El Gobierno envía el proyecto fiscal al Congreso, pero aplaza el debate para pulir el “poroteo fino”

El Gobierno necesita más tiempo para asegurarse los votos para la ley Bases y “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”. Eso explica por qué aplazó -de mínima- para la próxima semana el inicio del debate de los proyectos en Diputados. El Poder Ejecutivo giraría mañana a la Cámara baja el proyecto con el paquete fiscal. Pero la Casa Rosada quiere terminar de zurcir algunos acuerdos y “contar las cabezas” antes de habilitar el tratamiento de los textos.

Tras la fallida experiencia de enero, esta vez la gestión de Javier Milei pretende tener un poroteo fino de los votos para evitar contratiempos durante el debate y lograr un trámite exprés de las iniciativas. Los distintos bloques “amigables” vienen expresando que tienen intención de darle al Gobierno las herramientas legislativas. Pero, a la hora de explorar las voluntades con la letra chica en la mano, siguen apareciendo discrepancias. Todavía hay ruidos en torno de temas sensibles, como la reforma laboral o el impuesto a las ganancias (rebautizado impuesto a los ingresos personales). Y hay un conflicto en puerta por el capítulo del tabaco.

El único reloj que corre para la gestión de Milei es el que termina en el Pacto de Mayo, previsto para el Día de la Patria en la ciudad de Córdoba. Faltan algo más de cinco semanas y todavía no se inició el debate de los dos proyectos que son condición sine qua non para habilitar el “gran acuerdo nacional”. Funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia ya están explorando locaciones en la capital cordobesa para ganar tiempo, mientras se aguarda la votación de los proyectos en ambas cámaras.

“No tenemos un apuro, creemos que llegamos bien al 25 de Mayo. Estamos terminando de contar las cabezas antes de iniciar el debate”, dijo a LA NACION un estrechísimo colaborador del Presidente.

Según fuentes de la Casa Rosada, en las próximas horas se remitirá a Diputados la ley fiscal, que contiene, entre otros puntos, un amplio blanqueo de capitales y la propuesta de restituir la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, con un mínimo no imponible en $1,8 millones para los solteros y en $2,2 millones para los casados con hijos. Según pudo saber LA NACION, hoy el Ministerio de Economía le dio las puntadas finales al texto y luego quedaban por cubrir algunos pasos burocráticos: la revisión formal por parte de la Secretaría Legal y Técnica, la firma del Presidente y los ministros y el giro de parte de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, a cargo de Omar De Marchi. En la Casa Rosada aseguran que el texto no tiene cambios sustanciales respecto de la última versión que se conversó con gobernadores y bloques parlamentarios. Aún hay mandatarios patagónicos que se oponen al capítulo del impuesto a las ganancias.

Ejes conflictivos

En el caso de la ley Bases, el Gobierno no enviará un proyecto nuevo sino que reflotará la iniciativa original que regresó a fojas cero en comisiones cuando Milei decidió levantar la sesión de enero. El proyecto aún tiene estado parlamentario y el oficialismo propondrá un nuevo dictamen, preacordado con los aliados, con un tercio de los artículos y múltiples cambios en la letra chica.

Mientras las áreas técnicas terminan de darle forma a los textos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, intenta cerrar acuerdos con actores que pueden marcar el éxito de los proyectos. El funcionario recibió hoy al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal -los senadores de su provincia vienen siendo escurridizos para el oficialismo- y viajó a Santa Fe para encontrarse con Maximiliano Pullaro y con sus pares Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba). Cerraba su raid en Santiago del Estero para encontrarse con Gerardo Zamora. Viejo aliado de Cristina Kirchner y artífice de la candidatura de Sergio Massa en 2023, el cacique santiagueño se convirtió en un factor clave porque controla a los tres senadores de su provincia.

Mañana, en tanto, Francos recibirá al bloque Innovación Federal, donde abrevan nueve diputados de Salta, Misiones Río Negro y Neuquén.

Hay dos capítulos que todavía generan controversia en los bloques más proclives a acompañar (Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal). El primero es el de la reforma laboral. Llamativamente, la gestión de Milei dejó en manos del radicalismo la redacción de ese capítulo, que originariamente el Gobierno había introducido en el DNU 70/2023 y que luego fue frenado por la Justicia. El titular de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, redactó un proyecto de amplio alcance que incluyó temas espinosos, como la no obligatoriedad de las cuotas solidarias para los gremios. Es un texto que genera algunas resistencias en Pro y en el sector del radicalismo que responde a Facundo Manes, además de cortocircuitos con el sindicalismo.

Pero el capítulo más controvertido es el vinculado a los impuestos al tabaco, en medio de una guerra entre las compañías internacionales y la Tabacalera Sarandí de origen nacional, con fuerte poder de lobby. El Gobierno había incorporado en el primer proyecto un capítulo para que todas las empresas del sector pagaran los mismos impuestos, un cambio que perjudica al empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que paga menos que sus competidores ya que tiene en la Justicia un amparo contra el impuesto mínimo al cigarrillo.

En la nueva versión, la gestión de Milei voló los artículos que regulan los impuestos al tabaco. Esa omisión hizo reaccionar a algunos diputados que creen que Otero logró imponer sus intereses. El diputado radical Martín Tetaz le reclamó a Milei que repusiera el capítulo tabacalero. Y, según fuentes del bloque radical, una mayoría de sus integrantes se encolumnaría detrás del reclamo de Tetaz.

“El gran problema de la ley hoy es lo de las tabacaleras. Dejar para después el debate de este tema ya es visto como jugar para Otero”, reconoció un colaborador libertario.

Una alta fuente de la Casa Rosada, no obstante, aseveró a LA NACION: “Lo de la reforma laboral se va a incluir en el dictamen. Lo del tabaco, no”.

Ruidos propios

Los conflictos de convivencia interna que viene exhibiendo el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados también suman barullo para el tratamiento de los proyectos. Afectan, de mínima, la imagen del oficialismo, que se exhibe desprolijo mientras busca el voto de los aliados. El papelón que se vivió la semana pasada con la salida de Oscar Zago de la jefatura del bloque todavía deja esquirlas, porque aún el oficialismo no logró resolver la presidencia de la comisión de Juicio Político. Allí en los papeles asumió la diputada Marcela Pagano, pero el presidente de la Cámara, Martín Menem, la desconoce y convocó a otra reunión de comisión para este jueves.

El problema es que el acta que designó a Pagano lleva la firma de diputados como Emilio Monzó (Hacemos Coalición Federal), Leopoldo Moreau y Cecilia Moreau (Unión por la Patria). “Quieren desconocer la firma de tipos que fueron presidentes de la Cámara. Es poco serio”, reconoció un referente libertario. El oficialismo quiere forzar a Pagano a que renuncie a su lugar.

Cuando todavía faltan constituir una docena de comisiones, el oficialismo también haría cambios en una comisión ya constituida y crucial para el debate de las leyes, la de Legislación General. Allí se espera que Gabriel Bornoroni, flamante jefe del bloque de LLA, le deje su lugar al diputado Santiago Santurio.