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Doble campaña en la ciudad de la furia
Además del proselitismo electoral, la localidad más rebelde del Sur está movilizada por la presión para liberar a un delegado preso
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LA NACIONGabriel Sued
LAS HERAS, Santa Cruz.- Sus protagonistas no son candidatos, pero los conoce todo el pueblo. Sus afiches son en blanco y negro, y nunca muestran caras sonrientes. En sus proclamas, no se piden votos, sino que se exige libertad. En simultáneo con una actividad proselitista de inusual intensidad, esta ciudad vibra con una campaña paralela: la de un centenar de trabajadores procesados por protestas sociales que reclaman el fin de lo que llama una "persecución política".
Las consignas de esta otra campaña, hoy centrada en la liberación de Víctor Oñate, un delegado petrolero detenido hace tres meses, se despliegan en paredones, lunetas traseras de autos y vidrieras de comercios. Sus afiches y grafitis conviven con la clásica cartelería de los candidatos, que, ley de lemas mediante, inunda cada rincón de este pueblo de 17.000 habitantes, en el norte de la provincia de los Kirchner. Lo único que parece no estar en disputa aquí es el liderazgo de la Presidenta, que arrasó en las primarias con el 64 por ciento de los votos.
La convivencia de las dos campañas no es extraña: Las Heras, sede del mayor polo petrolero de Santa Cruz, está acostumbrada a lidiar con el conflicto. Sólo en los primeros seis meses de este año sufrió la toma de la municipalidad por un grupo de desocupados y una protesta docente que suspendió las clases 59 días y clausuró la entrada a los pozos de petróleo por más de un mes.
El reclamo, al que se plegó un grupo de petroleros que tomó una planta de YPF, provocó el cierre de comercios por la caída de la actividad, atrajo a las tropas de la Gendarmería y puso a la provincia al borde del colapso financiero. Sólo comparable con la conmoción que se vivió en 2006, cuando el gobernador Sergio Acevedo debió renunciar tras una protesta gremial frente a la comisaría de esta ciudad que terminó con el asesinato del policía Jorge Sayago.
"Las Heras es una ciudad muy especial. La gente está acostumbrada a reclamar por lo que le corresponde y acá no se resuelve nada a través del diálogo", dice Juan Acosta, un delegado petrolero que acaba de salir en libertad tras 70 días de arresto. Su rostro, el de alguien que parece haber vivido más que sus 27 años de edad, aún puede verse en los afiches de la campaña paralela, en la que comparte cartel con el "picante" Oñate. Este último sigue encerrado en una cárcel de Perito Moreno, a 174 kilómetros.
Los dos están acusados de haber golpeado a trabajadores que querían acceder a sus puestos durante el copamiento de la planta de YPF. Fueron detenidos por el juez Eduardo Quelín, blanco de gran parte de los cuestionamientos de los gremios. Reacio al contacto con la prensa, el magistrado inauguró en 2008 una política de mano dura contra los piquetes: en tres años, detuvo a nueve manifestantes y procesó a unos cien.
El número distingue a Las Heras del resto de las ciudades del país. Pero no es la única cifra por la que la localidad se hizo conocida: luego de que 27 adolescentes se quitaran la vida a fines de los 90, el pueblo se ganó el mote de "capital nacional del suicidio". Aquí relacionan ese drama, hoy atenuado, con las duras condiciones de vida del pueblo, en el que el petróleo no trajo prosperidad para todos, sino mayores desigualdades.
Las Heras es un pueblo desangelado, de casas descascaradas, muchas sin cloacas, con mayoría de calles de tierra y escasos lugares de esparcimiento que no sean prostíbulos. Moulin Rouge, La Gota Fría, Ser Cool y Las Barbies son algunos de esos locales, con puerta a la calle y luces de neón, que superan en cantidad a los de cualquier otro rubro. Por las noches allí cruzan sus caminos petroleros solitarios que vienen a trabajar desde localidades vecinas y mujeres llegadas desde una tierra mucho más lejana y cálida: República Dominicana.
Otro de los procesados por Quelín es Juan Panichini, gremialista docente que encabezó el corte de ruta frente a la planta de YPF. Parado en el lugar del piquete, acusa al juez de responder al poder político. "El gobierno criminaliza la protesta. Quieren que el trabajador tenga miedo para que no reclame", dice, delante de una pintada en la que aún se lee: "No volveremos a las aulas derrotados". Aunque finalmente regresaron a las escuelas sin el aumento que reclamaban, Panichini advierte que las medidas de fuerza podrían volver después de las elecciones.
Las críticas de los gremios apuntan al gobernador Daniel Peralta y al intendente Teodoro Camino, ambos kirchneristas, pero, en general, dejan a salvo a la Presidenta. El jefe comunal cree ver, sin embargo, una intencionalidad política en los reclamos que va más allá de las fronteras de la provincia. "No es lo mismo protestar en Santa Cruz que en el resto del país. Todo repercute de otra manera porque es la provincia de los Kirchner", afirma. Su despacho tiene, de un lado, un cuadro de Néstor Kirchner, y, del otro, uno de la Presidenta, también presente en la de fotos que el intendente usa como protector de pantalla. No es para menos: "Lalo", como le dicen aquí, cuenta que siempre se sintió un "soldadito" del ex presidente. Aunque conoce a varios docentes procesados -antes fue preceptor-, Camino elogia la tarea del juez Quelín. "Los tres poderes del Estado hemos actuado con fortaleza y de acuerdo con la ley. El que protesta sabe que va a ser castigado", dice, y sostiene que el 70% de los vecinos apoya al magistrado.
El intendente reconoce las falencias en materia de infraestructura y admite que durante su gestión no pudieron avanzar en obras, porque "los recursos de coparticipación se definen por población y no por cercanía a los pozos petroleros". Pero afirma que su prioridad fue apuntalar la cultura, la educación y el deporte para reparar la ruptura del tejido social. "Los petroleros trabajan mucho, y los chicos se crían casi solos. No es que seamos todos forajidos, pero la gente acá es más dura", advierte.
En busca de su primera reelección, "Lalo" es parte de la otra campaña, la electoral. Pero no es el único: con ley de lemas para cargos municipales, sólo el Frente para la Victoria tiene cinco candidatos a intendente y 14 listas de concejales. A lo largo de cuatro cuadras de la avenida Perito Moreno, no hay esquina sin pasacalle y en cada poste de alumbrado hay hasta cuatro carteles de candidatos, ubicados uno arriba del otro. Esa batalla alcanzó su punto más caliente la semana pasada con la detención de un kirchnerista disidente, acusado de intentar incendiar un local partidario del jefe comunal.
José Carambia es uno de tres postulantes a intendente de la Concertación, el frente que encabeza como candidato a gobernador el radical Eduardo Costa. Acusa a Camino de estar "ausente de los conflictos", y dice que "sólo actúa como delegado del gobierno". Fuera de su búnker electoral, un cartel invita: "Si querés un cambio, tocá bocina".
Sin ponerse de acuerdo sobre qué dirección tomar, oficialistas y opositores coinciden en que la ciudad debe cambiar. Lo mismo piden los protagonistas de la campaña paralela.
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