El juez Sebastián Casanello no viajará a Suiza por el caso Lázaro Báez

El juez federal Sebastián Casanello finalmente no viajará a Suiza en el marco de la causa en la que investiga por lavado de dinero al empresario Lázaro Báez ante una invitación que le había realizado la Procuración General de ese país.

Fuentes judiciales informaron a la agencia de noticias DyN que ante la propuesta de la Corte Suprema de Justicia de reemplazar el viaje por una videoconferencia, los tribunales de Suiza decidieron que la causa se tramite por los caminos formales y que ese sistema de comunicación se realice cuando se establezca el delito precedente al de lavado de dinero.

La Justicia de Suiza invitó en octubre pasado a Casanello a mantener personalmente un "encuentro informal" sobre la causa por lavado con Paul Xavier Cornu, Procurador General suplente, ya que en aquel país se investiga una cuenta bancaria de 1.500.000 de dólares que pertenecería a Martín Báez, hijo de Lázaro.

Comunicaciones formales

Casanello aceptó la propuesta, invitó al fiscal Guillermo Marijuán y le pidió autorización y fondos a la Corte Suprema de Justicia para realizar el viaje. El máximo tribunal le preguntó al juez si era posible realizar una videoconferencia, lo que Casanello consultó con Suiza.

Desde aquel país ahora enfriaron la relación porque Suiza contestó que la videoconferencia era posible, pero cuando en la causa se establezca el delito precedente al de lavado de dinero y que ahora las comunicaciones se realizarán a través de los medios formales, mediante Cancillería de los dos países.

Casanello puso en conocimiento a la Corte de esta situación y fuentes cercanas a la investigación mostraron su descontento.

El viaje a Suiza le iba a permitir a Casanello y Marijuán -quien había sido autorizado a viajar por la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó,- acceder de manera directa a información, lo que hasta ahora no pudieron hacer.

El juez había solicitado vía exhorto información sobre la cuenta de Martín Báez, pero la Justicia de Suiza lo rechazó porque no se había especificado el delito precedente al de lavado de dinero, un requisito establecido en el tratado de cooperación y que en los tribunales locales todavía no se determinó.