El Ejército promovió a oficiales sospechados
Dos caminos: por el tenor de su declaración en la justicia civil, el capitán (R) Correa Belisle afronta un Consejo de Guerra; en cambio, oficiales acusados de encubrimiento están en actividad y algunos fueron promovidos.
lanacionarTras la renuncia del conjuez Bruno Bonetti porque se le impidió investigar a fondo los encubrimientos del crimen del soldado Omar Carrasco, la causa recayó en el juez federal de Neuquén, Guillermo Labate.
Pero a Labate quizá no le sea fácil obtener la locuacidad de los oficiales, pues en el Ejército continúa un sistema asimétrico de premios y castigos que mantiene en actividad o asciende a oficiales sospechados de encubrir y se ensaña con el capitán Rodolfo Correa Belisle. Luego de pasar a retiro, el capitán afronta, a pedido del general Martín Balza, un Consejo de Guerra por "irrespetuosidad" al haber declarado en el juicio oral por el homicidio que "Balza miente".
Lo que parece una cuestión interna del Ejército hace al fondo del casoCarrasco. La sentencia que condenó como homicidas al subteniente Ignacio Canevaro y a dos ex soldados dejó muchas dudas, como afirma Bonetti en la entrevista adjunta. Cuando renunció, la causa hurgaba "hacia arriba" en la cadena de encubrimientos y amenazaba mostrar que habría otros homicidas, permitiendo así una revisión del caso.
Lo ocurrido con Correa Belisle podría asustar a otros militares, pues la justicia castrense lo amenaza con cuatro años de prisión por sus declaraciones como testigo y bajo juramento de decir la verdad durante el juicio por el crimen en elTribunal Oral de Neuquén.
En cambio, el Ejército iba a enviar al Senado los pliegos para el ascenso del teniente coronel Víctor Jordán, acusado de encubrimiento, aunque los retiró apenas asumió la causa el juez Labate, que aún debe indagarlo. Correa Belisle acusó a Jordán, hoy jefe de la Agrupación Apoyo de Inteligencia.
El mayor Guillermo Bracco, uno de los acusados de fraguar el hallazgo del cadáver oculto un mes en el cuartel de Zapala, ascendió a teniente coronel antes de su imputación.
A ese grado ascendió el mayor Martín Araujo, no imputado, jefe interino del hospital de la unidad cuyo personal pudo haber asistido clandestinamente al soldado.
También permanece en actividad el juez militar teniente coronel Raúl José. Bonetti lo procesó junto con Jordán, pero elTribunal Oral que juzgó el homicidio y juzgará los encubrimientos los desprocesó y ordenó volver a indagarlos.
Sin investigar
A José y a Jordán también se los acusó de querer sobornar soldados para que involucraran a los futuros condenados por el crimen. El juzgado federal de Zapala cerró esas causas en 1994 sin investigarlas.
A retiro pasaron los ex jefes de Zapala, tenientes coroneles Guillermo With (procesado) y Pedro Cerruti (imputado). Una fuente del Estado Mayor explicó que los ascensos obedecen a promociones naturales y que los pases a disponibilidad de imputados son potestad del comandante.
El capitán Eduardo Molli, acusado de participar en la aparición del cadáver, está en actividad. El sargento Mario Guardia, compulsivo golpeador de soldados y "posible autor principal del homicidio", según la requisitoria fiscal de los encubrimientos, fue condenado a seis meses de prisión menor y está en disponibilidad propuesto para una baja que aún no se concretó.
Con Correa Belisle y el mayor Manuel Gastaminza el Ejército fue más expeditivo y los pasó a retiro después de que acusaran a los altos mandos.
El jueves, en un texto presentado ante el juez Labate, Correa Belisle afirmó: "Vi a Inteligencia militar en el cuartel y las modificaciones que realizaban en las pruebas, informé el apoyo de Inteligencia a la cadena de encubrimiento, y fui interrogado por personal de Inteligencia durante doce horas. Todo esto y aún más lo declaré ante la justicia civil, y denuncié la mendacidad de Balza que negó las tareas de Inteligencia y la violación a la Ley de Defensa Nacional."
En el Estado Mayor aseguraron a La Nación que "no es cierto que el sumario obedezca a lo que declaró ante la justicia civil, eso sería grave".
Pero en el auto de prisión preventiva atenuada lo primero que hace el juez, teniente coronel Jorge Burlando, es imputarle su declaración ante elTribunal Oral, y agrega que allí, "en su condición de testigo, cometió la infracción", reiterándola ante el periodismo.
Consultada nuevamente, la fuente admitió el hecho: "Jurídicamente no se podían fraccionar sus dichos. Pero no se lo juzga por lo que dijo sino por cómo lo dijo."
El tema más urticante se elude en el punto siete de juez militar: "La ofensa al superior no hace necesaria la verificación de los motivos para faltarle el respeto".
Balza declaró por escrito durante el juicio por el homicidio que no envió a Inteligencia a intervenir en el caso. Sobre la base de más de diez testimonios, la sentencia le da la razón a Correa Belisle al señalar no sólo que Inteligencia intervino sino que "contaminó el juicio y tornó algunas conductas sospechosas para terminar invalidando pruebas que pudieron ser relevantes".
Jamás se sabrá qué pruebas "invalidó" ni a quiénes comprometían, y el Tribunalnunca dio a publicidad las respuestas de Balza ni ordenó abrirle un sumario por presunto falso testimonio.
"¡Encender grabadores!"
Los defensores de Correa Belisle denunciaron a Balza por falso testimonio ante Labate en una causa aparte del encubrimiento, donde el capitán estaba imputado y Bonetti le dictó una falta de mérito, luego anulada por elTribunal Oral.
Los dichos de Correa Belisle, confirmados por la Justicia, lo pondrán frente a un Consejo de Guerra que presidirá el general de brigada (R) Luis Warckmeister, quien presidió el que sesionó en Covunco en mayo de 1994 para condenar y destituir al subteniente Canevaro por bailar a sus soldados. Fue un juicio público para presentar en sociedad al presunto homicida, y aún se recuerda la orden de Warckmeister: "¡Periodistas, encender grabadores!" Luego, la Cámara de Casación lo anuló por graves vicios legales.
En su indagatoria militar Correa Belisle no declaró amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional. El teniente coronel Burlando lo procesó y arrestó en el acto.
Con los abogados Eugenio Zaffaroni y Alicia Oliveira, el capitán firmó un pedido para que el juez Labate asuma la causa militar, pues la presunta infracción se cometió ante la justicia civil al denunciar "hechos que consideré falsos cumpliendo mis obligaciones civiles y militares, que no son antagónicas. Es imposible que la justicia civil me imponga conductas que el Ejército considera faltas."
Sus abogados sostienen que la irrespetuosidad militar "es equiparable al derogado tipo del desacato".
Si el pedido no prospera, Warckmeister no ordenará al periodismo que encienda los grabadores. Según la fuente del Estado Mayor, es muy difícil que el proceso sea público.
"Jamás imaginé qué intereses enfrentaba"
Bonetti: el ex juez de los encubrimientos dice que renunció cuando le trabaron la investigación que podía chocar con la sentencia del crimen.
"Cuando acepté ser juez en la causa de los encubrimientos no tenía noción de los intereses que enfrentaba. Al avanzar encontré elementos para profundizar líneas de investigación que podían chocar con la sentencia que condenó por el homicidio al subteniente (Ignacio) Canevaro y a dos ex soldados. Tal vez alguno de ellos surgía como encubridor, no como asesino, aunque no puedo asegurarlo. Pero la fiscalía se opuso a esas líneas de investigación y resolví inhibirme", afirma Bruno Bonetti en una entrevista telefónica con La Nación.
Es la primera que concede tras renunciar, el 15 de septiembre, como conjuez de una causa que comenzaba a sacudir los cimientos de la cuestionada sentencia sobre el crimen, dictada por los miembros del Tribunal Oral de Neuquén, Eugenio Krom, Haidée Vázquez y María del Carmen Ingelmo. La sentencia, en lo que hace a los aspectos de derecho, fue ratificada por la Cámara de Casación.
Bonetti (31 años, una hija de uno y otro en camino) fue elegido en un sorteo entre los abogados de Zapala cuando el juez federal Rubén Caro adujo "violencia moral" ante las críticas y se excusó de intervenir en ese sumario que mantuvo semicongelado durante un año y medio.
La causa, hoy a cargo del juez federal de Neuquén Guillermo Labate, encerraba dos peligros. Al recorrer la cadena hacia abajo llegaría a los homicidas y demostraría si la sentencia era correcta o errónea. El otro peligro no era menos grave. Bonetti también se había propuesto recorrer la cadena "hacia arriba".
"Quizás al profundizar toqué niveles de poder que reaccionaron", agrega.
Bonetti llegó a procesar a un mayor médico y cuatro tenientes coroneles, dos de ellos un juez militar y un jefe de Inteligencia, ambos en actividad.
Pero el Tribunal Oral adujo vicios formales y anuló todos los procesamientos, menos el del teniente coronel (R) Guillermo With.
También anuló las faltas de mérito que dictó en favor del mayor (R) Manuel Gastaminza y del capitán (R) Rodolfo Correa Belisle, quienes denunciaron que Inteligencia encubrió.
El golpe final vino cuando el fiscal Luis María Viaut rechazó el informe del médico legista de la Policía Federal Alberto Brailovsky.
Como perito de la causa, Brailovsky, a quien se le impidió declarar en el juicio oral, determinó que Carrasco no recibió un golpe mortal, no agonizó 90 minutos sino entre 48 y 60 horas, y que tuvo atención médica clandestina. Es decir, que no se les murió a los tres condenados sino a los médicos militares del cuartel cuyos nombres proporcionó en el informe.
-¿Por qué aceptó el cargo?
-Pensé que podía hacer de otra forma las cosas que criticaba en la Justicia desde el otro lado del mostrador.
-¿Por qué renunció?
-Porque estaba limitado en la investigación que quería profundizar. Si permanecía, traicionaba mi principio de ir hasta el fondo. Como funcionario ajeno al poder se puede llegar hasta cierto nivel. Después, todo es inútil sin el apoyo de la estructura judicial.
-¿Quiénes le impidieron profundizar la investigación?
-La fiscalía. Había elementos para imputar más delitos a varios oficiales además del encubrimiento, que es excarcelable. Por ejemplo, privación abusiva de la libertad contra soldados que eran testigos en la causa del homicidio. Pedí a los fiscales que ampliaran la acusación en base a las nuevas pruebas, pero el fiscal Viaut resolvió que los militares no cometieron delitos. Rechacé su resolución por violar normas constitucionales. Viaut apeló al Tribunal Oral, que hizo la misma interpretación que él.
-¿El Tribunal Oral es parte interesada en la causa de los encubrimientos, donde funciona como tribunal de alzada?
-Es evidente que sí. Su sentencia tiene puntos grises y requería ahondar la investigación. Fue cuestionada, y pienso que el Tribunal debió apartarse de la causa de los encubrimientos por violencia moral, como hizo Caro, para permitir que se despejaran las dudas sobre la sentencia. Existía el riesgo de que en mi causa surgieran elementos que colisionaran con ella creando violencia en el Tribunal. Todos esperábamos grandeza moral y espiritual de los jueces. Habría sido más transparente que no intervinieran. Al resolver las apelaciones de mis procesamientos el conflicto se puso en evidencia.
-¿Por qué le anularon sus procesamientos?
-Dijeron que excedí la acusación fiscal o que indagué por delitos no requeridos por los fiscales. Me basé en la congruencia de los hechos de la requisitoria fiscal. En otros tribunales no habría merecido objeciones. Su interpretación de las normas es de un formalismo sorprendente.
-¿Lo presionó el Ejército?
-No en forma directa. Cuando estaba por investigar el hospital del cuartel y su personal me comunicaron que ellos harían una investigación administrativa. Ordené al general Balza que no adoptara ninguna medida, y cumplió hasta que me fui. Quise evitar una investigación paralela, como la que hizo el Ejército durante la causa del homicidio.
-Manuel Balboa, fiscal del Tribunal Oral, es otro de los fiscales de la causa. ¿Por qué incluyó en el expediente una grabación donde Balboa quiere entrevistarse con el teniente coronel With?
-Intentó hablar con With un día antes de indagarlo, y yo quise saber por qué. Sus razones no me convencieron ni a mí ni al defensor de With, y tuve que incorporarlo al sumario para informar a la Procuración General sobre una situación que creí irregular. La Procuración no respondió.
-¿Usted manejó una causa cautiva del Tribunal Oral?
-Hablo de mi labor, y puedo afirmar que actué con libertad sin ponerle límites a mi investigación. Cuando vi que estaba condicionada, me aparté para no convalidar esa situación. Quizás el principal obstáculo fue la completa independencia.
-La sentencia del crimen dice que Inteligencia entorpeció la investigación. ¿Llegó a la misma conclusión?
-Sí. Por eso procesé a los tenientes coroneles Víctor Jordán y Raúl José.
-¿Cómo se siente ahora?
-Como un padre obligado a abandonar a un hijo pequeño. No tuve más remedio, no quise traicionarme. Se avanzó en muchos aspectos.
-¿Cuáles?
-Pruebas, testimonios y peritajes que hay que seguir ahondando para esclarecer el hecho. Y quedaron en evidencia ciertas actitudes y personas. Y, también, que al querer profundizar se tocaban intereses.
-¿Por ejemplo?
-Compromisos de los que actuaron en el proceso por homicidio y que debieron dar un paso al costado.
La lucha de Brailovsky
Durante el juicio por el crimen, el Tribunal Oral de Neuquén no aceptó el testimonio del médico legista Alberto Brailovsky. Su hipótesis cambiaba el escenario y los protagonistas del crimen. A pedido de la fiscalía, Bonetti nombró perito de la causa de los encubrimientos a este legista que esclareció la muerte de Jimena Hernández. -¿Que pasó con Brailovsky?
-De su informe surge la hipótesis de la atención médica clandestina, que es necesario investigar, y surgen imputaciones a un médico militar que debería ser indagado. Los fiscales Luis María Viaut y Martín Barba impulsaron esta hipótesis junto con sus pruebas, pero luego la respuesta de Viaut, fiscal federal de Zapala, fue no investigar esa línea y cuestionar el peritaje. A todo eso, la sentencia del Tribunal Oral ordenaba investigar la eventual asistencia a Carrasco, y también otros posibles delitos además del de encubrimiento, a lo que Viaut también se opuso.
-¿Brailovsky sufrió presiones?
-Para allanar su participación tuve que recurrir al jefe de la policía Federal, donde trabaja el perito, pues en el departamento de Medicina Legal de esa fuerza ponían reparos a sus viajes a Zapala y luego cuestionaban sus tareas habituales.
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