El informe oficial que terminó por destapar la olla

La investigación que amenaza con derivar en un monumental pedido de indagatorias a intendentes parte de una serie de irregularidades descubiertas en una auditoría conjunta entre el Ministerio de Ambiente y la Sigen. Sobre todo se señala la ausencia de controles y el envío de cantidades sospechosas de dinero a municipios que tienen marcadas diferencias. Al menos por ahora, la causa se enfoca en el delito de malversación de caudales públicos, aunque la fiscalía, según pudo saber LA NACION, no descarta otros delitos.

En una síntesis del requerimiento de instrucción a la que tuvo acceso este diario están consignadas las irregularidades que originaron la causa. Un apartado es general y otro se enfoca en los municipios de la provincia de Chaco.

Por el momento no hay imputaciones "porque la pesquisa está en estado incipiente", dice el texto al que accedió LA NACION. La auditoría detectó que, entre 2013 y 2015, los giros de fondos del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) tuvieron irregularidades.

Se concluyó que había expedientes que caminaban rápidamente y otros que quedaban trabados. "Se verificaron diferencias sustanciales en el tiempo de tramitación de las solicitudes, pasando de proyectos con fondos transferidos a los dos meses de su presentación a otros que, habiendo transcurrido más de 76 meses, aún se encontraban en trámite", es una de las conclusiones del análisis.

El estudio de los expedientes administrativos arrojó que hubo "modificaciones e incumplimientos" en la ejecución de proyectos, y que los controles tenían "diferentes falencias".

Algunos municipios bonaerenses beneficiados fueron Quilmes, General Belgrano, Bahía Blanca, Ensenada, José C. Paz y General Pueyrredón, entre otros. El caso de los municipios de Chaco, a los que se destinó el 29,4% de los fondos del programa, generó una auditoría específica en esos distritos. "En el 72% de los expedientes relevados se transfirieron sumas similares, por un valor de $ 3.500.000", se señala en una de las conclusiones, en la que se remarca que "se identificaron proyectos por exactos montos para municipios que van desde los 651 hasta los 32.714 habitantes". En varios municipios chaqueños del programa "no hubo erradicación de basurales a cielo abierto". Además de las indagatorias de los ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, otros funcionarios kirchneristas fueron indagados por el juez Claudio Bonadio. El ex secretario de Ambiente Juan José Mussi (concejal electo en Berazategui) y el ex jefe de Gabinete de Asesores de esa secretaría, Andrés Meiszner (ex titular del Renar) son parte de esa lista de, hasta ahora, 14 nombres.