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El juez Ariel Lijo quedó al frente de una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia
El expediente, que llegó desde la Justicia porteña, permanecerá Comodoro Py tras una intervención de la Cámara Federal; es por el rol del presidente de la AFA como funcionario bonaerense
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LA NACION
El juez Ariel Lijo quedará a cargo de una causa por enriquecimiento ilícito contra el presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por su rol como funcionario bonaerense al frente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
El caso se originó en abril con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni en la Justicia porteña, que se declaró incompetente y remitió el expediente a Comodoro Py. Ayer, la Cámara Federal cerró una disputa por la competencia y dejó firme la intervención del juzgado de Lijo.
La Ceamse es la empresa estatal que integran en conjunto la ciudad y la provincia de Buenos Aires y tiene a su cargo la gestión de los residuos generados en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tapia representó a la Ciudad hasta 2024 y, desde enero del año pasado, integra el directorio en representación de la Provincia.
Ese cargo, y no la presidencia de la AFA, habilita que pueda ser investigado bajo la figura de enriquecimiento ilícito, un delito que solo pueden cometer funcionarios.
Como presidente de la AFA, Tapia enfrenta otros casos, como el que investiga la quinta de Pilar, que tramita en la Justicia de Campana, o el de presunta evasión impositiva, por el que está procesado junto al tesorero Pablo Toviggino.
Contradenuncia
Ayer, en otra resolución sobre competencia, la Cámara Federal resolvió que una denuncia que Toviggino formuló contra el expediente impositivo tramite en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti.
En la denuncia, el tesorero sostiene la existencia de un complot entre el juez que lo procesó, Diego Amarante, y las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que inició ese expediente.
Según el tesorero, habrían existido comunicaciones informales entre el juez y funcionarios de ARCA para que el organismo recaudador ampliara la denuncia inicial contra él y otros dirigentes de la AFA, con el objetivo de agravar la imputación.
La Cámara resolvió ayer que ese expediente corra de forma separada a una tercera causa, que tramita en el juzgado de María Servini, cuya denuncia inicial también tiene como hipótesis un supuesto complot del Gobierno contra la AFA.
LA NACION
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