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El juicio contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por Hotesur y Los Sauces comenzará antes de fin de año
Así lo evalúa el tribunal oral, que próximamente pondrá fecha a las audiencias; depuran la cantidad de testigos para hacer más ágil la etapa decisiva del proceso
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LA NACIONHernán Cappiello
El juicio contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner por la causa Hotesur y Los Sauces en la que ambos están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita comenzará antes de fin de año, anticiparon a LA NACION fuentes judiciales.
El Tribunal Oral Federal 5, presidido por el juez José Michilini, analiza anunciar en los próximos días la fecha de comienzo de las audiencias, que ya anticipan que arrancarán antes de las vacaciones de verano.
Los magistrados Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni -subrogante en el tribunal- comenzaron a preparar el juicio oral, que enfrentarán 17 imputados.
El siguiente paso es esperar las listas de las defensas y la fiscalía con sus propuestas de reducción de la cantidad de testigos. Había más de 300, pero se acordó que se reducirían en un 30 o 40 por ciento.
Una vez que se presente el listado definitivo de testigos, con las propuestas de los acusadores y los defensores, se darán por incluidas las declaraciones que prestaron esos mismos testigos en la primera etapa de la instrucción, sin necesidad de que vuelvan a comparecer en el juicio.
Con este procedimiento definido y la entrega final del peritaje contable sobre los fondos transferidos desde las empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez a las empresas de la familia Kirchner, se estará en condiciones de fijar la fecha de inicio del juicio oral.
El delito precedente del lavado de dinero en el caso de Lázaro Báez sería los actos de corrupción comprobados en la causa Vialidad, mientras que, respecto de López, los beneficios impositivos que recibió para su petrolera Oil Combustibles, causa por la que finalmente fue absuelto y en la que solo fue condenado Ricardo Echegaray.
Un tema espinoso que queda por definir es la integración del tribunal oral que realizará el juicio. Michilini y Palliotti son jueces titulares y no se discute que serán de la partida. En cambio, Machado Pelloni es suplente desde febrero de este año.
Si las audiencias comienzan antes de que finalice la subrogancia de Machado Pelloni, este juez se quedará todo el juicio en el tribunal. Lo mismo sucedería si se pone fecha al juicio y Machado Pelloni permanece en el cargo, interpretan algunos magistrados.
El concurso para designar al juez titular ya está avanzado y el Consejo de la Magistratura envió al Poder Ejecutivo una terna de nombres para cubrir el cargo. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aún no envió ese nombre al Senado para pedir el acuerdo.
En tanto, existe un debate en Comodoro Py acerca de qué pasaría cuando el Gobierno finalmente designe y el Senado confirme a un titular para esa vocalía.
La duda sería si ese nuevo magistrado podría “correr” a Machado Pelloni y sumarse al tribunal que lleva adelante el juicio a Cristina Kirchner. O, por el contrario, si corresponde que el mismo tribunal que empezó el debate oral debe terminarlo, lo que impediría el reemplazo una vez arrancado el juicio.
Hay consenso mayoritario en que el nuevo titular no podría juzgar a Cristina Kirchner porque el tribunal ya quedó conformado con el subrogante, aunque el asunto será motivo de debate e impugnaciones por parte de los abogados defensores.
La acusación del fiscal
Otro tema espinoso es la acusación fiscal. En esta causa Cristina Kirchner y Máximo Kirchner están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero, según el auto de elevación a juicio.
La hipótesis es que Cristina Kirchner integró una asociación ilícita con otras personas y obtuvo dinero de la corrupción que fue lavado mediante las transferencias que le hacían los empresarios beneficiados por el kirchnerismo, como Báez y López. Máximo Kirchner integraba las empresas de los Kirchner.
Pero Cristina Kirchner fue absuelta por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad, donde fue condenada por fraude a seis años de prisión, que está cumpliendo detenida en su domicilio.
Por eso el abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, pidió cambiar los términos de la acusación hace una semana.
Beraldi, como otros colega en Tribunales, entienden que “debería readecuarse la plataforma fáctica de la acusación”, ya que si ya fue absuelta por este delito en el caso Vialidad y ese fallo quedó firme con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, no podría volver a ser juzgada por el mismo delito.
La fiscalía en principio no comparte la idea de que haya que readecuar nada, revelaron fuentes judiciales a LA NACION. Al menos en el comienzo del proceso; luego se vería con el avance del caso y a la hora de pronunciar el alegato final.
No está en la voluntad de la acusación forzar una figura penal para sumar más pena, cuando la figura agravada del lavado presupone cierta organización y el delito tiene una pena máxima importante.
En una audiencia de organización del futuro juicio oral realizada el 4 de septiembre pasado los jueces Michilini, Machado Pelloni y Palliotti resolvieron que las audiencias se desarrollarán de manera presencial en los tribunales federales de Comodoro Py, tres veces por semana.
Estas causas investigan un supuesto lavado de dinero proveniente de contratos con el Estado a través de negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner.
“No va a haber virtualidad”, repitió en distintos tramos de la audiencia el presidente del Tribunal, José Michilini.
El juez transmitió que en las audiencias probatorias en las que declaren testigos, los imputados podrán estar representados por sus defensas, pero en aquellas otras en las que se requiera la participación de los acusados, como en las indagatorias, todos deberán, sin excepción, estar presentes en la Sala AMIA de Comodoro Py.
Así, la expresidenta deberá acudir a los tribunales cuando le toque ser indagada, como lo hizo en el juicio por los cuadernos de las coimas, que se está desarrollando.
El TOF 5 fue enfático respecto de que el principio general que regirá el juicio será la presencialidad. Incluso anticipó que, si alguna de las audiencias previstas no pudiera concretarse durante la semana por cuestiones de agenda, podría realizarse durante el fin de semana.
El tribunal dejó abierto un margen para la virtualidad para aquellos imputados que no residan en la capital y quieran poder seguir las audiencias en las que su presencia no sea un requisito. Se evaluará caso por caso.
No hubo alusiones explícitas a si el juicio será transmitido por YouTube, como sucede con otros procesos, como el de los cuadernos. El juez afirmó que no hay dudas respecto a la publicidad del juicio, pero no se asomó a esta cuestión.
El fiscal Diego Velasco insiste con su pedido para que se fije fecha de inicio.
Todas las partes acordaron que se lea una versión reducida del requerimiento de elevación al comienzo, para que el proceso gane agilidad.
El abogado Beraldi pidió la exclusión de unos 30 testigos propuestos por la Oficina Anticorrupción, dado que este organismo no es parte del expediente.
En cambio, de la audiencia también formaron parte los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en la causa.
Una parte de la acusación busca probar que el dinero recibido por el empresario Lázaro Báez a través de contratos irregulares de obra pública en la provincia de Santa Cruz fue redirigido al patrimonio de la familia Kirchner mediante el alquiler de uno de sus hoteles.
Por eso, los casos Vialidad y Hotesur-Los Sauces comparten un trasfondo común. La primera parte de esa hipótesis fue juzgada en la causa Vialidad, donde se acreditaron numerosas irregularidades en la adjudicación y la ejecución de esos contratos. La segunda es la que se juzgará en este proceso, junto con otras maniobras similares.
Historia del caso
El caso Hotesur-Los Sauces fue elevado a juicio oral hace cinco años. El Tribunal Oral Federal 5, con otra integración y los votos de Adrián Grunberg y Daniel Obligado, sobreseyó a todos los acusados, incluidos Cristina y Máximo Kirchner, sin juzgarlos.
Pero esa sentencia fue revertida por la Sala I de la Cámara de Casación (con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone), que excluyó del caso a la hija de la expresidenta, Florencia Kirchner.
La Corte Suprema rechazó todos los recursos de las defensas y pidió hace dos años celeridad en la realización del juicio aún sin fecha.
Entre los acusados también se encuentran Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de Mercado y directivo de la compañía.
También Báez, dueño de Austral Construcciones, Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.
El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre S.A.; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.
Tipo de trabajo:noticia original
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