 al mes, transportistas que no pueden cubrir los traslados por el costo del combustible, acompañantes terapéuticos que cobran con meses de demora y centros de día al borde del cierre. “Las familias y las personas con discapacidad no dan más -advirtió-, rebotan entre obras sociales y prepagas. La situación es desesperante”. Calificó el veto como “absurdo” y sin impacto fiscal, ya que reordenar el sistema implicaría apenas “0,003% del PBI”.
Inicio de la sesión
Con 136 legisladores presentes, la oposición abrió el recinto de Diputados decidida a marcar un hito: exponer la fragilidad parlamentaria de Milei y revertir, por primera vez, un veto presidencial. La ley en disputa es la que declaró la emergencia en Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo. Pero la pulseada no se limita a ese expediente: también están en juego el aumento jubilatorio, la emergencia en discapacidad, la coparticipación de fondos y la reactivación de la comisión investigadora del caso $LIBRA.
El quorum se logró con el apoyo de Unión por la Patria (UP), el bloque de Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), 10 representantes del bloque Democracia, los tucumanos de Independencia que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, la Coalición Cívica (CC), la Izquierda, los tres salteños aliados al gobernador Gustavo Sáenz, cuatro radicales y la exoficialista Lourdes Arrieta. La nota la aportaron dos libertarios que quedaron afuera del armado electoral oficialista en el último cierre de listas: la bonaerense Marcela Pagano y el puntano Carlos D’Alessandro. Estos últimos fueron aplaudidos por los bloques críticos cuando hicieron su ingreso triunfal al recinto.
El resto de los libertarios y Pro no aportaron sus legisladores para abrir la sesión. Tampoco ayudaron los gobernadores, pese a que en el temario están incluidos los dos proyectos que impulsaron. Solo los diputados del cordobés Martín Llaryora tuvieron asistencia perfecta, además de los legisladores que responden a los mandatarios provinciales del peronismo. En cambio, Ignacio Torres (Chubut) solo aportó uno de sus dos diputados y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), ninguno, al igual que Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Jorge Macri (CABA).
En la reunión de labor parlamentaria previa, el oficialismo se negó a conceder una hora de demora que pidió Unión por la Patria (UP) por los vuelos retrasados y también rechazó el trámite exprés que exigía la oposición. Eligió un debate largo, con nueve puntos en agenda, que promete extender la sesión por más de 12 horas. La estrategia libertaria es clara: dilatar los golpes y apostar a que el quorum se licúe con el paso del tiempo. La oposición, en cambio, busca un desenlace rápido que convierta la votación en un golpe directo al corazón del plan económico de Milei.
Tras la discusión de la insistencia del aumento jubilatorio, la sesión abordará los siguientes temas:
- Distribución automática de los ATN: coparticipación diaria a las provincias según índices vigentes.
- Caso $LIBRA: nuevo reglamento para sacar de la parálisis a la comisión investigadora.
- Cambio de huso horario de verano: tres proyectos que la oposición intentará emplazar en comisiones.
- Régimen Penal Tributario: actualización de montos por evasión fiscal.
- Moratoria previsional: régimen de dos años para quienes llegaron a la edad jubilatoria sin aportes suficientes.
- Emergencia en Bahía Blanca: fondo de $200.000 millones para la reconstrucción y asistencia tras las inundaciones. El Senado ya revirtió el veto; si Diputados hace lo mismo, será la primera derrota de Milei en este terreno.
- Impuesto a los Combustibles Líquidos y fideicomisos: la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la eliminación de una serie de fideicomisos (de infraestructura, transporte, vivienda y energía, entre otros). La distribución de lo recaudado por el ICL será de la siguiente manera:
- Tesoro Nacional: 14,29%
- Provincias: 57,02%
- Sistema Único de Seguridad Social: 28,69%
De los fondos provinciales, un 25% se repartiría en partes iguales entre todas las jurisdicciones y un 75% según los índices de coparticipación.
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