El futuro de Carlos Stornelli podría quedar en manos de Daniel Rafecas

El procesamiento de Carlos Stornelli por extorsión que le dictó el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, tiene consecuencias judiciales y políticas que desbordan ese caso: por un lado, coloca al candidato a procurador del Gobierno, Daniel Rafecas, en la incómoda situación de tener que pronunciarse sobre el futuro del fiscal y, por otro, impacta sobre el caso de los cuadernos, con consecuencias todavía impredecibles.

Ramos Padilla, a quien la oposición cuestiona por sus simpatías con el kirchnerismo, investiga a Stornelli porque dice que integra una asociación ilícita con el abogado Marcelo D'Alessio, entre otros, para realizar tareas de espionaje.

En esa causa el juez procesó al fiscal en más de 500 carillas firmadas hace 10 días y le pidió al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que le inicie un jury de enjuiciamiento.

Stornelli apeló ese procesamiento y ahora debe resolver la Cámara Federal de Dolores si lo confirma o no. Mientras, un Consejo Evaluador de la Procuración, integrado por un grupo de fiscales de Cámara, evalúa la conducta de Stornelli. Ese consejo puede aconsejar que se inicie un jury, como quiere el juez Ramos Padilla, pero la última palabra la tendrá el procurador, porque la opinión de este comité de fiscales no es vinculante.

Casal, que está interinamente a cargo de la procuración, deberá dejar el cargo cuando asuma el candidato propuesto por el Gobierno, Rafecas. Pero el proceso para su designación es largo y depende de otras instancias. Probablemente el pliego de Rafecas sea enviado al Senado en marzo, habrá audiencias públicas, los legisladores deberán analizarlo y será designado solo si logra una mayoría especial de los dos tercios de los votos de los senadores presentes.

El exprocurador Eduardo Righi fue quien instauró este mecanismo del Consejo Evaluador de Fiscales para que aconseje al procurador. Si bien su decisión no es vinculante, el espíritu de la norma es que la decisión no sea personal y que el procurador la avale. Es dable pensar que Rafecas, que trabajó con Righi, comparta esta idea. Ramos Padilla dijo que no dispuso la prisión preventiva de Stornelli por sus fueros.

Pero Casal, en una nota, cruzó a Ramos Padilla, lo criticó por sus apreciaciones "infundadas y alejadas de la prudencia, mesura y circunspección indispensables en los actos de un magistrado", y le dijo que es al revés: si el juez determina la prisión preventiva, se analiza si corresponde el desafuero.

La segunda consecuencia de la decisión de Ramos Padilla está ligada a la causa de los cuadernos de la corrupción, en los que el chofer Oscar Centeno registró los pagos de sobornos de empresarios a funcionarios durante el kirchnerismo.

Entre las acusaciones por las que Ramos Padilla procesó a Stornelli se cuenta el denominado caso del gas natural licuado. En esta causa, el espía D'Alessio declaró como testigo ante Stornelli y aportó mails, documentación y un informe, que, según el juez, fue elaborado por él mismo sobre la base de información de inteligencia. Ramos Padilla remarcó que lo que se buscó fue judicializar la información obtenida de manera ilegal.

El caso del gas natural licuado es la causa por la cual Bonadio y Stornelli se quedaron con el caso de los cuadernos, pues entendieron que era conexo con esa investigación que ya llevaban adelante.

Los abogados defensores de los funcionarios procesados vienen cuestionando esta conexidad y denuncian que se trata de un caso de forum shopping, es decir que el fiscal y el juez buscaron quedarse con el caso, en lugar de sortearlo. Una nulidad en una causa como esta podría ser esgrimida por los defensores, para contaminar el caso de los cuadernos e impugnarlo.

Ramos Padilla no ignora las consecuencias que pueden tener sus decisiones sobre el caso de los cuadernos de la corrupción. De hecho lo escribió en el procesamiento de Stornelli: "Frente a la posibilidad de que se incorporen en el proceso elementos de prueba obtenidos ilegalmente, nuestro sistema procesal y la jurisprudencia en particular establecieron un sistema de sanciones procesales, nulidades, reglas de exclusión de la prueba", escribió el juez

Después remató: "No corresponde al suscripto [Ramos Padilla] ingresar en el análisis de la validez de determinado aporte o declaración llevada a cabo a partir de una actividad ilícita que la organización pudo tener en aquellos procesos; pero sí es competencia de este tribunal investigar si existieron esas actividades de espionaje prohibidas".

Cristina Kirchner es la principal procesada en la causa de los cuadernos, como jefa de una asociación ilícita. El caso está elevado a juicio oral y público y Stornelli ya no participa más en la causa, con lo que su procesamiento no lo afectaría. No obstante, las defensas de los acusados sí pueden esgrimir estos cuestionamientos de Ramos Padilla para intentar nulificar el caso.