Dos fiscales acusan al juez Federico Villena de favorecer a una hija de Hugo Moyano con la restitución irregular de casi medio millón de dólares

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quedó en el centro de una tormenta, este lunes, luego de que el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y una fiscal federal de esa jurisdicción, Cecilia Incardona, solicitaron que lo investigue el Consejo de la Magistratura por su presunto mal desempeño como magistrado.

Iglesias e Incardona sostuvieron que el juez Villena se extralimitó en sus funciones y actuó por fuera de la ley con el solo fin de beneficiar a una de las hijas del líder del gremio de los camioneros, Hugo Moyano. ¿Cómo? En plena feria judicial, la sobreseyó y le devolvió casi medio millón de dólares y 600.000 pesos que se encontraban congelados desde hace más de dos años en una causa de narcotráfico que tramita en otro juzgado, no el suyo.

Los fiscales presentaron un recurso de nulidad ante la Cámara Federal de La Plata, aunque Moyano ya recuperó ese dinero, que estaba sujeto a una pesquisa por eventual lavado de activos en la que todavía estaba por determinarse el origen y legalidad de esos fondos.

Consultado por LA NACIÓN, Villena rechazó la acusación: "Resolví conforme a derecho y, llegado el caso, será el Consejo de la Magistratura el que deberá analizar mi actuación, que fue justa y acorde a derecho".

Para el abogado de Karina Moyano, José Manuel Ubeira, en tanto, los fiscales plantearon la nulidad de lo decidido por el juez Villena solo porque su clienta es la hija del líder de Camioneros. "Existe una sola razón: No se trata de Karina ‘X’, es Karina Moyano", argumentó, para luego equiparar a su defendida con las víctimas de los 70: "¿Qué es lo que pretenden los apelantes? ¿Otro caso mediático? ¿Sumar más luces a costa de los derechos de mi clienta por portación de apellido? Esta situación me remonta a la época de la dictadura".

La historia de la causa

El contrapunto tiene como epicentro una investigación por narcotráfico que comenzó en 2018, delegada en los fiscales Incardona e Iglesias, y que derivó en una serie de allanamientos y detenciones en septiembre de ese año. En aquel momento, el juez Villena estaba a cargo del juzgado 2 y ordenó, sin que mediara una petición, otro allanamiento en un domicilio vinculado a una detenida y que resultó la casa de Karina Moyano, donde encontró US$436.670 y $600.000 que quedaron congelados, sin disponer nuevas medidas de prueba ni investigar el origen de los fondos.

Meses después, cuando Juan Pablo Augé quedó al frente del juzgado y Villena fue al juzgado 1, la defensa de Moyano pidió la restitución del dinero, lo que Augé rechazó porque seguía sin acreditarse el origen de los fondos y la investigación se encontraba en pleno trámite. Moyano no apeló.

El mes pasado, sin embargo, transcurrido más de un año y medio desde su anterior presentación, cuando Augé se encontraba de vacaciones y mientras Villena subrogaba su juzgado, el abogado de los Moyano, Daniel Llermanos, pidió el levantamiento de la feria judicial y, sin aducir razón alguna de urgencia, pidió el sobreseimiento de Karina y la devolución de los fondos.

Los ejes de la denuncia

En un escrito de 13 carillas, sin embargo, los fiscales resumieron la premura con la que, a partir de ese momento, actuó el juez Villena en los últimos días de la feria judicial, entre el martes 26 y jueves 28 de enero pasado, antes de que el juez Augé retomara el expediente. De acuerdo con los fiscales:

• Villena "habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas" en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional "y le imprimió el veloz trámite de tres días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia", fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que luego el mismo juez no respetó;
• También "dictó la resolución de sobreseimiento de una persona, sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso";
• Dictó la resolución "sin oír" al Ministerio Público, "pese haberle corrido vista, estando en conocimiento expreso" de que los fiscales estaban "estudiando el caso"; y
• "Ordenó la restitución del dinero secuestrado previo a notificar lo resuelto" a los fiscales, "tornando ilusorio cualquier recurso contra aquella decisión".

Esa restitución ocurrió el 28 de enero, cuando Villena firmó una resolución por la que sobreseyó y devolvió el dinero a Moyano. El juez sostuvo "que se ha profundizado la pesquisa, y transcurridos al menos dos años y cuatro meses desde que se materializó el allanamiento indicado en el domicilio de Karina Eva Beatriz Moyano, no existen elementos de prueba que permitan vincularla con la hipótesis criminal materia de investigación en estas actuaciones".

Un fallo a ciegas

Pero para los fiscales, la decisión de Villena debe ser declarada nula por la suma de presuntas irregularidades que cometió y que lo llevaron a tomar una decisión "desprovista de sustento". ¿Por qué? Por su "desconocimiento de las constancias y trámite del expediente", derivado de algo tan básico como que tomó esa decisión sin haber tenido "nunca" el expediente en sus manos. "No poseía el legajo, ni sus constancias se hallaban digitalizadas en el sistema".

Para el otro abogado de los Moyano, Ubeira, "la actitud [de los fiscales] recuerda las admoniciones de legisladoras y periodistas que públicamente sostenían que si un juez no procesaba a tal o cual Moyano era deshonesto. La sola difusión en el ámbito tribunalicio procura estrépito. ¿Se pretende disciplinar a los jueces que tengan el coraje de interpretar la ley de manera objetiva y justa?", sostuvo.

La explicación de Villena

Ante la consulta de LA NACION, Villena reafirmó su decisión. "¿Puede mi decisión ser atípica o inusual para una feria judicial? Puede ser. ¿Es justa? Sí. ¿Es legal y acorde a derecho? También", insistió.

Para los fiscales, sin embargo, la decisión de Villena debe anularse y la Cámara Federal de La Plata y el Consejo de la Magistratura deben evaluar su desempeño. "La precipitada resolución adoptada por el magistrado de feria, quien, sin ser el juez de la causa y sin que mediase una situación de urgencia atendible, resolvió sin contar con todos los antecedentes del caso, sin la intervención del Ministerio Público, apartándose de la dirección que se había impreso al proceso y empleando una justificación meramente aparente, son elementos suficientes para dotar de sustento al pronunciamiento que por el presente impulsamos", afirmaron en su denuncia.