Una jueza de Río Grande ordenó a 19 empresas que dejen de pescar en aguas de Malvinas sin permiso argentino

La Justicia federal de Río Grande ordenó a doce empresas pesqueras con domicilio en España y a siete sociedades mixtas hispano-isleñas que se abstengan de pescar en aguas argentinas sin habilitación de la autoridad nacional, y la orden incluye expresamente el mar que rodea a las islas Malvinas. La jueza Mariel Borruto dictó la medida cautelar el 6 de noviembre, en el expediente FCR 16446/2026, promovido por la Fundación Agustina Lerena.

La cautelar fue firmada el viernes pasado y alcanza tanto al mar territorial como a la Zona Económica Exclusiva, incluidas las aguas que rodean a las islas Malvinas. Es provisoria, no llega a la alta mar y deja afuera, por ahora, a bancos, astilleros y aseguradoras. La notificación se dará a las empresas a través de Cancillería. “Es un hecho de absoluta relevancia”, aseguró el especialista Daniel Guzmán.

El fallo no declara culpable a nadie: la propia jueza aclara que no es un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas, pero fija una prohibición concreta y, sobre todo, una determinada interpretación jurídica del conflicto: para la magistrada, lo que se pesca alrededor de las islas no es un asunto aparte, sino parte del mismo ecosistema que la Argentina administra.

En este sentido, mientras no obtengan un permiso de la autoridad de aplicación de la Ley Federal de Pesca, las empresas alcanzadas deberán abstenerse, por sí o mediante buques que armen, operen, fleten o gestionen, de capturar o extraer recursos vivos marinos, con cualquier arte de pesca; procesar a bordo las capturas obtenidas en esos espacios; transbordar o descargar esas capturas; e iniciar nuevas mareas o temporadas, o incorporar nuevos buques para esas actividades.

Las firmas españolas tienen sede en Vigo, Marín, Cangas y Moaña, en Galicia. Las sociedades mixtas figuran en la resolución con vehículos societarios domiciliados en Puerto Argentino-Stanley, como South Atlantic Squid, Petrel Fishing Company o Golden Touza.

Además, deberán informar bajo juramento, en diez días judiciales desde que sean notificadas, qué buques operan en esas aguas, con qué licencias, cuánto capturaron desde 2023, qué descartes registran, a qué puertos descargan y cuál es su estructura societaria. También deberán preservar toda la documentación: partes de pesca, diarios y registros satelitales.

Consultado sobre la medida, Guzmán del portal Agenda Malvinas dijo que “es de una importancia trascendental que apunta a empresas que operan en aguas circundantes a Malvinas y cuyos registros fueron publicados, es su propia información la que sirve de prueba. Tiene la relevancia de la documentación propia de los que están robando”.

La jueza parte de una premisa jurídica: la Disposición Transitoria Primera de la Constitución ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos. Por eso, sostiene, que las empresas sean extranjeras o actúen con licencias de la administración isleña “no enerva (debilita) la plena vigencia del derecho argentino”. La Ley de Pesca exige un permiso argentino para pescar en esos espacios.

En una aclaración que es política además de técnica, el fallo advierte que cuando los informes oficiales hablan de “aguas en disputa” o de la “ZEE disputada con el Reino Unido”, esas expresiones no alteran la condición jurídica de esas aguas.

Para acreditar la verosimilitud del reclamo la jueza se apoyó en informes y datos del Instituto Nacional de Investigación Pesquera (INIDEP). Entre ellos, que desde 1989, la administración isleña otorga licencias de pesca que le dejan ingresos promedio de más de 20 millones de libras anuales, con unas 230 licencias por año desde 2013. Los principales adjudicatarios, según el INIDEP, son España, Gran Bretaña con puerto de asiento en las islas, Corea del Sur y Taiwán.

Las capturas de buques de bandera española en ese sector pasaron de 59.001 toneladas en 2013 a 34.036 en 2017. Las de buques británicos con puerto en las islas fueron de 60.474 toneladas en 2013 y 63.859 en 2017. Las capturas de merluza común en ese sector subieron de 14.681 toneladas en 2014 a 62.829 en 2022.

Finalmente, se detalla que, en la temporada de calamar de 2026, el INIDEP estimó 110 poteros extranjeros operando en la zona económica exclusiva, frente a 84 poteros de bandera argentina. En 2025 hubo hasta 108 buques extranjeros por semana.

El tribunal subrayó otro punto: la Argentina no recibe partes de pesca ni declaraciones de captura de esa actividad, no embarca observadores ni inspecciona. El INIDEP debe estimar lo que se pesca a partir de imágenes satelitales y de rendimientos de buques argentinos. Esa falta de datos, razonó la jueza, impide fijar capturas máximas y cuotas realistas, y debilita las vedas que sí cumple la flota nacional.

Hay además un argumento de calendario. El calamar es una especie “cuya abundancia poblacional se renueva totalmente cada año”, según el INIDEP: lo que se extrae en una temporada reduce los reproductores que deberían asegurar la siguiente.

Para la jueza, esperar la sentencia definitiva implicaría que la pesca continúe temporada tras temporada sobre las mismas poblaciones.

La Fundación Agustina Lerena, que preside César Lerena, promovió una demanda colectiva por daño ambiental. Su patrocinante es el constitucionalista Eduardo Barcesat.

La fundación reclama la recomposición del daño y una indemnización que la fundación estima en US$26.465 millones por capturas entre 1989 y 2025.

Ese monto es una estimación de la parte demandante. La jueza había reconocido la competencia del juzgado y la legitimación de la fundación el 2 de noviembre. El fiscal federal se había pronunciado a favor de la admisibilidad de la acción y de la cautelar.

La medida es provisoria: cuando las demandadas se presenten, la jueza deberá revisarla, y podrá mantenerla, ampliarla, modificarla o levantarla. La notificación a las empresas, incluidas las radicadas en el exterior, queda a cargo de la fundación, que deberá hacerlo por la vía que corresponda en cada caso. La efectividad práctica de la orden sobre sociedades extranjeras dependerá de esas notificaciones y de los mecanismos jurídicos aplicables, advirtió la prensa regional.

El fallo incluye una pieza que puede pesar más adelante: la carga de la prueba. Como los datos sobre buques, licencias y capturas están en manos de las mismas empresas, la jueza dispuso que, si alguna niega pescar en esas aguas o invoca un permiso argentino, deberá respaldarlo con documentos.

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