El Gobierno anunció que pondrá en marcha el nuevo Código Procesal en Mendoza el 5 de agosto

El Gobierno anunció que pondrá en marcha el nuevo Código Procesal Penal en Mendoza a partir del 5 de agosto. Es decir que dentro de sólo 45 días los jueces dejarán de impulsar las causas y los fiscales protagonizarán el proceso en esa jurisdicción.

La medida fue anunciada este miércoles, mediante la resolución 2024-165, que lleva la fecha de ayer y que está firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La decisión le sigue a la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal en Rosario, el 6 de mayo pasado: una medida exprés que obligó al Consejo de la Magistratura, la Corte y la Procuración General de la Nación a redoblar esfuerzos para acondicionar edificios, redes digitales y construir salas de audiencias con recursos audiovisuales, ya que el nuevo proceso es oral, desaparece el expediente de papel y se reemplaza por un registro de video.

Y, lo más importante, el dinero para instalar el equipamiento en Rosario, que se calcula en unos 10 millones de dólares, fue aportado por el Consejo de la Magistratura y la Procuración General de la Nación. El Ministerio de Justicia adelantó un 30 por ciento y aún no reintegró el resto.

No está tan claro que en Mendoza el Ministerio de Justicia tenga el mismo apoyo urgente que brindaron la Procuración, la Corte y el Consejo de la Magistratura para poner en marcha el mecanismo en Rosario, una jurisdicción donde las urgencias del narcotráfico obligaron a todos los actores a actuar con celeridad.

Según un relevamiento de LA NACION entre jueces y fiscales, hubo sorpresa por esta decisión de poner en marcha el Código en 45 días, otra vez, sin coordinación previa con el resto de los actores del proceso, señalaron fuentes judiciales.

Eso sin hablar de los cargos que son necesarios cubrir, tanto en las fiscalías como en los juzgados. Por ejemplo, en Mendoza faltan tres camaristas, con el concurso avanzado en el Consejo de la Magistratura, dos jueces de garantías y la situación con los fiscales es más complicada.

Este cambio requiere además de edificios acondicionados con celdas y seguridad para que los detenidos participen de audiencias orales y circulen por un área diferente a la de los testigos y el público, personal, cargos y coordinación, cuestiones que, señalan en la Justicia, todavía no arrancaron.

De hecho, cuando se presentó el nuevo Código en Rosario, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el Procurador Eduardo Casal dijeron que recién ahora se iba a ver el funcionamiento. Los funcionarios judiciales mantuvieron sus reservas. De hecho, ni Rosatti ni Casal estuvieron junto a Patricia Bullrich y Cúneo Libarona en la conferencia de prensa luego del acto en la aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.

Quieren ver cómo se empieza a consolidar el funcionamiento de este nuevo mecanismo, donde los jueces dejan de ser los dueños de la pelota y el poder pasa a los fiscales, que son los que investigan y hasta deciden, según el criterio de oportunidad, cuáles causas impulsan y cuáles deciden dejar de lado.

La resolución 2024-165 del Ministerio de Justicia agradece el compromiso de la Corte, el Consejo, la Procuración y la Defensoría en Rosario y señala que “resulta ahora impostergable redoblar los esfuerzos e intensificar las gestiones para completar sin demora el proceso de implementación referido. A tal fin, se considera propicio, oportuno, necesario y posible disponer por el presente acto la plena entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el Distrito Federal correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, a partir de las 00:00 horas del 5 de agosto de 2024″.

Aún no hay una evaluación sobre cómo resultó la experiencia en Rosario, donde las causas federales ya tramitan por el nuevo Código Procesal y se realizaron algunas audiencias orales.

La Cámara de Casación, además, convocó a un plenario para fines de este mes para decidir si ella es el tribunal de apelación de los recursos intermedios en los procesos, o directamente la Corte.

El asunto no es menor, por que el nuevo Código se aprobó con la promesa de celeridad y si además de la decisión del juez, y del tribunal de revisión, interviene la Casación y la Corte, no se aceleran los procesos, sino que se repite el mismo mecanismo recursivo que con el viejo Código que hace interminable el proceso.

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