El Gobierno carga la agenda del Congreso con reformas sensibles mientras enfrenta el caso Adorni
Pese a resistencias incluso entre aliados, el oficialismo impulsa cambios en materia electoral, judicial, sanitaria y de deuda; ninguna iniciativa tiene aval asegurado
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Con un frente político y económico adverso, el Poder Ejecutivo busca reordenar la agenda pública desde el Congreso. En las últimas semanas envió al Senado un paquete de reformas sensibles -electoral, salud mental, discapacidad, propiedad privada, nombramientos judiciales y un acuerdo con bonistas-, todas con niveles de apoyo aún inciertos.
El movimiento se da en paralelo a un contexto incómodo para el oficialismo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue bajo la lupa judicial y política por la compra de dos propiedades desde que asumió y por gastos personales -como viajes al exterior y vuelos privados- realizados junto a su pareja. Sus cuentas son investigadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita y, además, deberá este miércoles responder preguntas en el Congreso durante una sesión informativa en Diputados.
No será su primera exposición reciente. Semanas atrás, Adorni ya había enfrentado preguntas en una conferencia con periodistas acreditados en la Casa Rosada, donde intentó dar explicaciones sobre su situación patrimonial. Lejos de cerrar el tema, la intervención dejó nuevos cuestionamientos y anticipa un clima tenso para su paso por el recinto.
El frente económico tampoco ofrece alivio. La inflación de marzo fue del 3,4% -un dato que el propio Javier Milei calificó como “malo”- y se sumó otra señal negativa: la actividad económica se contrajo en febrero. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), un indicador que elabora el Indec para medir la evolución de la economía mes a mes, la actividad cayó 2,6% respecto de enero y 2,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. La baja estuvo impulsada principalmente por la industria y el comercio.
En ese contexto, el Gobierno apuesta a recuperar la iniciativa política con una ofensiva legislativa de alto impacto. En el oficialismo hablan de “dosificar” los proyectos para sostener la atención pública y evitar que se diluyan rápidamente. La estrategia incluye concentrar el envío de iniciativas en el Senado, donde los libertarios consideran que tienen un terreno algo más favorable que en Diputados.
Sin embargo, las resistencias aparecen incluso dentro del propio esquema aliado. El paquete sobre propiedad privada -que incluye cambios en los desalojos, en la ley de expropiaciones para que el mercado fije las indemnizaciones, una flexibilización de la ley de tierras que habilita mayor participación extranjera y modificaciones en la ley de manejo del fuego- genera reparos. También el proyecto que busca desarmar la emergencia en discapacidad, una política que esos mismos aliados habían respaldado el año pasado para sostener los aranceles de los prestadores como transportistas, terapistas y hogares protegidos.
La reforma política y electoral es otro foco de conflicto. Pro, la UCR y bloques provinciales rechazan la eliminación de las PASO, que utilizan para ordenar sus internas. A eso se suma, entre otros puntos, el endurecimiento de los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos: el proyecto eleva del 2% al 3% del padrón el piso mínimo en elecciones consecutivas, un cambio que podría dejar fuera de competencia a varias fuerzas.
Ante ese escenario, el oficialismo evalúa avanzar primero con iniciativas menos conflictivas. Entre ellas, la ratificación de acuerdos con dos fondos de inversión que litigaron contra la Argentina, Bainbridge y Attestor. Se trata de convenios de pago que implican una quita superior al 30% de la deuda reclamada y que permitirían cerrar juicios abiertos en el exterior. A cambio, el país evitaría medidas de embargo sobre activos públicos -como acciones de YPF- y pondría fin a los procesos de búsqueda de bienes (“Discovery”) para cobrar esas deudas.
El punto clave es el plazo: si el Congreso no aprueba estos acuerdos antes del 30 de abril, se caen las condiciones negociadas y el conflicto judicial podría reactivarse en condiciones menos favorables para el Estado.
En paralelo, el Senado podría avanzar en comisiones con la reforma de la ley de salud mental, que busca agilizar los procesos de internación en situaciones de riesgo. Y, en el recinto, con una serie de pliegos judiciales y diplomáticos. Entre ellos figura la prórroga por cinco años del juez Carlos “Coco” Mahiques, que alcanzará en noviembre los 75 años, la edad límite que fija la Constitución para ejercer el cargo.
Mientras Diputados se prepara para una sesión atravesada por las explicaciones de Adorni, el oficialismo en el Senado evalúa abrir un frente paralelo con avances legislativos en un intento por repartir el foco de atención.
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