La trastienda y los detalles del decreto para destrabar la compra de vacunas Pfizer, Janssen y Moderna

Tras meses de negociaciones ultra confidenciales con los ejecutivos de Pfizer, el Gobierno anunció este viernes una serie de modificaciones a la ley de vacunas -vía decreto de necesidad y urgencia (DNU)- para superar los cortocircuitos legales que impedían cerrar un acuerdo con ese y otros laboratorios norteamericanos. El Gobierno no firmó todavía los contratos con las gigantes norteamericanas ni respondió cuántas dosis comprará o cuándo llegarán.

“No vemos mayores inconvenientes para avanzar (con los contratos). No arrancamos acá, llegamos acá”, dijo la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en relación a las engorrosas negociaciones con Pfizer que comenzaron, de forma reservada, a fines del año pasado. La funcionaria, no obstante, agregó que el Gobierno por ahora “no está plasmando un acuerdo sino solo un DNU”. Es decir que aún falta la firma de los contratos, tanto con Pfizer como, eventualmente, con Johnson & Johnson y Moderna, las otras alternativas de los Estados Unidos.

De las tratativas del Gobierno también participaron la ministra de Salud, Carla Vizzotti y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, las funcionarias en las que Fernández depositó la responsabilidad de salir al mundo a conseguir dosis.

En la Argentina hay un fuerte reclamo de una red de padres para inmunizar a los niños, niñas y adolescentes que padecen enfermedades graves y Pfizer es, hasta ahora, una de las pocas vacunas autorizadas en el mundo para uso en menores de 18 años. La superación de los obstáculos jurídicos, además, le permitiría a la Argentina recibir la donación de dosis que la administración del presidente norteamericano, Joseph Biden, le hará a América Latina. Consultados por LA NACION, desde el Gobierno no precisaron cuántas dosis le corresponden al país de ese paquete. “Estamos en eso. Sin cerrarlo no podemos anunciarlo”, se limitaron a decir fuentes de la Casa Rosada.

El jueves, mientras en Balcarce 50 se ajustaban los detalles del DNU, el bloque del Frente de Todos rechazó un pedido de Juntos por el Cambio para tratar sobre tablas un cambio en el texto de la ley de vacunas para quitar la excepción a la indemnidad “en casos de negligencia”, el principal escollo de la negociación. El episodio provocó el repudio de la oposición. “No puedo creer que pongan este tema en la grieta”, dijo el diputado Luis Juez.

El Gobierno rechazó que hubiera existido un “uso político” al imponer la vía del DNU por sobre el trámite parlamentario. “Muchos preguntaron por qué no se votaba la propuesta de la oposición. Si se votaba eso, no podíamos contratar. Nadie de la oposición estuvo sentado en la mesa de negociación para conocer los requisitos. El Congreso tiene un trámite más largo y dictamos este DNU para contar con un marco legal cuanto antes con vacunas pediátricas”, dijo Ibarra, que fue la encargada de llevar las conversaciones con los ejecutivos de los laboratorios, en términos que permanecen confidenciales.

Pfizer hizo parte de sus ensayos clínicos en la Argentina y fue la primera vacuna aprobada por la Anmat. Sin embargo, la Argentina no pudo suscribir un contrato de compra. El gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, dijo en el Congreso que la ley de vacunas argentina no era “compatible” con algunos de los mecanismos contractuales que pide el laboratorio y que, por esa razón, naufragaron las negociaciones con el Gobierno durante meses.

“La negociación con los laboratorios americanos se trabó y el presidente se cansó. Lo resuelve por decreto”, sostuvo uno de los hombres de confianza del jefe del Estado. Según distintas fuentes oficiales, la excepción a la indemnidad “en casos de negligencia” no fue el único obstáculo de la negociación: los laboratorios pidieron una serie de condiciones y el Gobierno respondió sobre cuáles podía ceder. Hubo un ida y vuelta constante en las últimas semanas para calibrar las exigencias de ambas partes.

Así, el DNU que lleva la firma del Presidente modifica la ley de vacunas para hacer un marco legal más permeable a los requerimientos de los laboratorios. Habrá cuatro cambios:

• Se suprime la “negligencia” como supuesto de responsabilidad para los laboratorios. Esto es porque los laboratorios norteamericanos no quieren hacerse cargo de un resarcimiento económico en caso de que se presente un daño en un paciente.
• Se crea un “Fondo de Reparación Covid 19″ para responder por el eventual pago de indemnizaciones en caso de que una persona sea dañada por la vacuna. “Si alguna persona sufriera un daño y pide una reparación, ese fondo lo cubre. Si el fondo no llega a cubrir, tiene que hacerse cargo el Estado”, dijo Ibarra.
• Respecto a la referencia a “maniobras fraudulentas, conductas maliciosas” que figura en la ley, se reemplaza por el término “conductas dolosas”.
• Se exime de inmunidad a las regalías que percibe el Estado Nacional y a los denominados “bienes privados del Estado” dispuestos en el artículo 236 del Código Civil para responder por eventuales ejecuciones. Los bienes soberanos establecidos en la Ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda (como las reservas del BCRA, las representaciones diplomáticas o la herencia cultural, entre otras) permanecen con ese status, pero el Gobierno, en cambio, renunció a la inmunidad con relación a la ejecución de los bienes privados y las regalías.

La autorización de uso de las vacunas menores de 18 años aún debe ser aprobada por la Anmat. Vizzotti dijo que, además de Pfizer, “hay otras vacunas que ya están haciendo ensayos clínicos en pediatría” y mencionó a Sputnik V y Sinopharm.

En las últimas semanas, además de continuar la gestión con los privados, funcionarias del Gobierno también dialogaron con autoridades de la Casa Blanca. Hubo al menos dos videoconferencias encabezadas por Vizzotti y Nicolini con funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca para resolver los obstáculos que tiene la llegada de las vacunas que prevén donar los Estados Unidos a través del mecanismo Covax.

Por Maia Jastreblansky

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