Dos años de freno a la extinción de dominio

Un tuit de Mario Negri intentó volver a encender la mecha. Pero difícilmente cambié el panorama. El proyecto de ley de extinción de dominio, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, duerme en los cajones del Senado y perdería estado parlamentario antes de ver la luz.

"En 3 días se cumplen 2 años desde que en Diputados aprobamos la ley de #ExtincionDeDominio que nos permitirá recuperar lo robado por la corrupción . ¡Pidamos al Senado que la trate ya que a fin de año pierde estado parlamentario!", escribió anteayer Negri, el jefe del interbloque de Cambiemos en Diputados en su cuenta de Twitter.

En rigor, el plazo para que el Senado debata el tema con posibilidad de convertirlo en ley vence en febrero del año que viene. Sin embargo, más allá del calendario, el problema tiene que ver con que en la Cámara alta, ni el oficialismo, más allá del enérgico pedido de Negri, ni la oposición, tienen voluntad de avanzar.

El 24 de junio de 2016, la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley que prevé que el Estado pueda apropiarse y disponer de los bienes y activos obtenidos a través de la comisión de un delito. El proyecto fue entonces rechazado por el kirchnerismo y la izquierda con el argumento de que, de aprobarse, la ley sería declarada inconstitucional porque el decomiso de los bienes se podrá aplicar sin condena firme de su propietario.

El mismo reparo planteó la oposición cuando la iniciativa pasó al Senado. Sin embargo, después de un debate arduo, el oficialismo y el PJ llegaron a un acuerdo y firmaron un dictamen en el que se establecía el acto de procesamiento o la elevación a juicio oral del encausado como el punto de partida para el proceso de decomiso. El proceso ya no recaería en un juez civil, sino en uno penal. Además, la acción quedaba en manos de la Procuración del Tesoro y ya no del Ministerio Público Fiscal.

Pero más allá de aquel acuerdo de noviembre de 2016, pasaron los meses, el dictamen perdió validez con el recambio legislativo y el tema nunca llegó al recinto. Nada hace pensar que esa quietud vaya a modificarse en el corto plazo.

"No logramos avanzar en un compromiso de los diputados de que aceptarían los cambios que propusimos en el dictamen. Estamos dispuestos a discutir alternativas, pero necesitamos un acuerdo para asegurarnos de que no se apruebe una ley que sea tildada de inconstitucional", argumentaron desde el bloque del PJ.

Además, acusaron a los diputados, en particular los del massismo, de "moverse según el humor social" y de haber impulsado "un proyecto que afecta el derecho a la propiedad" empujados por la "demagogia punitiva".

En las filas del Frente Renovador, que fue el principal promotor del proyecto en Diputados, no disimularon la bronca y apuntaron contra oficialistas y peronistas por igual. "El tema no se trató porque ni el Senado ni el Poder Ejecutivo tienen vocación de hacerlo", disparó la jefa del bloque massista en la Cámara baja, Graciela Camaño. "¿De qué derecho de propiedad me hablan? ¿Del de los ladrones, los narcos y los tratantes de personas?", se despachó. Y completó: "Acá el tema es que quieren sacar los delitos de corrupción del mapa. Que manden lo que tengan que mandar, pero que incluyan todos los delitos federales", completó.

La media sanción de Diputados prevé que la extinción de dominio es aplicable ante delitos de corrupción, contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, terrorismo, asociación ilícita, secuestro extorsivo, prostitución y pornografía infantil.

El senador de Cambiemos Federico Pinedo presentó un proyecto alternativo que mantiene el fuero civil como la vía para iniciar un decomiso, tal como aprobó Diputados, pero exige mayor nivel de avance en la investigación para poder ponerlo en marcha.