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El gobierno de Río Negro impulsó y logró sancionar la ficha limpia
Luego del fracaso del proyecto en el Congreso y las internas en las que derivó, varios gobernadores empezaron a abordar la iniciativa a nivel provincial
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SAN CARLOS DE BARILOCHE.– En una sesión extraordinaria, la Legislatura de Río Negro sancionó, por mayoría, la versión local de la ficha limpia, una ley para garantizar que las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos, ni ser designadas para ejercer cargos partidarios.
Luego del fracaso del proyecto de ley de ficha limpia en el Congreso y las internas en las que derivó, varios gobernadores empezaron a abordar el tema a nivel provincial. Entre ellos estuvo el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que presentó el proyecto para modificar los artículos 83° y 147° del Código Electoral y de la ley de Partidos Políticos.
La denominada ficha limpia ya fue sancionada en Chubut y Mendoza en 2020, en Salta en 2021 y en Santa Fe y Jujuy en 2022.
“Queremos un sistema político más transparente y comprometido con la ética”, dijo el gobernador de Río Negro. La nueva ley contempla que ninguna persona con condena en doble instancia por delitos dolosos pueda presentarse tanto para candidaturas electivas provinciales como para cargos partidarios. La norma también contempla similares restricciones para el caso de los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial.
El proyecto que fue aprobado el miércoles en la Legislatura alcanza incluso los delitos menores contra las personas y no solamente contra la Administración Pública. Quedan exceptuados los condenados por delitos contra el honor, es decir, calumnias e injurias.
La ley fue aprobada con 36 votos positivos y cinco negativos. “Estamos convencidos de que con esto blindamos a los rionegrinos. Al reglamentar un derecho político pasivo, como es tener la posibilidad de ser candidato, estamos reglamentando el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que solamente los idóneos pueden ocupar cargos públicos”, indicó el legislador oficialista Lucas Pica.
Por el bloque de la Unión Cívica Radical, Lorena Matzen apoyó la propuesta y destacó que se trata de un proyecto que no nace de la política, sino que la política tomó una iniciativa ciudadana y la hizo propia. “Que hoy aprobemos ficha limpia es defender la democracia. Representa los valores y la necesidad de saldar una deuda con la ciudadanía”, consideró Matzen.
En tanto, María Laura Frei, del bloque Pro Unión Republicana, también votó a favor, aunque consideró que se trata de “un enfoque más oportunista que sincero, aprovechando el viento de cola del gobierno nacional”. Frei aclaró: “Defendemos ficha limpia porque creemos en una política transparente, no porque sea conveniente sino porque es lo correcto. Los rionegrinos merecen sinceridad, compromiso, no decisiones tomadas según el momento político”.
Del mismo bloque, Santiago Ibarrolaza sumó: “Hay que buscar sistemas políticos de autodepuración, porque si los que estamos en la política no nos autodepuramos termina pasando lo que pasó en la última elección: la que nos depura es la sociedad, a través del voto”.
Por su parte, el presidente del bloque Coalición Cívica ARI, Javier Acevedo, señaló: “Lo que sucede acá es que el corrupto quiere ganar tiempo, y en especial, evadir el castigo. De esa forma, se presenta en las elecciones, se acomoda en un cargo legislativo, y a partir de ahí se esconde tras los fueros y... siga la fiesta. Debemos legislar para tratar de recuperar la credibilidad y la confianza de todos los ciudadanos, en especial, de los jóvenes, muchos descreídos de la política, escépticos”.
Por otro lado, Magdalena Odarda (Vamos con Todos) se opuso al proyecto: aseguró que viola la Constitución Nacional y las garantías establecidas en las convenciones y convenios internacionales. En particular, se refirió a la “violación” del estado de inocencia, que constituye una de las máximas garantías del imputado en el proceso penal, y al principio de cosa juzgada, que se obtiene con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Nosotros entendemos que un proyecto de esta naturaleza, en este momento histórico del país y de la provincia, puede ser entendido como una herramienta de proscripción política”, dijo Odarda. En el mismo sentido se expresó Ana Marks (PJ Nuevo Encuentro), que también votó en contra.
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