El Gobierno insiste en ser querellante en la causa por la extorsión de los planes sociales

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, insistió en ser querellante en la causa donde se investiga por presunta extorsión a dirigentes piqueteros que habrían exigido dinero a los beneficiarios de planes sociales o que los castigaban con perder esos ingresos, o el acceso a alimentos que entregaba el Estado, si es que no acudían a las manifestaciones.

Este nuevo pedido del Gobierno para ser querellante se dio luego de que el juez federal Sebastián Casanello rechazara ayer un planteo en el mismo sentido del Ministerio de Seguridad.

Casanello sostuvo que el Ministerio de Seguridad, como auxiliar del fiscal, ocupa en la investigación “un lugar sumamente importante pero incompatible con el rol de litigante pretendido”. Y afirmó: “No es parte: es, por ley y diseño institucional, el brazo ejecutor de las órdenes de los jueces y fiscales”.

Del ministerio que dirige Patricia Bullrich dependen las fuerzas de seguridad federales. En esta causa, la Policía Federal Argentina llevó adelante los allanamientos, interceptó comunicaciones de los imputados y está analizando los teléfonos secuestrados, entre otras medidas.

Ahora se presentó como querellante el ministerio cargo de Sandra Pettovello. Aquí la situación es diferente, porque a diferencia de Seguridad, que constituye el brazo armado de la aplicación de la ley, Capital Humano podría presentarse como víctima de la maniobra investigada.

Justamente una de las hipótesis que investiga el juez Casanello es la administración fraudulenta. En esta tesitura, el objeto de la causa es el desvío de los fondos que el Estado había asignado al Plan Potenciar Trabajo y que habría sido retenido o derivado hacia otros fines por la organizaciones sociales. Al tratarse de dinero gestionado por Capital Humano, podría haber un agravio para este ministerio.

En tanto, algunos de los piqueteros imputados, unos 28, plantearon un pedido de nulidad de toda la investigación. Es una presentación que realizó la presidenta de la Asociación Civil Polo Obrero, Elizabeth Palma, patrocinada por Liliana Alaniz y Claudia Ferrero.

Pidieron anular todo el caso y que les devuelvan los teléfonos y las planillas de asistencia y libros de “castigos” secuestrados. Argumentaron que el allanamiento se realizó sin tomar prevenciones especiales reservadas para las organizaciones como las cooperativas.

Dijeron que en el caso de un “local de las asociaciones”, mientras no sea una vivienda particular, “deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación”.

El fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, trabajó este jueves en un dictamen donde se pronunciará por rechazar este pedido de nulidad, ya que es inconsistente avisar a los sospechosos antes de allanarlos, pues eso frustraría la investigación. De todos modos, tras el dictamen fiscal, es el juez Casanello el que debe resolver.

En tanto, en el expediente se dispusieron medidas de prueba para determinar si las extorsiones, las amenazas y la imposición de castigos y sanciones eran parte de una acción aislada, de algunos referentes piqueteros sobre otros, o si esta era la modalidad sobre la cual se basaba el funcionamiento de toda la organización social.

Asimismo, se dispusieron otras medidas de prueba que se mantienen en reserva, para determinar si la responsabilidad queda limitada a los 28 imputados allanados a los que se secuestraron sus teléfonos, o si la cadena de responsabilidades sube en las organizaciones investigadas.

LA NACION

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