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El Gobierno habilitó la exportación de chatarra, prohibida durante 16 años
La administración de Javier Milei dio de baja dos normativas que se habían prorrogado desde el primer período de Cristina Kirchner frente a la Casa Rosada; según Sturzenegger era una decisión “nociva”
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LA NACION
El Gobierno habilitó la exportación de chatarra al exterior, un mecanismo que estaba prohibido desde hace 16 años para proteger a la industria siderúrgica local. Por el contrario, según el ministro de Desregulación de Javier Milei, Federico Sturzenegger, las restricciones eran “nocivas” para el mercado del reciclado debido a que se perdían “centenas de negocios de valorización de residuos”, a la vez que se generaba “lobby”.
En enero de 2009, durante la primera administración de Cristina Kirchner, se había dictado una serie de medidas que impedían la venta al extranjero para consumo de desperdicios y desechos de metales ferrosos, por un lapso de 180 días. Después, la decisión se prorrogó en el Boletín Oficial durante el macrismo y la gestión de Alberto Fernández hasta ahora, que los libertarios las dieron de baja.
Esta vez, mediante el Decreto 1/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció los lineamientos para la importación definitiva o temporaria, al Área Aduanera Especial y a las Zonas Francas, y para la exportación, de residuos no peligrosos que hayan sido sometidos a una operación de valorización. Definió que los materiales revalorizados se utilizarán como “insumo para un proceso productivo determinado o un producto de uso directo”.
“La exportación de residuos no peligrosos valorizados e insumos industriales valorizados no estará sujeta a prohibiciones y debe ajustarse al cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación”, remarcó.
En su cuenta de X, Sturzenegger justificó la postura del Gobierno. “El presidente Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23) por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos. Esta prohibición era nociva por varios motivos”, comunicó el funcionario encargado de los recortes en las áreas públicas.
De acuerdo a lo que planteó, la imposibilidad de exportar deprimía el precio local de los deshechos y desincentivaba las tareas de reciclaje. “Pero era nociva sobre todo porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior, no podían exportarse). En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición”, aseveró. Entonces, planteó que las restricciones beneficiaban “a los procesadores de dicha chatarra”, pero no así a quienes la producen.
“La norma original fue de julio de 2009 y se pensaba que duraría 180 días. Pero como en la Argentina todo lo transitorio tiende a convertirse en permanente se renovó con los decretos 2261/09, 901/10, 1513/12, 374/14, 1102/15 (de Cristina); 823/16, 848/17, 970/18, 664/19 (de Macri); y 1040/20 y 70/23 (de Alberto). La eliminación de este tipo de medidas es el triunfo de la libertad por sobre el lobby”, sentenció.
Las últimas prórrogas de las prohibiciones se hicieron durante el paso de Fernández por la Casa Rosada. En 2020, con el Decreto 1040, la administración nacional suspendió la exportación basada en que, para la elaboración de acero, la industria siderúrgica utiliza desperdicios y desechos de hierro y acero como insumo, junto con el mineral de hierro, y en que por razones estructurales la Argentina carece de un “abastecimiento fluido” de chatarra de esos materiales, por lo que ese sector veía “afectado el aprovisionamiento” para sus tareas con las ventas al exterior habilitadas.
Asimismo, con la misma argumentación y a través del Decreto 70 del año 2023, Fernández determinó que hasta el 31 de diciembre de 2024 no podían enviarse al exterior 13 clasificaciones de productos en las que se encuadraban desechos, desperdicios y recortes de cobre, aluminio, diversos plásticos y metales, como acero inoxidable.
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