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El Gobierno ajustó fuerte el gasto y ahora aparecen síntomas de recesión económica
Según datos oficiales, durante el primer bimestre la contracción de las erogaciones fue de 9,4% respecto de 2022; hubo menos fondos para las provincias y la obra pública; fuerte caída de los ingresos impositivos, por menos actividad
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LA NACIONLaura Serra
El ministro de Economía, Sergio Massa, arrancó el año con una fuerte poda en el gasto público, en línea con lo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo suscripto la semana pasada. Las “víctimas” del recorte fueron, durante este primer bimestre, las provincias -que recibieron menos transferencias discrecionales- y la obra pública, a las que se agregan algunas prestaciones sociales como asignaciones familiares y jubilaciones.
En términos globales, el gasto primario tuvo una contracción, en estos dos primeros meses del año, del 9,4% real interanual; así lo consigna la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso (OPC) en su último informe de ejecución presupuestaria. Está claro que, en vísperas del arranque del año electoral, Massa ordenó pisar el freno del gasto e intentar prolongarlo hasta que estalle el fragor de la campaña del oficialismo; es lo que sospecha la oposición.
En rigor, recuerdan los opositores, es la misma táctica que aplicó el exministro de Economía Martín Guzmán en las últimas elecciones de 2021; táctica que -conviene recordarlo- le costó ser castigado por el kirchnerismo por la derrota de ese año.
El informe de la OPC también revela varias luces amarillas sobre el comportamiento de las variables fiscales. En primer lugar, la caída estrepitosa de los ingresos impositivos (14,1% en términos reales interanual), básicamente acarreada por el derrumbe en los derechos de exportación, que cayeron la friolera del 56,4% en términos reales respecto del primer bimestre de 2022.
A esta contracción de los ingresos por retenciones se suman, además, una fuerte caída en los derechos de importación (-21,7%), en el impuesto al cheque (-1,7%) y en ganancias (-1,5%). Según se infiere del informe de la OPC, los esfuerzos del Gobierno por contraer el gasto público no logran compensar la caída en los ingresos.
Escenario de recesión
Así las cosas, el déficit financiero (que incluye el pago de los intereses de la deuda) trepó a $655.000 millones en este primer bimestre, un 8,7% mayor en términos reales con relación a lo obtenido en los dos primeros meses de 2022. Estos datos están anticipando un escenario de recesión económica, el más temido por el oficialismo para el año electoral.
De hecho, la propia Cristina Kirchner había dicho en el último acto que encabezó en Viedma que lo peor que podía pasar era que hubiera inflación más recesión. “No quiero déficit fiscal, lo virtuoso es no gastar más de lo que ingresa, pero evidentemente en épocas de crisis es un instrumento que se necesita para evitar la recesión. Porque podemos tener el infierno más temido, que es tener recesión más inflación. Y estamos en el horno”. Algo de eso muestran los primeros números del año.
Massa arrancó el ajuste (que, en rigor, lo aplica la alta inflación) por los dos sectores más “flexibles” a ser recortados, pues no conforman los “gastos rígidos” del presupuesto: las transferencias que la Nación gira a las provincias por fuera de la coparticipación y la obra pública, dos rubros que los gobiernos de turno suelen manejar discrecionalmente.
En lo que se refiere a las transferencias discrecionales, la Nación les rebanó a las provincias el 38,3% en términos reales respecto del mismo bimestre del año pasado. A esto se suma que, según un informe del Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf), en febrero las provincias tuvieron una caída del 2,5% real de las transferencias nacionales automáticas que la Nación les gira por coparticipación.
Son malas noticias para los gobernadores que, hasta ahora, se vienen ufanando de la buena salud que gozan sus economías; al cierre de 2022, por caso, presentaron en conjunto un superávit financiero consolidado de aproximadamente un 1% de PBI. De allí la decisión de Massa de cerrarles por ahora el grifo de transferencias discrecionales, urgido por la necesidad de cumplir con la meta pactada con el FMI de achicar a 1,9% del PBI el déficit primario.
Sin embargo, los gobernadores enfrentan la urgencia de revalidar sus títulos en sus respectivos territorios; la mayoría de ellos convocó a elecciones desdobladas de las nacionales durante el primer semestre del año. Para peor, la Nación también viene cortando el flujo de recursos para la obra pública que, además de dinamizar la actividad económica en sus provincias, suele ser utilizada como bandera electoral. Según el informe de la OPC, durante el primer bimestre el gasto de capital se recortó en un 37,4% interanual en términos reales, tendencia que se remonta desde el año pasado.
El gasto social
La poda tampoco tuvo piedad de algunas partidas sociales. La más afectada fue la de asignaciones familiares (-31,8% real año contra año); según explica la OPC, esto obedece a que los beneficios han tenido aumentos por debajo de la inflación. Lo mismo sucede con las jubilaciones y pensiones, que experimentaron una caída del 2% real: la razón responde a que la actualización de los haberes por aplicación de la fórmula de movilidad que instauró el Gobierno se ubicó por debajo de la inflación (72,5% vs. 100,7%).
En lo que se refiere a los planes sociales, la ejecución se muestra dispar. Según indica el informe de la OPC, en este primer bimestre disminuyeron las erogaciones en políticas alimentarias (Tarjeta Alimentar) en $74.589 millones (-2,8% año contra año en términos reales). Por el contrario, tuvieron un incremento las becas Progresar (+48,4%), producto del incremento tanto de la cantidad de beneficiarios como en el valor de la prestación.
Lo mismo sucedió con el plan Potenciar Trabajo: por la suba en el valor de los beneficios, experimentó en este primer bimestre una suba del 2,9% en términos reales respecto del año pasado. Este programa, que cuenta con poco más de 1.200.000 beneficiarios, es otro de los objetivos en el recorte de gastos emprendido por el Gobierno a instancias del FMI. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, pretende dar de baja unos 80.000 planes porque sus beneficiarios no reunirían los requisitos, medida que tuvo como inmediata reacción cortes de calles y protestas de grupos piqueteros.
Por contrapartida, uno de los rubros que experimentaron una importante suba en este primer bimestre fueron los intereses de la deuda: un 34,8% más en términos reales que igual bimestre de 2022. Según explica la OPC, esto obedece a mayores pagos de intereses por préstamos del FMI y de títulos en moneda nacional y extranjera emitidos en el marco de la reestructuración de la deuda de setiembre de 2020.
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