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El clima en Vicentin: de la bronca a un futuro incierto
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CORRESPONSAL EN ROSARIOGermán de los Santos
AVELLANEDA, Santa Fe.– Las puertas deVicentin, en la calle 14, en Avellaneda, en el norte de Santa Fe, donde desde principios del siglo pasado empezó como un almacén de ramos generales, quedaron selladas desde el martes, cuando estallaron las protestas, con un rosario que puso uno de los empleados en la entrada principal y que nadie luego se animó a retirar.
El subinterventor, Luciano Zarich, entró el jueves después del mediodía, cuando esta ciudad de 25.000 habitantes empezaba a quedar desierta, por el garaje del edificio, custodiado por policías federales de civil, para tomar posesión de Vicentin. No era la idea inicial entrar por la puerta de servicio, pero esa concesión se hizo para evitar que se cristalizara una tensión palpable.
Esa tensión se había reflejado dos días antes, cuando los funcionarios nacionales no pudieron ingresar a la compañía cercada por vecinos y empleados.
Policías de civil tomaban los datos y medían la fiebre a una larga fila de empleados el viernes, el primer día hábil tras la intervención. La bronca inicial cuando apareció la palabra "expropiación" en boca del Presidente dio paso a otra realidad, cargada de incertidumbre y cierto temor por el futuro.
"Ya está. Esto es imposible de remontar", susurró uno de los miembros de la familia Vicentin al salir del edificio y dar por terminado este capítulo en la larga historia de una empresa familiar, que surgió del interior profundo de la Argentina y se transformó en los últimos 20 años en uno de los cuatro jugadores más grandes de la exportación de granos. Primaron la visión y la consigna que impuso Herman "Quito" Vicentin, hoy retirado, que camina por la plaza 9 de Julio, frente al lugar de las protestas: "Nunca hay que involucrarse en política", recuerda uno de sus descendientes en el directorio, algo de lo que se alejó la nueva generación que comanda la compañía.
El CEO Sergio Nardelli y su hermano Gustavo, presidente de Terminal Puerto Rosario, quien fue sondeado para ser candidato a gobernador en las últimas elecciones por Cambiemos, tienen otro perfil, con un estilo de vida distinto a sus antecesores, que quedó expuesto a fines de marzo pasado, cuando 15 días después de que la empresa entrara en convocatoria de acreedores, con una deuda de $99.000 millones –entre los que figura un crédito de $18.000 millones del Banco Nación–, fue aprehendido por la Prefectura Naval al violar el aislamiento, en el yate Champagne, que amarró en el riacho Paraná Viejo, frente a Rosario.
Las aspiraciones políticas de Gustavo Nardelli chocaron con Elisa Carrió, quien en octubre de 2018 le bajó el pulgar, tras presentar una denuncia judicial en el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario por supuesta evasión y contrabando de combustible en la zona portuaria del Gran Rosario. La exdiputada investigaba a Vicentin desde hacía tiempo.
Sin salir a la calle
Nunca en su historia los habitantes de Avellaneda y Reconquista salieron a la calle a protestar y ni siquiera a festejar por algo, recuerda con ironía el intendente radical Dionisio Scarpín, quien cree que se tocó un nervio de la identidad de esta región, que está ligada a la empresa.
Dos de las tres escuelas de Avellaneda no las construyó el Estado, sino la agroexportadora, que, incluso, pidió que una de ellas llevara el nombre de Roberto Vicentin. "Mis compañeros de colegio eran los hijos de los empleados", apunta uno de los directivos que vive en la ciudad y estudió en el colegio que lleva su apellido. "Avellaneda tuvo electricidad a partir de que la desmotadora de algodón generaba energía", agrega.
La palabra "expropiación" caló hondo en esta trama social, que se forjó en el norte de Santa Fe, de espaldas al Estado, que tiene representación en la ciudad vecina de Reconquista, separada por una calle. "Avellaneda siempre fue diferente. Acá nunca, desde el retorno de la democracia, pudo gobernar el peronismo", deslizó el secretario del Centro de Empleados de Comercio, Héctor Cucit.
En las primeras horas las críticas más agudas estaban dirigidas al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Los cuestionamientos recaían en que no había resistido la idea de la expropiación, siendo un dirigente oriundo de Rafaela, que siempre estuvo ligado a los sectores productivos.
Perotti, ausente en el anuncio que el Presidente hizo el lunes con la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, esperó varias horas para dar su apoyo, y con un extremo cuidado respaldó la intervención de Gabriel Delgado, pero sin hablar de expropiación. Nadie en el norte de Santa Fe percibió esa sutileza discursiva.
Horas después, el gobierno santafesino tuvo que negar que el ministro de la Producción, Daniel Costamagna, hubiera renunciado, luego de plantear su rechazo a la expropiación en una reunión en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Costamagna no se fue del gobierno por su cercanía a Perotti, señalaron fuentes del gabinete.
En la administración de Perotti no terminaban de digerir la situación, que los había tomado por sorpresa, como a la propia empresa, según admitieron sus directivos. El gobernador reapareció luego de mostrarse como un posible mediador, tras los contactos que Alberto Fernández mantuvo con Nardelli. En el gobierno creen que es posible un esquema de manejo público-privado, con un rol protagónico de las cooperativas que figuran entre los acreedores, como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), a la que Vicentin le debe 100 millones de dólares.
Tras la reunión en Olivos, el gobernador habló de "rescate" y no de una expropiación, que es un hecho y lo pone en problemas, no solo por el riesgo de perder respaldo en el sector productivo y agropecuario, sino por los cortocircuitos en la alianza peronista que lo llevó a la gobernación.
La historia social y económica de la región está íntimamente ligada a Vicentin. Desde que se oficializó la intervención, el enojo se transformó en incertidumbre, una sensación que estuvo ausente cuando el 4 de diciembre Vicentin oficializó que estaba en cesación de pagos.
"La empresa estaba en cesación de pagos, pero seguimos cobrando al día", apuntó Mario Solari, quien desde 1977 trabaja en la administración. Distinta fue la situación de los 700 operarios de las plantas de Ricardone y San Lorenzo, en la zona portuaria de Rosario, donde fueron suspendidos y cobraron durante dos meses un 70% del sueldo, según el titular del Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, Pablo Reguera.
La preocupación la tenían también los 2600 acreedores privados que figuran en la convocatoria abierta el 10 de febrero, luego de que Vicentin no tuviera espaldas para cubrir la corrida agropecuaria que se gestó cuando los corredores y productores empezaron a fijar el precio de la soja que habían entregado antes de la crisis que estalló tras las PASO del 11 de agosto y que derivó en un incremento de las retenciones.
