El fiscal de Hotesur y Los Sauces reclamó a la Casación el comienzo urgente del juicio contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo

El fiscal Diego Velasco pidió a la Cámara de Casación que disponga el comienzo urgente del juicio oral y público contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por el caso Hotesur y Los Sauces, donde ambos están acusados de lavado de dinero.

El tribunal oral federal N° 5 a cargo del proceso, integrado por Juan Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, había rechazado ponerle fecha de inicio al proceso oral hasta que concluya un peritaje contable.

Ese estudio en trámite busca determinar si hay correlación entre el dinero que recibieron Lázaro Báez y Cristóbal López por sus contratos y negocios durante el kirchnerismo, con las transferencias que efectuaron a empresas de los Kirchner, ya sea mediante el pago de alquileres a la empresa Los Sauces, o contratando habitaciones hoteleras a Hotesur.

El fiscal general Diego Velasco presentó ante la Cámara de Casación un escrito donde denuncia lo que considera una maraña de rituales dilatorios y maniobras burocráticas que impiden el avance de la justicia en causas de gravedad institucional.

Velasco denunció que el presidente del tribunal, el juez Michilini, en connivencia con el recién integrado juez Fernando Machado Pelloni, aceleró los tiempos para emitir el rechazo un día antes de que la tercera jueza, Adriana Palliotti, regresara de una licencia.

Velasco tildó esta maniobra como “irregular” y constitutiva de un “fraude a la ley”, argumentando que al dictar el fallo sin el tribunal en pleno se buscó evitar una discusión jurídica enriquecedora y plural.

“Lamentablemente nunca conoceremos la posición de la Dra. Palliotti sobre la cuestión por cuanto el presidente del Tribunal en la causa decidió sacar la resolución tan solo un día antes del regreso de la tercera juez (...). Solo queda especular las razones que llevaron a que pese a las innumerables tardanzas de la jurisdicción en estas causas la Presidencia en este único caso... aceleró los tiempos y no esperó tan solo un día”.

Pidió que se fije de manera inmediata la fecha para el inicio del debate oral y público contra Cristina Kirchner, actualmente presa en su casa, condenada por la causa Vialidad, y su hijo Máximo.

Aclaró el fiscal que “la premura de esta Fiscalía General no está puesta en que se inicie el debate, sino tan sólo que se fije su fecha de celebración contemplando un tiempo prudencial para la culminación de las medidas suplementarias y que eventualmente si se llega a tal fecha, se inicie el debate, pero ya para entonces, quizás con toda la prueba recabada, o pronta a concluir”.

La presentación judicial plantea que, bajo el velo de un cuidado de las garantías, terminan por paralizar causas de corrupción.

Velasco arremetió contra los “formalismos legales” por parte de los magistrados, acusándolos de incurrir en una decisión que “carece de una adecuada fundamentación”, y que se apoya en una “literalidad férrea e indestructible” de los códigos procesales, ignorando la urgencia de alcanzar una resolución definitiva.

Es que los jueces señalaron que el Código les manda comenzar el juicio una vez concluida la prueba y en este caso el peritaje está en elaboración.

Velasco acudió a la Sala I de la Cámara de Casación para revertir esta decisión porque señala que es posible hacerlo y que hay antecedentes en ese sentido.

Para el tribunal, iniciar un debate sin haber finalizado peritajes pendientes podría poner “eventualmente en riesgo la validez de las actuaciones, sometiéndolas a una multiplicidad de planteos por parte de las defensas”.

Sin embargo, el fiscal Velasco señaló que la instrucción suplementaria lleva entre seis y siete años de desarrollo, y que superó “todos los límites de la razonabilidad y la paciencia institucional”.

Criticó esta reverencia a la letra de la ley procesal “cuando se utiliza para postergar la verdad”. Dijo que la negativa a fijar una fecha de juicio, aunque parezca una cuestión de mero trámite, “constituye en realidad un acto de gravedad irreparable que amerita la intervención de la Cámara de Casación Penal”.

“Es la fase del juicio -apoyada en los principios de inmediación, publicidad y contradicción, entre otros- donde se ventilan todas las cuestiones atingentes a la materialidad de los hechos, su adecuación típica y la prueba en que se fundan, cobrando especial relevancia el examen y contraexamen de los testigos, los peritos intervinientes y demás pruebas para que cada una de las partes evalúe y alegue su valor de convicción para persuadir al tribunal sobre la certeza necesaria -o su falta- para dictar un pronunciamiento definitivo que ponga fin al proceso”, escribió.

Reiteró que “la importante relevancia de las medidas probatorias no hará variar la circunstancia de que el juicio oral y público deba realizarse, sino por el contrario serán elementos que se valorarán junto con los otros que se desarrollarán en el debate”.

Y sostuvo que “esperar a que la última pericia contable esté perfecta, luego de siete años de dilaciones, no es garantía procesal, es denegación de justicia”.

Velasco advirtió que si el Estado no es capaz de juzgar los delitos complejos en tiempos razonables, se expone a severas sanciones.

Velasco dijo que en otros casos de alto perfil estos mismos magistrados fijaron fecha de debate sin haber concluido las pruebas previas.

Entre ellos, citó causas vinculadas al escándalo internacional del “FIFA Gate” (lavado de dinero mediante inmuebles en Puerto Madero), contrabando de cocaína, casos de trata de personas e inclusive la causa de Oil Combustibles.

En siete años de proceso, que incluyeron suspensiones provocadas por sobreseimientos (posteriormente revocados por la mismísima Corte Suprema de Justicia en 2024), la fiscalía señaló el límite. Todos los actos dilatorios, advirtió Velasco, han encontrado su “punto culmine” en esta resolución infundada.

El reclamo ahora está en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, a la que pidió revocar el fallo del tribunal oral.

Dijo que prima el derecho de la sociedad “de obtener finalmente un pronunciamiento respecto de hechos de semejante repercusión institucional”.

Por Hernán Cappiello

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