El Gobierno evalúa traspasar los testigos protegidos al Poder Judicial
Tras el triunfo del Frente de Todos en las primarias crecieron los pedidos para sacar el sistema de la órbita del Ejecutivo; el Presidente ya tiene a la firma un decreto que dispone transferirlo a la Cámara de Casación Penal
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LA NACIONSantiago Dapelo
José López, Oscar Centeno, Leonardo Fariña, Alejandro Vandenbroele y Laura Muñoz comparten el mismo estatus y la misma preocupación: son testigos protegidos en causas de corrupción que involucran a exfuncionarios kirchneristas. El triunfo de Alberto Fernández encendió la alarma y multiplicó los pedidos para quitar el programa de la esfera del Poder Ejecutivo.
Ante ese reclamo, el Gobierno evalúa traspasar el programa, que depende del Ministerio de Justicia, al Poder Judicial. El presidente Mauricio Macri firmaría en los próximos días un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con la transferencia del sistema de protección, que alcanza a 225 testigos y 97 familiares, a la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal, que preside Carlos Mahiques. En su gran mayoría, los arrepentidos pidieron ingresar por causas de narcotráfico, secuestros extorsivos y trata de personas.
El resultado de las PASO, cuando el candidato del Frente de Todos le sacó 17 puntos de ventaja a Macri, provocó una catarata de pedidos para reubicar el programa.
Los tiempos políticos también se colaron en la definición. Es que en la Casa Rosada también analizan cuál sería el momento "ideal" para avanzar con el decreto de necesidad y urgencia.
"Hay que evaluar el momento para hacerlo, no hay que generar ruidos innecesarios en la transición", reconoció un hombre con acceso al despacho presidencial.
No son pocos los funcionarios de primera línea cerca de Mauricio Macri que creen que esta decisión podría generar una reacción de los dirigentes más cercanos a la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner.
Es que si bien los arrepentidos en las causas de corrupción representan una minoría -son poco más de 10-, fueron clave para procesar y condenar a varios pesos pesados del kirchnerismo, como el exvicepresidente Amado Boudou, el exministro de Planificación Julio De Vido y su segundo, Roberto Baratta, quien ayer pidió revisar la causa y sostuvo que se trató de "un circo armado para tapar medidas económicas y el malestar social".
También el empresario kirchnerista Lázaro Báez fue señalado por las revelaciones de testigos protegidos.
Incluso, las declaraciones de algunos arrepentidos, como el excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares (ya abandonó el sistema) y José López, aportaron datos sobre negocios de la ex familia presidencial que los funcionarios judiciales valoraron para enmarcar a la expresidenta como jefa de una asociación ilícita. El exsecretario de Obra Pública, que fue detenido mientras revoleaba bolsos con casi 10.000.000 de dólares a un convento en General Rodríguez, declaró que durante el kirchnerismo se armó "un sistema mecánico de recaudación relacionado con la obra vial".
El inminente cambio de gestión generó malestar y ansiedad entre los imputados colaboradores de la Justicia, quienes solicitaron insistentemente ante el Ministerio de Justicia, que conduce Germán Garavano, el traspaso del programa, que, entre sus servicios, cuenta con medidas de protección como custodia personal o domiciliaria.
Además, puede proporcionar alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, ayuda económica por no más de seis meses, asistencia para la reinserción laboral y el suministro de documentación que acredite identidad a nombre supuesto.
Según confiaron fuentes oficiales, fueron varios los testigos protegidos que buscaron respuestas sobre el futuro del programa.
A partir de los pedidos, desde el gobierno nacional comenzaron una etapa de consultas para analizar la viabilidad del traspaso.
Garavano conversó del tema con algunos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales federales.
Finalmente, lo validó con el Presidente, quien, según pudo reconstruir LA NACION, le dio luz verde para avanzar con la decisión.
El DNU ya fue redactado y espera la firma de Mauricio Macri para entrar en vigor.
El Congreso y las ONG
En medio de la ronda de consultas con la Justicia, el Gobierno recibió el pedido de la asociación civil Poder Ciudadano para que el programa cambie de esfera.
En una nota dirigida a Garavano, a fin de octubre, el director de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, sostuvo que ante "las numerosas consultas recibidas, de parte de beneficiarios del programa, a través del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (Centro ALAC), se considera prioritario focalizar en la efectividad del sistema de protección, en el establecimiento de criterios para el anonimato y en la reserva de identidad, y fundamentalmente, en el rediseño institucional, de modo de garantizar la independencia del programa y, fundamentalmente, dotar de garantías a los beneficiarios".
Al igual que en el proyecto de decreto de necesidad y urgencia, desde Poder Ciudadano advirtieron que el sistema de protección de testigos debería estar bajo el control del Poder Judicial.
Al momento de fundar los motivos de la conveniencia del traspaso, Poder Ciudadano sostuvo que permitiría "generar las condiciones propicias y las garantías necesarias para las beneficiarias y los beneficiarios del programa".
La necesidad de que el sistema deje de pertenecer al Poder Ejecutivo también se coló en el Congreso. El proyecto que presentó la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal), que se encuentra en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, establece que "resulta imperioso hacer una adecuación del programa con la expresa necesidad de evitar cualquier tipo de restricción o menoscabo a la seguridad de imputados y testigos en causas judiciales relevantes para el conjunto de la sociedad".
Según detalla la iniciativa de Camaño, "el aporte de testigos protegidos y arrepentidos será posible en la medida que estos puedan aportar lo necesario sin estar sometidos a ningún tipo de presión".
"En este contexto, la protección de testigos y arrepentidos no puede ser un instrumento en manos del Gobierno y la política, dado que de ese modo se abre un cause propicio al fracaso de cualquier intento de persecución judicial de las conductas ilegítimas", agrega la autora del proyecto.
Según reconocieron cerca del ministro Garavano, la iniciativa de la diputada Graciela Camaño y el pedido de Poder Ciudadano fueron utilizados como la base del DNU que saldría en los próximos días.
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