Coronavirus: el Gobierno ya distribuyó $100.000 millones en las medidas contra la crisis

Con todas las medidas anunciadas en las últimas dos semanas, el Gobierno ya comprometió 100.000 millones de pesos para paliar la crisis. Se trata del dinero que se destinará a un bono para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH); pagos extras para jubilados y pensionados del haber mínimo, y también destinados a personas que cobran planes sociales y trabajadores informales, entre otros.

Aún el Gobierno está lejos de distribuir la "montaña de dinero", como definió el presidente Alberto Fernández a los cerca de 700.000 millones de pesos que anunció para evitar que la economía colapse por la cuarentena y una profunda recesión agravada por el brote de coronavirus. Pero también es cierto que son partidas improvisadas ante la emergencia.

Hasta el momento, según un relevamiento que hizo LA NACION, de los dos puntos del PBI que Alberto Fernández anunció en medidas para morigerar el efecto de la pandemia solo llegó a los bolsillos de los argentinos una séptima parte de lo comprometido por el Gobierno.

En esta primera etapa, siguiendo la lógica que impuso desde el inicio de su gestión, Alberto Fernández priorizó a los más vulnerables. "Me podrán decir que perdimos dos puntos del PBI, pero nadie puede decir que no hicimos todo lo que está a nuestro alcance para evitar muertes", les dijo a sus colaboradores en medio del debate sobre el efecto de sus decisiones sobre la economía.

A partir de los próximos días, tras la formalización de la extensión de la cuarentena hasta Semana Santa, comenzará una segunda etapa que tendrá a las pymes como preferencia.

Los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Claudio Moroni (Trabajo) trabajan en los detalles de la implementación de la ampliación y celeridad del Programa de Recuperación Productiva (Repro) para garantizar el pago parcial de las pymes de menos de 25 empleados afectadas por la cuarentena obligatoria. Eso sería en una primera etapa, según confiaron fuentes oficiales.

Entre las cosas que ya ejecutó el gobierno nacional, se cuentan el bono $3103 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que tuvo un costo -o inversión según las palabras del jefe del Estado- fiscal de unos $11.175 millones.

Un monto superior es lo que significó el bono para jubilados y pensionados del haber mínimo de $3000. Según las estimaciones, los cuatro millones y medio de jubilados alcanzados por el beneficio representaron un gasto de $13.531 millones.

Mientras que casi 1700 millones de pesos fueron destinados para cubrir el bono que percibieron las 550.000 personas que cobran planes sociales.

Si bien aún está en una etapa preliminar, recién se puso en marcha y en solo un día hubo más de 3 millones de inscriptos -la semana que viene comenzará la revisión para descartar a los que no cumplen los requisitos-, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que tiene previsto entregar $10.000 en abril a los monotributistas de las categorías A y B y los trabajadores informales, representará un gasto total de 36.000 millones de pesos.

El Ministerio de Desarrollo Social, que lidera Daniel Arroyo, el ministro con mayor cantidad de presupuesto, sumó en los últimos días un refuerzo de 2000 millones de pesos para la política alimentaria y $1600 millones, para robustecer planes sociales. En todos los casos, las partidas podrían repetirse.

Además, en acuerdo con los 24 intendentes del conurbano, decidió enviar 300 millones adicionales para la compra de alimentos y artículos de limpieza. La situación social en el conurbano bonaerense es uno de los temas que más preocupan por estas horas al Presidente, que sigue minuto a minuto lo que ocurre ahí con el gobernador Axel Kicillof.

Esto es parte de la reasignación de partidas que decidió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En los últimos días, el ministro coordinador decidió sumar otros $38.600 millones a planes alimentarios y $8000 millones para reforzar el Ministerio de Salud.

Esta semana el Presidente también firmó un decreto con el otorgamiento de un bono estímulo de $20.000 para unos 500.000 trabajadores de la salud, que se realizará en cuatro pagos mensuales de 5000 pesos e incluye pasantías y residencias. A ellos se sumó la bonificación para las fuerzas de seguridad. En total, se estima que percibirán este dinero 800.000 personas. Otros 12.000 millones.

El pago extraordinario al personal de la salud y seguridad es parte de las medidas a las que apeló la Casa Rosada para hacerle frente a la crisis social y económica, que se presenta en paralelo a la crisis sanitaria, a pesar de que en este caso funciona más como una gratificación por el rol de estos sectores en la lucha contra la pandemia que tiene en vilo al mundo.

En los 100.000 millones de pesos están incluidos los 3000 millones de pesos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que el gobierno nacional giró a las provincias para calmar los crecientes pedidos de los gobernadores.

La segunda parte, también de 3000 millones, llegará a las alicaídas arcas provinciales en la primera semana de abril.

Además, los gobiernos provinciales ya recibieron un millón de dólares cada uno de las líneas de crédito por US$65 millones de organismos multilaterales y préstamos por $2500 millones para destinar al sistema salud.

"Es importante que lo anunciado se vaya concretando lo antes posible y que no haya dudas de que los sueldos privados y públicos de abril se pagarán sin problemas y que el empleo formal se sostiene. El aumento del déficit y la emisión de pesos hoy no es lo relevante, pero hay que evitar un colapso de la economía y costos futuros mayores", describió Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

Todavía sin datos oficiales. Desde la Casa Rosada informaron que $360.000 millones son de gasto fiscal directo, mientras que otros $300.000 serán destinados a préstamos para pymes. De hecho, en los últimos días creció la oferta de préstamos bancarios con la mira puesta en aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas.

En el amplio paquete de medidas que anunciaron Guzmán y Kulfas, hace 12 días, con el propósito de amortiguar la caída y propender a compensar los efectos de la cuarentena, estaba incluida una serie de líneas de créditos blandos por unos $350.000 millones para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía en esta coyuntura.

Si bien algunos bancos ya están trabajando en esta línea de financiación con tasas preferenciales, hasta ayer no había datos oficiales sobre la cantidad de dinero otorgado.

Uno de los anuncios que aún no se implementaron fue el incremento del presupuesto del Ministerio de Obra Pública.

Según anticiparon Guzmán y Kulfas, la cartera que encabeza Gabriel Katopodis sumará $100.000 millones para inversión destinada a obras viales y de infraestructura económica, construcción y refacción de viviendas, construcción y refacción de escuelas y jardines maternales y turismo.

Pero hasta el momento el dinero no llegó. La ejecución del presupuesto, según explicaron cerca del ministro, es total. En el marco de la emergencia, Katopodis trabaja en la construcción de dos hospitales en La Matanza y puesta en marcha de ocho hospitales modulares -demandarán una inversión de $1040 millones para su ejecución y equipamiento-, de los cuales cinco están distribuidos en el conurbano y los otros tres en Chaco, Córdoba y Santa Fe.

También se informó el relanzamiento del plan Procrear para impulsar el sector de la construcción -uno de los más afectados por la recesión- y hacer posible la compra o refacción de hogares. Se trata de 200.000 créditos de hasta $30.000 cada uno.

Cerca del Presidente también destacaron otras medidas que, si bien no tienen costo fiscal, son de vital importancia para la gente como la implementación de precios máximos para alimentos y productos de primera necesidad, la suspensión temporaria del corte de servicios públicos por falta de pago y la interrupción del cierre de cuentas bancarias hasta el 30 de abril por el rechazo de cheques por falta de fondos.