El Gobierno derogó el DNU que controlaba los precios de los servicios de cable, Internet y celular

El Gobierno derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 que había promulgado la administración de Alberto Fernández en 2020 y que declaró como servicios públicos esenciales a internet, la telefonía y la televisión por cable. A través del decreto 302/2024 publicado en el Boletín Oficial de este miércoles, el Ejecutivo puso fin a la medida que permitía regular los precios del sector tal y como lo había anticipado LA NACION.

El mencionado decreto se promulgó hace cuatro años en el marco de la pandemia de Covid-19 y la estricta cuarentena que derivó en el teletrabajo y clases a distancia a nivel nacional. Este le permitió al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner congelar precios y fijar los aumentos tarifarios, mediante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Esto llevó a diferentes juicios y medidas cautelares de la Justicia a raíz de denuncias de las empresas del sector que se vieron imposibilitadas para aumentar sus precios en el marco de una elevada inflación.

Con la firma del Presidente, los ocho ministros nacionales y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el Gobierno derogó la medida en el Boletín Oficial. El artículo 1° dice: “Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 y sus modificatorias por el siguiente: “‘Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación’”.

En tanto, en el segundo apartado se indicó: “Sustitúyese el artículo 54 de la Ley Argentina Digital N°27.078 y sus modificatorias por el siguiente: ‘El Servicio Básico Telefónico mantiene su condición de servicio público’”. Además, en el tercero quedó consignado: “Derógase el Decreto N°690 del 21 de agosto de 2020″, y se derogó “el artículo 15 de la Ley Argentina Digital”, en el cuatro.

Pese a las críticas de la oposición cuando se conocieron las intenciones del Gobierno en este campo, desde la Casa Rosada destacaron que no se espera que haya un aumento en el valor de estos servicios, ya que en los últimos años las empresas acudieron a la Justicia con medidas cautelar para poder actualizar sus valores en un contexto donde la inflación alcanzó cifras que no se observaban hacía 30 años. Uno de los fallos más recientes fue a fines de noviembre último, cuando Telecom consiguió que se anule el DNU para sus operaciones.

Es más, en los últimos meses, fue uno de los segmentos que más aumentó. En febrero, el rubro Comunicaciones registró una suba del 24,7% mensual, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que releva el Indec. En enero, la variación para esta categoría fue del 25,1%; en diciembre, del 15,6%; en noviembre las tarifas se incrementaron un 15,2% promedio; y en octubre, 12,6%. Aún así, en todo 2023 aumentaron un 191,6%, frente a una inflación de 211,4%.

Anteriormente el Enacom dispuso el cierre de todas sus delegaciones provinciales a partir del pasado lunes 1° de abril, bajo la justificación de que buscan “asegurar una administración más eficiente y transparente de los recursos del Estado en beneficio de todos los ciudadanos”.

Según explicaron oficialmente, tras un “exhaustivo análisis” de la actividad desarrollada en las delegaciones provinciales, se observó una “disminución significativa” de sus funciones desde que se implementó el Trámite a Distancia (TAD). Por la simplificación y automatización de los procesos, consideraron que hay “una desproporción” entre las tareas realizadas y la estructura de estas delegaciones.

“Por lo tanto, en aras de optimizar el uso de los recursos públicos, se ha determinado el cierre operativo de las delegaciones provinciales. Para garantizar una transición ordenada, hemos establecido un período de sesenta días durante el cual se reasignarán las tareas de control ejecutadas por estas delegaciones. Asimismo, se dispondrá de una dotación mínima de agentes para llevar a cabo el cierre y elaborar un inventario patrimonial actualizado de los bienes asignados a cada delegación provincial”, señalaron.

De acuerdo con el Ejecutivo, los delegados provinciales eran “usados políticamente” y muchos de ellos “no iban a trabajar porque no tenían una sede asignada”. Mientras tanto, se sigue llevando adelante una auditoría de la gestión al frente de Claudio Ambrosini, dirigente del massismo y extitular del organismo durante la gestión de Alberto Fernández.

LA NACION

• Javier Milei
• Internet

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