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El juez López Biscayart deja el caso contra Macri por el envío de municiones a Bolivia
Se la envió a su colega Alejandro Catania, porque dijo que intervino en primer lugar con una denuncia similar presentada por el exjuez Eduardo Freiler
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LA NACION
El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart dejó la investigación de la denuncia " class="com-link break-word" data-mrf-recirculation="n_link_parrafo">denuncia por contrabando contra Mauricio Macri por el envío de municiones a Bolivia tras la caída de Evo Morales. El caso quedará en manos de su colega Alejandro Catania.
El magistrado dijo que durante la feria judicial tomó las primeras medidas de prueba en el expediente, pero que una denuncia similar por los mismos hechos y con los mismos imputados ingresó minutos antes en el juzgado de su colega. Por eso declinó la competencia y envió el caso a Catania.
Catania puede aceptar la competencia o rechazarla y entonces se plantearía un conflicto que debería resolver la Cámara de Apelaciones en lo penal Económico.
López Biscayart explicó que su causa se inició el 13 de julio de 2021 -a las 8.01-, por una denuncia presentada, mediante un correo electrónico que ingresó a las 16:27 del día anterior, ante la Mesa de Entradas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Era una denuncia de las máximas autoridades de tres altas reparticiones del Poder Ejecutivo: los ministros Sabina Frederic (Seguridad), Martín Soria (Justicia) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
En tanto, la causa de Catania se sorteó el 13 de julio del 2021 a las 7.48. Esa denuncia, que fue presentada por el excamarista Eduardo Freiler, ingresó mediante un correo electrónico que fue recibido por la Mesa de Entradas del fuero el 12 de julio, a las 13:47.
En ambos casos interviene el fiscal Claudio Navas Rial, que requirió investigar al denuncia y propuso las primeras medidas de prueba.
Navas Rial enumeró como imputados en el caso al expresidente Macri y a sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa). También, al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, al exdirector de la Gendarmería Gerardo José Otero, al exdirector de Logística de la Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones de esa fuerza Carlos Miguel Recalde.
El fiscal circunscribió su requerimiento a delitos vinculados con lo aduanero. No incluyó, a diferencia de lo planteado por el Poder Ejecutivo, las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad ni “los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.
Tampoco incorporó en su lista de imputados al excanciller Jorge Faurie ni a los exdirectores Diego Dávila, de la Aduana, y Eugenio Cozzi, de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que sí integran la nómina de los denunciados por el Gobierno.
El Gobierno acusó a Macri, tres de sus ministros y otros exfuncionarios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para consolidar la caída de Evo Morales y colaborar con las fuerzas armadas y de seguridad en la represión de las protestas.
La denuncia tuvo como base una carta que hizo pública la cancillería boliviana que le habría enviado el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara (hoy preso) el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino Álvarez García agradeciéndole “la colaboración” y comunicándole el recibo de una serie de elementos que detallaba y definía como “material bélico”.
Terceros Lara negó que la carta fuera auténtica y Álvarez García dijo no haberla leído, pero un agregado naval cuya firma aparece en la copia de la carta que tiene la FAB reconoció que esa rúbrica era suya; es decir, que él la había recibido.
En el macrismo sostienen que la denuncia no tiene fundamento y que ellos, por el contrario, colaboraron con Evo Morales y le dieron incluso asilo en la embajada argentina a dos funcionarios de su gestión; uno de ellos, un hombre clave de su entorno: el exministro de Gobierno de Bolivia Carlos Romero.
En un primer momento, estaba previsto viajar con 3600 municiones AT 12-70 (balas de goma), pero luego Yavorski, el entonces director de Logística de Gendarmería -uno de los imputados de hoy- amplió el pedido de autorización para sacar otras 70.000. La solicitud la hizo ante la Anmac.
Esas municiones no regresaron a la Argentina y en julio del año pasado -durante el gobierno de Fernández- Gendarmería informó que las habían gastado en Bolivia en “ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”. Quien hizo esa declaración oficial fue Recalde, otro de los imputados por Navas Rial.
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