El desalojo de la toma de PepsiCo terminó con 15 policías heridos

Unos 500 efectivos de seguridad desalojaron ayer a la mañana la planta de PepsiCo , en Vicente López. El breve enfrentamiento dejó un saldo de 15 policías y varios manifestantes y periodistas heridos. La maniobra provocó un tibio rechazo de la CGT, mientras que la izquierda anunciará hoy un plan de lucha. El Gobierno, en tanto, defendió el accionar policial con el argumento de que había sido ordenado por la Justicia.

Ayer por la mañana se concretó finalmente el desalojo de la planta que venía anunciándose hace días, y que una veintena de trabajadores había tomado el 26 de junio pasado luego del cierre de la fábrica. Alrededor de las 4.30, efectivos de Gendarmería, Infantería y policía bonaerense fueron cercando el lugar.

Entre las 7.30 y las 8, Infantería avanzó sobre los trabajadores y miembros de organizaciones sociales y sindicales que estaban en el lugar. El enfrentamiento directo no duró más que unos minutos.

"Un comisario nos dijo que si no nos íbamos en cinco minutos nos sacaban y después avanzaron", dijo a LA NACION la candidata a legisladora por el FIT Myriam Bregman, que estaba en el lugar junto con otros dirigentes y algunos diputados.

Tres personas fueron detenidas en ese momento -y liberadas horas después- y varios periodistas terminaron rociados con gas pimienta.

Además, según informó el Ministerio de Seguridad bonaerense, hubo 15 efectivos heridos de levedad y una policía fue trasladada al hospital con una fractura expuesta de tibia y peroné producto de un piedrazo que lanzó un manifestante desde el techo de la fábrica. Es que hacia el final del desalojo, un grupo de trabajadores se apostó en la terraza del edificio.

"Las fuerzas de seguridad actuaron siguiendo todos los protocolos. Nuestro gobierno tiene como principio volver a la ley, eso significa que cuando un juez da una orden de desalojo hay que cumplirla", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa. La avanzada policial estuvo avalada por la orden de la jueza de Garantías de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty. La medida había sido solicitada por el fiscal de Vicente López Gastón Larramendi, quien consideró que el edificio estaba siendo efectivamente "usurpado".

Según pudo saber LA NACION, este sábado los trabajadores harán un plenario en la fábrica Donnelley, en Escobar, y un festival al día siguiente en la puerta de la fábrica. Además, el martes se llevará adelante una "jornada nacional de lucha" que incluiría cortes y una movilización a Plaza de Mayo para pedir por la reincorporación de los 536 desempleados.

La empresa, de todas formas, ratificó que no reabrirá la planta.

Este mediodía, los trabajadores darán una conferencia en el Congreso.

En solidaridad con los despedidos, ayer a media mañana, el ferrocarril Sarmiento había quedado paralizado luego de un corte de vías en la estación Haedo.

El secretario del gremio y hermano de uno de los triunviros de la CGT, Rodolfo Daer, aseguró que se agotaron "todas las instancias" para sostener los puestos de trabajo. "No se puede hacer nada mientras continúe esta política económica", dijo en diálogo con Radio Rivadavia. Daer fue quien negoció con la empresa las indemnizaciones de los despedidos. La comisión interna de PepsiCo, constituida en su mayoría por la Agrupación Bordó, de izquierda, rechaza de plano la negociación y demanda a Daer un paro.

En una conferencia de prensa, el triunvirato cegetista condenó la represión policial: prometieron un "documento crítico" y llamaron a una movilización en agosto.

El 20 de junio pasado, los 691 trabajadores de PepsiCo Vicente López fueron despedidos. La empresa decidió, por "cuestiones logísticas y de producción", trasladarse definitivamente a su planta en Mar del Plata; 155 de esos empleados fueron relocalizados, pero el resto quedó sujeto a aceptar o no las condiciones de indemnización. Hasta ahora, según la compañía, más de 400 tomaron este acuerdo. Sin embargo, los trabajadores denuncian que PepsiCo realizó un lock out y no presentó, como corresponde, el plan de crisis reglamentario antes de tomar esta medida. Fuentes del Ministerio de Trabajo desmintieron esta versión.

Para el fiscal hubo delito

Gastón Larramendi, representante del Ministerio Público Fiscal, aseguró a LA NACION que "están probados los delitos de usurpación, daños y amenazas". Además, agregó que en la planta había "riesgo ambiental".