El cese de las policías locales enfrenta a Vidal con intendentes

Un nuevo frente se le abrió a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal . Tras su decisión de no abrir más vacantes para las policías locales que había inaugurado su antecesor Daniel Scioli , un significativo número de intendentes de los grupos Fénix y Esmeralda y del interior provincial objetaron la medida y sostienen que quedarán desprotegidos ante la inseguridad.

Algunos, incluso, reclaman que esos efectivos pasen a la órbita de cada municipio y no dependan más de la provincia. Días atrás, 33 jefes comunales enviaron una misiva a la gobernadora y pidieron fijar fecha para una reunión, que aún no fue confirmada. La Gobernación aseguró que los efectivos que hay son suficientes para cumplir sus tareas y que muchos realizaban trabajos que no se correspondían con sus obligaciones.

Concretamente, hoy hay 22.600 efectivos locales -los de uniforme azul eléctrico- distribuidos proporcionalmente en 82 de los 135 municipios de la provincia. Son casi el doble de los que había en diciembre de 2015, 13.200. ¿Qué pasará con los efectivos que ya están en las calles? De a poco irán ingresando a los centros de capacitación donde antes funcionaban las escuelas de esta policía para mejorar y actualizar su formación; no se darán de baja los efectivos que ya están en la calle, pero tampoco egresarán más. Algunas escuelas se cerrarán. Según el último dato disponible, había 4000 docentes asignados a estos centros.

"Es una decisión que debería reverse. Las policías locales sirven y mucho. En Merlo teníamos asignados 400 y por el momento sólo se graduaron 250. Es decir que estos 150 restantes no nos llegarán si se corta el programa. Además, habíamos armado una academia con dinero del municipio, que quedará en desuso", dijo a LA NACION Gustavo Menéndez (FPV), el intendente de Merlo.

Los motivos de que se haya detenido el programa de formación de estos policías son varios. Por un lado, según dijo a LA NACION el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, es porque "se busca sumar calidad antes que cantidad" y la formación y competencias de los efectivos locales no alcanzan para nutrir los cuerpos más exigentes de la provincia, como el Grupo Halcón, caballería o inteligencia. Por ello se destinarán más recursos a capacitar a los efectivos.

Además, en el ministerio detectaron irregularidades tanto entre los policías como en el uso que los municipios hacían de ellos. "Cuando reingresaron a la escuela de formación (se extendió su capacitación de 6 a 9 meses) nos encontramos con muchos que sufrían problemas psicológicos o que incluso no sabían disparar", explicó Ritondo.

Por otro lado, según el ministro, muchos jefes comunales hacían un uso incorrecto de los uniformados: los tenían de choferes y de custodia cuando alguna figura visitaba el municipio o los involucraban en eventos privados. Además, varios de los efectivos fueron denunciados en causas de corrupción o bandas criminales.

El año pasado, según cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense, se destinaron $ 2600 millones en chalecos antibalas, armas, patrulleros y en extender y mejorar la red del 911. Además, se les asignó a los municipios un capital de $ 3000 millones. En el caso de las policías locales, la provincia financia los uniformes, las armas, los salarios y los servicios de comunicación. "(Los intendentes) recibieron suficientes recursos, hay que ver en qué los gastaron. Este reclamo es puramente electoral", cuestionan fuentes de la cartera de Ritondo.

"Nos oponemos a esta medida y no es un posicionamiento electoral. A nosotros nos sirven mucho, son chicos nacidos y criados acá que conocen la zona. Son una fuerza de proximidad, que interactúa con vecinos y turistas", se quejó el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona (FPV).

Las policías locales fueron una iniciativa del anterior ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados y un caballito de batalla contra el reclamo por la inseguridad del que se valió Scioli. LA NACION consultó a Granados, quien prefirió no responder el pedido. Los efectivos comenzaron a tener presencia en la calle en marzo de 2015 y el programa estaba destinado a municipios con más de 70.000 habitantes y a aquellos que lo solicitaran explícitamente.

Santa Cruz: deuda bajo la lupa

RÍO GALLEGOS.- El juez federal Julián Ercolini deberá investigar la denuncia penal que indaga sobre el destino de los $ 4430 millones que en 2015 la presidenta Cristina Kirchner giró a Santa Cruz como adelanto financiero. Este monto hoy representa el 70% de la deuda que la provincia mantiene con la Nación. La denuncia, realizada en tribunales federales, apunta al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, al ex ministro de Economía Axel Kicillof, al ex gobernador Daniel Román Peralta y a la actual gobernadora de la provincia, Alicia Kirchner. El empréstito fue aprobado en 2016 por mayoría simple y cuestionado por inconstitucional por la oposición. Días pasados, Peralta aseguró que de esos fondos 1340 millones de pesos fueron enviados a Santa Cruz el último día de gobierno de Cristina Kirchner. La provincia emblema del kirchnerismo está en una situación crítica.

Aclaración

Pablo Micheli, titular de la CTA Autónoma, aclaró que no participó de una comida con Máximo Kirchner y sus colegas Hugo Yasky, Roberto Baradel y Gustavo Rollandi, como se consignó por error en la edición del jueves pasado.