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Eduardo Casal le pidió a Milei una norma urgente para que los fiscales puedan actuar ante el máximo tribunal porteño
El procurador general advirtió que, tras el fallo Levinas, los fiscales nacionales deben actuar ante el máximo tribunal porteño, pero no tienen habilitación legal para hacerlo; también advirtió sobre la falta de recursos y las vacantes en el organismo
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El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió al Gobierno una solución urgente para evitar que un vacío legal les impida a los fiscales actuar en determinadas causas. Reclamó una ley o un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para resolver el problema generado por el fallo “Levinas” de la Corte Suprema.
A partir de esa sentencia, las causas que tramitan ante la justicia nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires deben pasar por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño antes de llegar a la Corte Suprema. Pero los fiscales nacionales no están legalmente habilitados para actuar ante un tribunal de otra jurisdicción.
El jefe de los fiscales reveló que la Procuración solicitó formalmente al Poder Ejecutivo, el 19 de mayo, una norma transitoria que los habilite a intervenir ante el máximo tribunal porteño hasta que se complete el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad.
Su exposición fue ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación del Congreso. La comisión, presidida por el diputado Sebastián Galmarini, de Unión por la Patria, recibió a Casal y a sus colaboradores para analizar el informe anual de gestión del Ministerio Público Fiscal y abordar el impacto del fallo Levinas y de la nueva ley laboral.
“Después de cinco años, la Comisión vuelve a funcionar para garantizar que la independencia del Ministerio Público no se confunda con ausencia de rendición de cuentas ante la ciudadanía”, sostuvo Galmarini.
El reclamo de Casal
La situación, según Casal, se volvió todavía más urgente después de que la reforma laboral impulsada por el gobierno libertario y sancionada en marzo de este año recogiera el criterio del fallo Levinas. “Tuvo una consagración legislativa”, dijo el jefe de los fiscales.
Tras ello, el procurador general exigió a Milei el dictado de una norma transitoria para subsanar el vacío legal.
Casal subrayó que el conflicto ya tuvo consecuencias concretas. Relató que un fiscal debió recurrir una decisión liberatoria que consideraba arbitraria en una causa por femicidio. Ante la ausencia de una solución normativa y para no perjudicar el ejercicio de la acción penal, la Procuración decidió avanzar igualmente tras la presentación de un recurso.
“Tenemos una responsabilidad fundamental, que es hacer efectiva la justicia penal y no perjudicar el ejercicio de la acción. Mientras esto no se resuelve, vamos a seguir interponiendo los recursos”, afirmó Casal.
El procurador interino sostuvo que existe una “verdadera razón de urgencia” porque hay causas y plazos procesales en curso y cualquier cuestionamiento sobre la capacidad legal de los fiscales para actuar ante el TSJ podría comprometer su intervención. “La sanción de una norma transitoria hasta que este proceso se complete -el traspaso de la justicia nacional ordinaria al fuero porteño- solucionaría muchas cosas”, resumió.
Vacantes y recursos
La advertencia por Levinas no fue el único reclamo de la Procuración. Durante la reunión, las autoridades del Ministerio Público también alertaron sobre las vacantes, la pérdida de poder adquisitivo de su presupuesto y la falta de recursos para afrontar la implementación gradual del sistema acusatorio, que coloca las investigaciones penales en cabeza de los fiscales y acelera los plazos procesales.
Juan Manuel Casanovas, el secretario de la Procuración, graficó la desigualdad de recursos entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Según detalló, en el ámbito federal existen 380 jueces frente a 222 fiscales. La brecha es todavía mayor en términos de personal: los juzgados cuentan con alrededor de 9300 empleados, mientras que el Ministerio Público tiene unos 2500.
También remarcó la cantidad de vacantes. Según informó, hay 160 cargos sin cubrir considerados necesarios para implementar el sistema acusatorio. De ellos, 43 ya tienen ternas elevadas, 82 están en concurso y 35 todavía deben ser llamados a concurso.
“Nosotros arrancamos, en términos mundialistas, perdiendo dos o tres a cero”, afirmó Casanovas sobre la brecha con el Poder Judicial de la Nación.
Casanovas sostuvo que la Procuración pudo avanzar hasta ahora con el nuevo sistema “gracias a una gestión muy austera”, pero advirtió que necesita más recursos para sostener sus nuevas responsabilidades.
Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, precisó que el presupuesto del organismo perdió un 47% de poder adquisitivo en dos años: un 44,7% en 2024 y otro 3,3% en 2025. Advirtió que ese deterioro coincide con la implementación del sistema acusatorio, que exige mayores recursos humanos, tecnológicos y edilicios, además de equipos multidisciplinarios.
Como ejemplo, señaló que funciones periciales que en materia penal estaban a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte pasarán al Ministerio Público. “Nosotros tenemos un médico y, con suerte, a veces conseguimos otro para poder atender los desafíos”, afirmó.
Durante la rendición de cuentas, Olima repasó los principales hitos de la gestión 2024-2026. Entre ellos destacó la implementación gradual del sistema acusatorio, la modernización y despapelización del organismo, la estrategia contra el crimen organizado, la regulación del uso de inteligencia artificial y la creación de un canal único para garantizar la trazabilidad de la información proveniente de los organismos de inteligencia.
También se refirió a la relación con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “Frente a la historia propia de la Argentina”, explicó que la Procuración estableció un canal único para el ingreso de información de inteligencia al Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de garantizar su trazabilidad y evitar intercambios desagregados con las fiscalías.
Según detalló, toda información proveniente de inteligencia debe ingresar por la Secretaría de Coordinación Institucional, que la deriva al fiscal o a la fiscalía especializada correspondiente y registra su recorrido hasta una eventual judicialización. “El día de mañana no debería aparecer una causa penal en donde digan: esto se inició por información de inteligencia, sin trazabilidad”, sostuvo.
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