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Diputados: en abierto desafío a Milei, la oposición ya logró la media sanción del financiamiento de las universidades
La aprobación fue por 158 votos afirmativos y el Senado definirá; los bloques críticos buscan emplazar el tratamiento del reparto de los ATN y el impuesto a los combustibles; se quitó la insistencia a la emergencia de Bahía Blanca
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La Cámara de Diputados aprobó por 158 votos afirmativos, 75 negativos y cinco abstenciones el proyecto que define un presupuesto para las universidades y el personal docente. La iniciativa será girada al Senado, que tendrá la palabra final. Por solo un voto, la oposición no logró que la iniciativa se apruebe por dos tercios, un contundente símbolo para una propuesta que podría ser vetada por Javier Milei.
El proyecto fue apoyado por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la Izquierda, la Coalición Cívica, la mayoría del bloque de Miguel Pichetto, los salteños aliados al gobernador Gustavo Sáenz, los tucumanos afines al mandatario Osvaldo Jaldo y casi toda la UCR. Contó, en tanto, con el rechazo de los libertarios y parte de Pro.
Un puñado de macristas se abstuvieron -Karina Bachey, Germana Figueroa Casas y Ana Clara Romero-, al igual que el liberal Ricardo López Murphy y el entrerriano Francisco Morchio (Encuentro Federal). Hubo 18 ausentes: el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID); los radicales aliados al gobernador mendocino Alfredo Cornejo; Silvia Lospennato (Pro); los misioneros afines al jefe provincial, Carlos Rovira; el radical afín a Milei, Martín Arjol; la libertaria rebelde, Marcela Pagano; y dos diputados de UP.
El otro proyecto que podría tener media sanción esta tarde es el que dicta la emergencia en salud pediátrica y establece, entre otras cosas, una recomposición salarial para médicos y residentes.
Hay otros tres, en tanto, que se incluyeron en el temario para forzar su tratamiento en comisiones. Es lo que en jerga legislativa se conoce como “emplazamiento”. Aunque el reglamento indica que los proyectos deben ser trabajados en comisiones antes de llegar al recinto, la negativa sistemática del oficialismo a habilitar el debate de las comisiones que preside volvió habitual esta excepción. Se trata de dos iniciativas -las primeras- impulsadas por los gobernadores y otra que tiene que ver con una cuestión reglamentaria:
- El reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de manera automática a las provincias
- La redistribución federal de lo recaudado del impuesto a los combustibles
- Un nuevo reglamento para la comisión investigadora del caso $LIBRA, que tiene como objetivo destrabar la paridad que actualmente le impide funcionar
Tras la votación por universidades, se determinó que el próximo miércoles 13, a las 12, se abra la comisión de Presupuesto y Hacienda para dictaminar sobre el reparto automático de los ATN.
A pedido del peronismo, también se buscará rechazar una batería de decretos firmados por Milei. En la lista figuran: el DNU 340/2025, que reformula el régimen de la Marina Mercante y limita el derecho a huelga; y los decretos 462/2025, que transforma organismos del Ministerio de Economía; el 345/2025, que reestructura la Secretaría de Cultura; el 351/2025, que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos; y el 461/2025, que dispone la disolución de Vialidad Nacional.
En el recinto se mocionó para quitar del temario la insistencia a la ley de emergencia en Bahía Blanca, que Milei vetó, que destinaba un fondo de $200.000 millones para reconstruir la ciudad y asistir a los damnificados. Se acordó abordarlo en otra sesión, junto a los otros vetos: el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. La oposición no quiso exponerse a una derrota: no reunía los dos tercios para sostener la norma impugnada por el Presidente.
El debate sobre universidades
Tras una serie de cuestiones de privilegios -las prerrogativas de los legisladores para objetar acciones o comentarios- se abrió la discusión sobre el proyecto para destinar un presupuesto concreto al financiamiento universitario. La discusión versó sobre el costo y el financiamiento de la iniciativa. Mientras que la oposición estima que insumirá para este año un gasto del 0,14% del PBI -$1,05 billones-, el oficialismo señala que “superaría ampliamente” los $1,5 billones.
El proyecto se basa sobre dos ejes troncales: por un lado, la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, de los hospitales universitarios y de las partidas destinadas a ciencia y tecnología retroactiva al año pasado; a partir de este año se propone un ajuste bimestral, también por inflación.
El otro eje se refiere a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes. Sobre este punto el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias cada tres meses, aunque fija como piso de aumento mensual el índice de precios del consumidor. Asimismo, se dispone la recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles y la realización de auditorías obligatorias en todas las universidades por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Milei vetó una iniciativa similar el año pasado y la oposición en el Congreso no pudo insistir con su sanción.
Durante el debate en el recinto, la diputada Blanca Osuna, que informó sobre el dictamen de mayoría, remarcó el carácter simbólico y social de la universidad pública y denunció que el sistema educativo está siendo “maltratado y empobrecido” por el Gobierno. Cuestionó que el presupuesto educativo de Milei sea “el más bajo en dos décadas” y advirtió que hay docentes cobrando por debajo de la línea de pobreza.
Con fuerte tono político, Danya Tavela, del radicalismo crítico de Democracia, denunció que el superávit anunciado por el Gobierno se sostiene a costa del recorte en áreas esenciales como la salud, la educación y la discapacidad. “Blanqueos, privilegios y contrataciones poco transparentes son los beneficiarios de ese superávit”, fustigó. También acusó al Poder Ejecutivo de incumplir con su deber constitucional al no presentar el Presupuesto por segundo año consecutivo.
En la misma línea se pronunció Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, cuestionó la falta de prioridades estratégicas: “No hay plata para calidad universitaria, pero sí para trolls, pauta oficial o actos partidarios”. Y apuntó directamente al Presidente: “Si no lo entiende, acá está el Congreso para decírselo”.
El radical Martín Tetaz puso el foco en la falta de una discusión presupuestaria y responsabilizó al oficialismo por evitar el debate de fondo. “Estamos discutiendo tema por tema, sin un marco fiscal que ordene prioridades. Así no se puede tener una discusión racional”, sostuvo.
Desde el oficialismo, el mendocino Álvaro Martínez defendió la inversión del Gobierno en el sistema universitario y rechazó las críticas opositoras por presunto desfinanciamiento. Afirmó que en 2024 las universidades nacionales recibieron más de $3,8 billones, con una actualización del 270% respecto del presupuesto de 2023, y un incremento previsto del 20% para 2025. Señaló además que la inversión por estudiante ronda los dos millones de pesos y que entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 los salarios docentes aumentaron un 120%. “¿De qué desfinanciamiento están hablando?”, cuestionó, y acusó a la oposición de hacer “discursos para la tribuna”.
Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro advirtió que el Gobierno impulsa una “crisis deliberada” para degradar a la universidad pública y sembrar desconfianza en sus instituciones. “No estamos discutiendo solo presupuesto, sino una visión filosófica sobre la educación”, sostuvo. Denunció una caída real del 32% en los fondos universitarios y salarios por debajo de la línea de pobreza. “La educación debe ser una fuerza igualadora. No hay mérito sin oportunidades”, cerró.
Alejandro Finocchiaro, de Pro -que ayer cerró un acuerdo electoral con los libertarios para las elecciones nacionales-, adelantó su rechazo al proyecto y defendió el rumbo económico del Gobierno. “No hay educación sin creación de riqueza”, afirmó, y advirtió que aprobar la ley rompería el equilibrio fiscal. “Habrá más pobres y menos alumnos en las capas más necesitadas”, alertó.
Emergencia pediátrica
La iniciativa de mayoría contempla una recomposición salarial para el personal de salud que atiende a población pediátrica, incluidos los residentes nacionales, con un piso equivalente al ingreso real de noviembre de 2023. También exime del impuesto a las ganancias a quienes realicen tareas críticas, horas extras o guardias, tanto en el ámbito público como privado; autoriza la compra directa de insumos esenciales y ordena al Poder Ejecutivo financiar esas medidas con fondos de contingencia sanitaria.
Además, incorpora una cláusula en línea con las reformas del Ministerio de Salud: promueve la “continuidad, fortalecimiento y sustentabilidad” de los sistemas de residencias médicas. La semana pasada, el Gobierno habilitó a los residentes a optar entre dos tipos de becas (Beca Ministerio o Beca Institución), una decisión que profundizó el malestar del sector.
El inicio
El quorum se alcanzó con el grueso de Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica (CC), la Izquierda, los radicales críticos del bloque Democracia y seis legisladores de la UCR, entre los que no se contó a su jefe de bloque, Rodrigo de Loredo. La Libertad Avanza (LLA) y Pro se sumaron a la sesión después de que Martín Menem, el presidente de la Cámara, diera por iniciada la sesión.
El respaldo de los gobernadores provinciales terminó siendo más débil de lo esperado. Entre quienes integran el nuevo frente “Provincias Unidas” -distanciado del oficialismo nacional-, solo Martín Llaryora (Córdoba) cumplió a fondo: sus cuatro diputados estuvieron presentes desde el inicio. Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) aportaron apenas uno de sus dos legisladores. En tanto, Melina Giorgi, aliada de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), estuvo en el recinto, pero se sumó recién después de que se alcanzara el quorum. Ignacio Torres (Chubut), directamente, no puso a ninguno de sus diputados.
Los mandatarios provinciales que cerraron acuerdos con los libertarios en la pelea nacional no aportaron sus diputados para abrir la sesión. Se trata de Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Tampoco lo hizo Osvaldo Jaldo, de Tucumán, un aliado habitual de los libertarios en el Congreso.
Se estiman alrededor de 13 horas de sesión. El orden del temario fue acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, antes de abrir el recinto. Se intercalarán los proyectos con dictamen -financiamiento universitario y emergencia pediátrica- con los proyectos impulsados por los gobernadores -reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles líquidos- para evitar fugas que desarticulen el quorum.
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