Dos fiscales buscan que la Casación revise el fallo que benefició a Rodríguez Larreta y Dietrich por la obra del Paseo del Bajo

El fiscal general adjunto, José Luis Agüero Iturbe, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, interpusieron un recurso de Casación para que el máximo tribunal penal del país revise el fallo que confirmó los sobreseimientos de Guillermo Dietrich y Horacio Rodríguez Larreta por las licitaciones de la obra Paseo del Bajo.

Este expediente fue cerrado en 2019 por el juez Claudio Bonadio y la decisión fue confirmada el mes pasado por la Cámara Federal, en respuesta al recurso de apelación de la fiscal Alejandra Mángano. Los jueces de la Cámara Federal ahora deberán evaluar si el recurso es admisible para que, en ese caso, la Cámara de Casación dirima la disputa.

Para los fiscales, el fallo firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens el mes pasado, es “una decisión contraria a derecho, por resultar prematura, apartarse de las constancias recolectadas y no se pronuncia sobre las líneas investigativas pendientes, algunas de las cuales fueron señaladas expresamente por este Ministerio Público Fiscal en oportunidad de acusar y luego apelar”.

La acusación señalaba que se había direccionado la licitación del tramo más caro de la obra (a un precio más alto del que supuestamente correspondía) para favorecer a la firma IECSA, que entonces pertenecía a Ángelo Calcaterra, que había integrado una unión transitoria con la empresa Fontana Nicastro y que es primo de Mauricio Macri.

Según la denuncia, a través de “circulares inconsultas” libradas por AUSA, se modificó el orden de apertura de los sobres que contenían las ofertas formuladas por cada empresa para definir cuál de las oferentes se quedaría con cada tramo de la obra. Había tres tramos, A, B y C, este último, el más costoso.

Los fiscales Aguero Iturbe y Rodríguez ratificaron que de esa forma se direccionó la licitación pero apuntan, además, a la incorporación de las obras civiles del llamado “RER” y la remoción y relocalización de un gasoducto, que fueron otorgadas a la firma Cartellone con un monto extra a favor de IECSA, pese a que Cartellone no era un proveedor certificado por Metrogas.

Además, con duros cuestionamientos tanto al trabajo de Bonadio, como al fallo firmado por los camaristas federales, los fiscales dijeron que no se investigó en profundidad la existencia de un perjuicio al Estado ocasionado por las maniobras. Pidieron que se ordenen numerosas medidas de prueba para continuar con la investigación.

El presupuesto de la obra fue de $8700 millones, solventados en un 43% con fondos de la Ciudad de Buenos Aires y en un 57% con fondos nacionales, provenientes estos de un préstamo de hasta U$S 400.000.000 otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF).

La causa tuvo su origen en una denuncia del abogado Fernando Míguez, un frecuente denunciante en los tribunales federales, pero la PIA también aportó una investigación al expediente. El informe de la PIA estaba basado en un estudio de la Auditoría General porteña, entonces a cargo de Cecilia Segura, actual legisladora del Frente de Todos.

Bonadio sobreseyó a Rodríguez Larreta y a Dietrich sin haberlos indagado. En su defensa, los funcionarios habían presentado escritos ratificando que los procesos habían sido transparentes. Bonadio había considerado que no fueron detectadas irregularidades en los procesos licitatorios y que los imputados no habían incumplido sus deberes como funcionarios públicos.

Con el fallo firmado el mes pasado por Llorens, Bruglia y Bertuzzi también fueron sobreseídos el director general de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), Carlos María Frugoni; el exministro de Desarrollo Urbano y Transporte porteño Franco Moccia y la jefa de compras de AUSA, Natalia Bustos, que firmó las licitaciones.

Por Candela Ini

• Obra pública

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