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El FBI busca reconstruir desde adentro cómo operaba la AFA: cita a exjerárquicos y avanza sobre el circuito del dinero en EE.UU.
La investigación pone la mira en la estructura financiera y bancaria del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino
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Durante los últimos meses, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contactaron a exempleados jerárquicos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). ¿Objetivo? Reconstruir desde adentro -y bajo reserva- cómo funcionó la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la entidad que lideran Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, según reconstruyó LA NACION a partir de dos fuentes con conocimiento directo de esos movimientos.
Los investigadores del Departamento de Justicia mostraron especial interés en escuchar al otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA, Juan Pablo Beacon, quien durante años actuó como lugarteniente de Toviggino, y participó en operaciones por millones de dólares de la entidad de la calle Viamonte desde y hacia Estados Unidos.
Según la documentación obtenida y analizada por LA NACION, Beacon y Toviggino impartieron órdenes, coordinaron con los “cueveros” y empresarios involucrados, y llegaron a confeccionar algunas de las facturas apócrifas por “logística” y otros supuestos servicios que un puñado de empresas “fantasma” jamás proveyeron a la AFA, pero que sirvieron para extraer decenas de millones de dólares de la entidad, como reveló este diario en enero de este año.
Esa operatoria incluyó el uso de sociedades constituidas en Miami que solo existen en los papeles y recibieron fondos de empresas “intermediarias” que recaudan los ingresos internacionales de la AFA, como TourProdEnter LLC, del productor teatral Javier Faroni. El circuito concluía con el envío de parte de esos fondos a la Argentina a través de “cuevas” de la City porteña, que acercaban las “puntas” y entregaban el dinero en efectivo, mediante bolsos.
Aunque las razones de la ruptura que ofrecen Toviggino y Beacon resultan contradictorias, la relación entre ellos se quebró. Se sabe que ambos cruzaron acusaciones solapadas mientras circulaban versiones sobre supuestos intentos del segundo por “subastar” información sensible que habría despertado el interés de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
En ese contexto, según reconstruyó LA NACION, los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el Distrito Sur de Florida, intentaron localizar a Beacon y a otro exempleado de la AFA que reside en la Patagonia, entre otros “sujetos de interés”.
LA NACION procuró contactar a Beacon y sus allegados, pero al cierre de esta nota no respondieron.
Los fiscales y agentes del FBI también abordaron al empresario Guillermo Tofoni, con quien mantuvieron una reunión virtual hace dos semanas, mediante videoconferencia, según reveló LA NACION la semana pasada. Durante tres horas, los investigadores buscaron datos para evaluar si ciertas operaciones vinculadas a la AFA en Estados Unidos pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
Tofoni prefirió no confirmar ni desmentir esa reunión reservada desde Miami ante la consulta de este medio. Lo cierto es que los investigadores estadounidenses procuran reunir testimonios de personas con conocimiento directo del funcionamiento de la AFA durante la gestión de Tapia y Toviggino y, en particular, de TourProdEnter LLC, la sociedad de Faroni que administró el cobro de contratos comerciales de la entidad en el exterior.
Entre los posibles testigos, los investigadores del Departamento de Justicia también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o que intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los últimos años.
La investigación preliminar en Estados Unidos comenzó a gestarse durante 2025, con foco en las actividades de TourProdEnter LLC. En particular, los fiscales buscan reconstruir el recorrido de los fondos administrados por Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero estadounidense.
Los tres fiscales que intervienen en la pesquisa cuentan con experiencia en investigaciones por delitos financieros y corrupción internacional. Patrick Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos. Christopher Ting, incorporado recientemente a esa cartera tras desempeñarse en el estudio Latham & Watkins LLP, participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros. Michael Berger, por su parte, se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y llevó adelante, entre otros expedientes, el caso que concluyó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami.
LA NACION consultó formalmente al Departamento de Justicia sobre el estado de la pesquisa preliminar que desarrollan Gushue, Ting y Berger —una investigación que puede incluir requerimientos de documentación a bancos y empresas, además de entrevistas con personas con conocimiento directo o indirecto de las operaciones bajo análisis—, pero no obtuvo respuesta.
Desde la AFA, en tanto, también comenzaron a moverse en Estados Unidos. El denominado “embajador” de la entidad para América del Norte, Tomás Regalado, y el abogado penalista argentino Mariano Lizardo participaron en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia organizado por el Interamerican Institute for Democracy, en Miami, el miércoles pasado. Durante ese encuentro defendieron el respeto por la presunción de inocencia frente a las investigaciones en curso. “Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”, sostuvo Regalado.
Las cuentas de TourProdenterLLC
El interés del Departamento de Justicia coincide con la documentación bancaria que LA NACION reveló a fines de 2025 y principios de este año. Esos registros muestran que Gillette y Faroni —exlegislador bonaerense del Frente Renovador— movieron al menos cientos de millones de dólares a través de cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
A través de esas cuentas, TourProdEnter LLC administró al menos US$260 millones correspondientes a ingresos de la AFA, aunque —de acuerdo con los registros bancarios analizados por LA NACION— sólo una parte de esos fondos puede vincularse de manera directa con gastos operativos identificables de la entidad que preside Tapia. Otros US$57 millones fueron distribuidos entre distintas sociedades y beneficiarios sin una justificación económica para esas transferencias.
Entre transferencias fueron hacia sociedades que, según la documentación analizada por LA NACION, eran controladas por personas que, de acuerdo con registros oficiales, percibían planes sociales y residían en Bariloche o en la ciudad de Buenos Aires. También aparecen pagos dirigidos a dos sociedades vinculadas con Toviggino y su familia —SOMA SRL y Cabello SRL—, así como a la pareja del dirigente y a integrantes de la familia de un supuesto “guía espiritual” de la selección argentina. Esa documentación integra ahora el universo de operaciones que los investigadores estadounidenses buscan reconstruir mediante registros bancarios, contratos y testimonios.
La investigación periodística mostró que TourProdEnter LLC operó como vehículo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, canalizando cientos de millones de dólares provenientes de multinacionales como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones) durante los años en que la Argentina lidió con fuertes restricciones cambiarias y múltiples cotizaciones del dólar.
De acuerdo con el contrato que la AFA firmó con TourProdenter LLC, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y Gillette percibió el 30% de todos los ingresos internacionales de la entidad que preside Tapia, una vez descontados los impuestos, durante cuatro años. Además, cobró una comisión equivalente al 10% de los egresos vinculados con la logística de esas operaciones.
Ese contrato, junto con los movimientos registrados en las cuentas bancarias de TourProdEnter LLC y los testimonios que comenzaron a reunir fiscales y agentes del FBI, constituye parte del material que hoy analiza el Departamento de Justicia para determinar si existen elementos suficientes para dar un paso más.
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