El Gobierno acordó la emergencia social y destinará $ 30.000 millones adicionales

Bajo presión y con el objetivo de pasar un fin de año en paz, el Gobierno cedió ayer a los reclamos y alcanzó un acuerdo con las organizaciones sociales y con la oposición para sancionar antes de fin de año una ley de emergencia social y una reforma de Ganancias. Los dos temas fueron incluidos en sesiones extraordinarias, a las que el Presidente convocó por decreto, por lo que la oposición accedió a suspender la sesión especial convocada para hoy en la Cámara de Diputados.

El acuerdo por la emergencia está más avanzado y quedó plasmado en un acta compromiso firmada en el Ministerio de Trabajo con los referentes de las organizaciones que convocaron a la movilización del viernes: Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

En ese documento se acuerda declarar la emergencia social por tres años, se crea un registro y un consejo de trabajadores de la economía popular, y se comprometen aumentos millonarios en partidas sociales, de más de $ 30.000 millones hasta 2019. Las organizaciones dejaron de lado el reclamo para la creación de un millón de puestos de trabajo en cooperativas y el aumento de urgencia de 15 por ciento para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Cada uno de esos puntos quedará expresado en un nuevo proyecto de ley, diferente del aprobado por el Senado la semana pasada, que será presentado en los próximos días en la Cámara baja. En cuanto a la reforma de Ganancias, se llegó a un acuerdo sobre el cronograma de tratamiento, pero no sobre el contenido. La oposición negocia una propuesta común, con cambios más profundos que los del proyecto oficial. En minoría, el Gobierno deberá aceptar modificaciones.

El tratamiento de Ganancias y de emergencia empezará la semana que viene. El martes, en una reunión informativa, un plenario de comisiones tratará la reforma del impuesto. La idea es que haya dictamen el jueves 1° de diciembre y que las dos iniciativas se debatan en el recinto el martes 6. El Gobierno muestra voluntad para que se conviertan en ley antes de fin de año.

El acuerdo se anunció en una inusual conferencia de prensa, que reunió a los jefes de los principales bloques de la oposición. “Es una buena noticia que mañana [por hoy] no vamos a enlodarnos en una discusión reglamentaria, sino que llegamos a un acuerdo para debatir los problemas que le importan a la gente”, dijo Mario Negri, jefe del interbloque Cambiemos. Se refería a que la oposición iba a intentar habilitar el tratamiento en la sesión especial, pese a que no contaba con los dos tercios necesarios.

En el patio de la planta baja de Diputados, estaba rodeado por Héctor Recalde (FPV), Graciela Camaño (Frente Renovador), Oscar Romero (Bloque Justicialista), Victoria Donda (Libres del Sur) y Leonardo Grosso (Movimiento Evita). Todos acaban de compartir un breve encuentro con el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, y los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.

En ese mismo patio estaban los referentes de las organizaciones sociales que acababan de cerrar un acuerdo con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y con su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Además de extender la emergencia social hasta diciembre de 2019, se acordó una serie de puntos. Unificar y elevar a 4000 pesos por mes los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Trabajo Autogestionado, hoy con beneficios de 3450 pesos por mes. Los titulares de esos planes van a cobrar un bono de fin de año de 2030 pesos, antes del 29 de diciembre. Se dispuso un aumento del 40 por ciento en las partidas correspondientes a comedores comunitarios y del 63 por ciento en las destinadas a merenderos comunitarios. El Ministerio de Desarrollo Social distribuirá además un millón de canastas navideñas. Respecto del bono de fin de año para titulares de AUH, el Gobierno mantuvo la oferta de 1000 pesos por familia y 250 pesos extras a partir del segundo hijo.

En cuanto al proyecto de emergencia social, se estableció la creación de un “registro nacional de la economía popular” y del “consejo de la economía popular y el salario social complementario”. La implementación del salario social complementario, para que los trabajadores informales alcancen el salario mínimo, “deberá realizarse en forma progresiva en la medida de las posibilidades presupuestarias del Estado nacional”. El desembolso comprometido es de $ 30.000 millones en tres años, que se suman a $ 17.000 millones ya presupuestados para 2017. Si se usaran para crear puestos de trabajos en cooperativas, podría pasarse de los 300.000 actuales a más de 500.000.

La Casa Rosada vivió el pacto como un triunfo

Como si se tratara de una bomba a punto de explotar, por la cercanía a fin de año, el Gobierno se arrogaba anoche un triunfo tras el acuerdo por la emergencia social alcanzado con el triunvirato piquetero (CTEP, Barrios de Pie y la CCC). "El proyecto de las organizaciones era provocador, sólo buscaba complicar el fin de año", dijo a LA NACION un alto funcionario de Gobierno que siguió de cerca la negociación. En el acuerdo no aparece la creación del millón de puestos de trabajo, que reclamaban las organizaciones sociales. La cantidad quedará sujeta finalmente al Consejo de la Economía Popular, un organismo que se creará con la futura ley. "Era un número antojadizo, ellos mismos sabían que era irrealizable. Hubo momentos de mucha tensión, pero conseguimos levantar un foco de conflicto importante", dijo el funcionario. En el Gobierno explicaron que los puntos del acuerdo firmado el martes en el Ministerio de Desarrollo Social -el bono de fin de año, la actualización en los montos del plan Argentina Trabaja y el aguinaldo para cooperativistas- seguirán vigentes.