El desenlace del caso del Pacto con Irán impacta en las otras causas contra Cristina

El desenlace del pedido de nulidad que realizó Cristina Kirchner en la causa por la firma del pacto con Irán va a ser determinante para el futuro de la mayoría de los casos judiciales que enfrenta la vicepresidenta (Los Sauces, Hotesur y Vialidad), e incluso puede irradiar sobre el caso de Oil Combustibles, contra Cristóbal López, que está en pleno juicio oral y eventualmente sobre la condena ya firme contra Amado Boudou por el caso Ciccone.

Esto es así porque Alberto Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner y también López en el juicio de Oil, cuestionó la intervención que tuvieron en el expediente del Pacto con Irán en diciembre de 2016 los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos de la Cámara de Casación penal al decidir la reapertura de este expediente, que estaba archivado por inexistencia de delito.

Beraldi sostiene que con el correr del tiempo se sabe, ahora, que Borinsky y Hornos visitaron a Mauricio Macri cuando era presidente en la Casa Rosada o en la Quinta de Oilivos e infiere que en esas reuniones se habló de la causa contra la vicepresidenta. Dice que tiene temor de que los jueces actuaran con parcialidad al reabrir el caso del Memorandum, en el que también votó en el mismo sentido la jueza Ana María Figueroa, más cercana al kirchnerismo. En el contexto de lo que considerada como todo el Estado organizado desde el macrismo para perseguir al kirchnerismo a como de lugar.

Y para colmo Beraldi, en el caso de Oil Combustibles había recusado al juez Hornos, cuando no se sabía de las visitas a Macri. En ese momento el abogado tenía la presunción de esos encuentros y había pedido que se proveyera como prueba un pedido de informes para ver si efectivamente habían existido, pero le rechazaron ese pedido y Hornos rechazó la recusación. Con esos elementos es que Beraldi sostiene que se ocultaron las visitas. En el caso Oil, la actuación de Hornos fue decisiva, pues su voto –y el de Eduardo Riggi- determinaron la detención de Cristóbal López.

Si los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini hacen lugar al pedido de nulidad en el caso del Pacto con Irán por la supuesta parcialidad de los jueces Borinsky y Hornos, esta decisión tendrá un efecto dominó en otros expedientes donde actuaron estos jueces de Casación, y los defensores tratarán de que esos casos nunca lleguen a juicio o se frustren los juicios en marcha. Así lo admitieron a La Nacion algunos letrados y especularon funcionarios judiciales que siguen lo que ocurre en el caso del Memorandum por si tiene consecuencias en sus procesos por corrupción.

En el caso del Pacto con Irán, resta que el 4 de agosto argumenten todos los acusados para reclamar la nulidad del caso, y que respondan las querellas, integradas por la DAIA y los familiares de las víctimas Luis Czyzewski y Mario Averbuch, representados por Tomás Farini Duggan y Juan Carlos Avila.

Y resta por supuesto la exposición del fiscal Marcelo Colombo. El fiscal consintió la audiencia del viernes, pero se mostró firme para cortar a los imputados, por ejemplo, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, cuando se apartaba del planteo jurídico. Primero reclamó en el chat del Zoom que compartían los jueces del tribunal y los abogados y, cuando tuvo margen, metió un bocadillo en la audiencia para llamarle la atención Mena. Esa firmeza preanuncia que su planteo en la próxima audiencia no sea concesivo, sino todo lo contrario.

Los jueces luego tendrán que decidir y si la sentencia manda anular, ese fallo podrá jugado por las defensas para buscar beneficios en otros expedientes.

El resto de las causas contra Cristina Kirchner donde podría impactar un fallo que declare nulo este caso son:

Vialidad: está en pleno juicio oral con una audiencia por semana que se realiza por Zoom. Se investiga a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita por favorecer a Báez con obras públicas en Santa Cruz. Está en juicio la vicepresidenta, Julio de Vido, José López y Lázaro Báez entre otros. Aquí intervinieron, confirmando los procesamientos, los jueces de Casación Hornos y Borinsky. En el juicio se está dando una pelea mano a mano entre la fiscalía a cargo de Diego Luciani y en estas semanas con un rol más activo su colega Sergio Mola y la defensa de Báez. El eje del debate ahora es el rol que tuvo la AFIP para investigar a Báez y si actuó de acuerdo con las normas o, al contrario. Se habla de las usinas de facturas truchas con la idea de que si se buscaba inflar gastos es porque había efectivo para blanquear producto de los sobreprecios en las licitaciones. Luego de este bloque de testigos están citados ex funcionarios y gobernadores santacruceños, pero como están imputados en otro tramo del caso, es probable que no puedan declarar. Y restan para cuando el debate sea presencial la declaración de Alberto Fernández, por su rol como jefe de gabinete, al igual que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, junto a Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina. Luciani se mantiene firme en su convicción de rechazar cualquier planteo de nulidad que venga de la mano de la causa del Memorandum, una decisión que será de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El caso terminará recién en el primer semestre del año próximo. Restan declarar unos 60 testigos y los planteos de a nulidad de Cristina Kirchner que están en la Corte, circulan entre las distintas vocalías.

Hotesur y Los Sauces: el caso está en la previa del juicio oral. Se está haciendo medidas de prueba y hay un peritaje en marcha. Acá se investiga a Cristina Kirchner por lavado de dinero junto a sus hijos Máximo y Florencia, integrantes de las sociedades que le dan nombre al caso. Se investiga el flujo de dinero que recibieron esas sociedades por parte de Lázaro Báez, en concepto de alquileres de habitaciones de hotel, y de Cristóbal López, por el alquiler de departamentos. Se estaría en condiciones en septiembre o en octubre para fijar fecha para el juicio, que recién se haría en 2022. Los jueces son Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grumberg. A Grumberg, cercano a Justicia legítima, le vence la suplencia el 30 de noviembre y luego debe sortearse a quien lo reemplace. Si se firma la resolución donde se fija fecha de juicio antes de fin de noviembre, Grumberg será juez del caso, aunque el proceso tenga fecha de inicio más adelante. La jueza Palliotti fue recusada por Beraldi, una decisión que está revisando la Sala I de Casación. La actuación de Borinsky y Hornos en esta causa fue hasta diciembre de 2016 y en temas sin la trascendencia que tuvo la reapertura de la causa del Memorándum o la detención de López. Los planteos de las defensas, en caso de buscar una nulidad, no tendrán tanto impacto.

El caso de los cuadernos de la corrupción, que es el otro expediente elevado a juicio contra Cristina Kirchner no está alcanzado por las consecuencias del pedido de nulidad en el caso del Memorandum.

En cambio, la onda expansiva si podría alcanzar el caso Ciccone, a pesar de que Amado Boudou ya fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión en una sentencia que confirmaron Borinsky y Hornos y finalmente dejó firme la Corte Suprema de Justicia. Boudou, ahora en arresto domiciliario vigilado con una tobillera, saldrá esta semana en libertad condicional. El Frente de Todos en el Congreso puso en vigor determinados artículos del nuevo Código procesal penal, en particular los que prevén la revisión de sentencias firmes. Pero no puso en vigor los artículos que regular el procedimiento a seguir. Por eso en la última reunión de superintendencia de la Cámara de Casación, el juez Alejandro Slokar propuso analizar el dictado de una normativa que permita tramitar estas revisiones de sentencia. Acaso la de Boudou sea una de ellas.

Por Hernán Cappiello

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