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El malabarista de la ilegalidad
Borges decía que, dado que el universo es infinito, podemos seguir cayendo infinitamente. Alberto Fernández está dispuesto a poner el cuerpo a esa ironía. No para de caer. Primero, recurrió a la cadena nacional para denunciar una reunión de varios jueces, un espía, dos ejecutivos de Clarín y dos funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, de la que, como él reconoció en ese momento, se enteró por medios clandestinos. En menos de una quincena anunció que no acataría un fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos días está combinando ambas desviaciones: se sirve del espionaje irregular para promover el juicio político del máximo tribunal del país, empezando por su presidente, Horacio Rosatti. Fernández ya es un malabarista de la ilegalidad: pretende inaugurar una práctica aberrante que es la de condenar a alguien por el contenido de sus conversaciones privadas. Sería interesante que, mientras avasalla estas prerrogativas, Fernández tuviera la caballerosidad de, al menos, poner a disposición del público el contenido de su teléfono. Lo más insólito de todo: él consagra estos atropellos en nombre del Estado de Derecho.
No hay que ser abogado para saber que los fallos están para ser obedecidos. Más todavía cuando nos parecen equivocados. Es en ese caso cuando más brilla el imperio de la ley. Tampoco se necesita ser un experto para entender que las garantías tienen carácter universal. La Constitución no resguarda la privacidad de las comunicaciones, a pesar de que, sino por que en esos intercambios puede haber mensajes impresentables. Si todos los chats fueran angelicales, no habría necesidad de protección.
La judicialización que hace Fernández de la intervención subrepticia de una comunicación es un catastrófico homenaje a Héctor Timerman. El excanciller fue procesado en la causa por el Memorándum con Irán por una conversación privada con el presidente de la DAIA, Guillermo Borger. El juez Daniel Rafecas rechazó esa prueba. Pero Claudio Bonadio la admitió. Los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky le dieron la razón. Pésimo antecedente al que hoy, “con esa lógica peculiar que da el odio”, pretende apelar Fernández.
El Presidente es consciente de estas contradicciones. Pero para entender su estrategia no hay que detenerse en el desaguisado institucional que está protagonizando. Su propósito es político. Para entenderlo hay que leer el contexto en el que actúa. En el peronismo se está disputando la candidatura presidencial para las elecciones de octubre. El torneo es más encarnizado desde que Cristina Kirchner dijo que no va a competir. Fernández cree que él está en condiciones de hacerlo. Fantasea con la reelección. Compite con Sergio Massa y Eduardo “Wado” De Pedro, dos de sus ministros. Además de convencer al electorado, es imprescindible que seduzca a la vicepresidenta. Fernández regresa al 15 de mayo de 2019, cuando aseguró que los jueces Ercolini, Bonadio, Iruruzun, Gustavo Hornos y Gemignani “deberán algún día explicar las barrabasadas que escribieron sobre Cristina”. Tres días después, la señora de Kirchner lo postuló a través de Twitter. ¿Alguien le había pedido esa profesión de lealtad? Tal vez no hacía falta. El Presidente intenta que la historia se repita.
Fernández está dispuesto a poner en crisis la institucionalidad para reconquistar aquella bendición. Por eso fue contra la Corte, que es la obsesión de su jefa. El desafío era importante. No porque faltaran gobernadores para iniciar un juicio político. Debía conseguir que un juez federal acepte una denuncia basada en una intervención de inteligencia sobre un chat privado. Fue al lugar más fácil: Santiago del Estero. El gobernador Gerardo Zamora también está en carrera por el beneplácito de Cristina Kirchner para ingresar en la escena nacional. Zamora, convertido en un celoso custodio de la imparcialidad de la Justicia, ordenó al juez federal Guillermo Molinari que acepte una denuncia basada en información obtenida por medios ilegales. No le costó mucho: Molinari sigue en funciones gracias a que su jefe, Zamora, logró que no prosperaran denuncias en su contra por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura. De inmediato, el juez quiso requisar el teléfono de Silvio Robles, empleado de la Corte que colabora con Rosatti. Quería conocer las conversaciones de Robles con Marcelo D’Alessandro. Pero no pidió el teléfono de D’Alessandro. Tal vez sólo quería entrar al celular de un colaborador de Rosatti, para llegar al de Rosatti. Lo concreto es que Molinari aceptó que se puede investigar a un ciudadano a través de procedimientos que están fuera de la ley.
No debería sorprender que en Santiago del Estero se entienda la legalidad de esa manera. La pésima calidad institucional de la provincia está llamando la atención de quienes en el exterior estudian las redes del narcotráfico internacional. El 30 de noviembre pasado, el especialista Douglas Farah, titular de la consultora IBI, publicó un informe titulado “Un caso de estudio de la convergencia criminal internacional: Santiago del Estero, Argentina”. Farah analiza desde hace más de veinte años problemas de seguridad internacional en América latina. Su instituto presta servicios al Banco Mundial, el FMI, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa, la DEA y la OEA entre otras instituciones. A menudo Farah suele ser requerido como testigo por el Congreso norteamericano sobre temas de su especialidad.
En su informe sobre Santiago del Estero este consultor afirma que esa provincia “es el epicentro donde convergen muchas redes criminales y de corrupción, tocando al gobernador, su familia, la familia de su esposa y a la poderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”. Farah explica que el comercio de la droga, sobre todo de la cocaína, se está reorientando y va desde Perú y Bolivia hacia la Argentina, Chile y Uruguay, en busca del rentable mercado europeo.
Santiago del Estero sería un nudo central de ese comercio por el cual la cocaína baja por la ruta 34, para ser enviada hacia los puertos de Chile y el Atlántico. Una de las condiciones que convierten a Santiago, según Farah, en un “portaviones del narcotráfico”, es el sometimiento absoluto del poder judicial y un dominio muy extendido sobre los medios. Esa maquinaria protege a los propios y persigue a los críticos. La utopía kirchnerista.
El autor atestigua que durante una visita a la provincia, advirtió un movimiento inusitado de dinero en efectivo que alimenta una de las estructuras políticas más sofisticadas del país. La que controlan Zamora y su esposa, Claudia Ledesma Abdala, quienes han gobernado la provincia desde 2005.
Farah señala que Santiago también es la puerta de entrada para la Argentina del Primer Comando Capital, máxima banda criminal de la región, controlada desde las cárceles de Brasil. Según el autor, el narco protege a estos delincuentes y la policía provincial ampara al narcotráfico.
Para Farah, gran parte del poder del matrimonio Zamora proviene de la protección de que reciben de Cristina Kirchner, en términos políticos y fiscales.
Farah también menciona otra práctica ilegal del autoritario reino de los Zamora: la toma de tierras a partir de la intromisión de comunidades indígenas alineadas con el matrimonio en propiedades rurales privadas. El caso más notorio es el de la apropiación de los campos de la familia Masoni.
Zamora se jactó de que, con tal de defender a los santiagueños de los porteños, estaba dispuesto a ir preso. Le contestó María Eugenia Talerico, dirigente de Republicanos Unidos, el partido de Ricardo López Murphy: “Lo más probable es que vaya preso por el narcotráfico que existe en la provincia”. Talerico había leído a Farah.
El sombrío panorama que pinta este investigador norteamericano inspira una pregunta: ¿A Zamora lo mueve, en su ataque a Rosatti, la defensa de los intereses económicos de Santiago del Estero? ¿O su alarma tiene otros pliegues? La pregunta tiene sentido porque Rosatti ha puesto el problema del narco en el tope de la agenda de la Corte.
Alberto Fernández también presenta a Rosatti y al resto del tribunal como la servidumbre del Pro. En el pedido de juicio político hasta habla de que la esposa de Robles, Laura Latorre, experta en comunicación, está identificada con el macrismo, porque trabajó con Mario Quintana. Olvida Fernández que, cuando él era jefe de Gabinete, Latorre, a pocos metros suyos, asesoraba a Néstor Kirchner.
Mientras tanto, la democracia argentina soporta el agravio cada día más intenso de un submundo sin control alguno. Es obvio que el beneficiario de las operaciones de inteligencia que se están multiplicando es el kirchnerismo. Por eso es verosímil que la mano negra opera desde ese lado. A los periodistas que lo sugieren, como Joaquín Morales Solá o Daniel Santoro, Agustín Rossi los persigue en la Justicia. Rossi se convierte en el discípulo más tardío del tenebroso Antonio Stiuso, que prestaba esos servicios para Francisco Larcher y para Kirchner. No falta nada.
Aún así, la ciénaga es complejísima y, por lo tanto, muy confusa. El Pro pretende, con lógica política, encuadrar toda la historia como un enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. Reaparece entonces, desde “la neblina del ayer”, César Milani. Este militar, que prestó servicios a Cristina Kirchner cuando ella expulsó a Stiuso, ya no es el que era. Si tiene un enemigo, se llama Rossi, quien lo desplazó de la jefatura del Ejército en su primer paso por el Ministerio de Defensa. Más adelante Milani perdió el afecto de la vicepresidenta, acusado por malas compañías. ¿Quedan amigos de Milani en Defensa? Sí, sobre todo en el Estado Mayor Conjunto. Es una hipótesis.
Hay otras. Hace alrededor de seis meses, Mauricio Macri advirtió a Larreta que le había llegado, por vía de Stiuso, que el ministro D’Alessandro tenía una relación estrecha con el juez Federico Villena. También mencionó a Robles. Para Macri, Villena es un gran objetivo: fue quien inició las investigaciones de espionaje ilegal durante su gestión, en Lomas de Zamora. Larreta preguntó en aquel momento por qué esa proximidad afectaba a su gobierno. Al poco tiempo, a través del binguero Daniel Angelici, D’Alessandro consiguió una reunión con Macri. Al parecer aclaró su situación.
No la aclaró, sin embargo, con Stiuso. El día en que al secretario privado del espía jubilado, Lucas Nejamkis, le robaron un bolso en el restaurante Selquet, en otra mesa estaba Jorge Macri, con un periodista. Cuando Nejamkis recibió la solidaridad de Macri, estalló: “Esto me lo hace D’Alessandro. Nos espía, y además nos manda a robar”. El plural incluía a Stiuso. ¿Este conflicto está detrás de los ataques contra D’Alessandro?
Otra posibilidad: ¿será la venganza de la exministra Patricia Bullrich? Gerardo Millman, su mano derecha en Seguridad, está convencido de que los ataques que recibió por el tipo de personal con que se rodea, provenían de D’Alessandro. Sobre todo por una intervención del fiscal Augusto Troncoso, íntimo del ministro con licencia. El Pro atraviesa su primera gran interna. ¿Lo estará haciendo de este modo?
Una curiosidad interesante: de pronto, las personas más destacadas del Pro en materia de Seguridad e Inteligencia atraviesan un infierno. ¿Alguien los agrede para quedarse con esa área en un eventual gobierno de Cambiemos? A Millman y D’Alessandro, se suma Diego Santilli, cuyo celular también fue intervenido. Y Cristian Ritondo fue el blanco de una feroz denuncia de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que lo vinculó con el fiscal Claudio Scapolán, acusado de comandar una banda de policías narcos. En tribunales a Arroyo siempre se la tuvo como un ejemplar de la escudería de Stiuso.
Todas estas incógnitas convergen en una conclusión: la AFI es un museo de cera, como escribió Hugo Alconada Mon, y el submundo se encuentra sin control. El “sottogoverno” se convirtió en “sottoanarchia”. Ese bajo fondo se cobró un ministro de Larreta. Es gravísimo: se lo entregó a un verdugo sin rostro, por culpa de una infiltración clandesina. D’Alessandro no aguantaba la presión. ¿Habrá nuevas víctimas? ¿Llegarán pronto los chats de Santilli? ¿Arroyo tendrá nuevas revelaciones sobre Ritondo?
A propósito de esta jueza, acaba de excusarse en una investigación inquietante. A su juzgado federal llegó un pedido de hábeas corpus por la desaparición de César Jaunarena. Se trata de un testigo en el juicio por el robo de dinero y alhajas a Sergio Massa y Malena Galmarini en julio de 2013. Jaunarena había denunciado que en el registro de esos bienes se habían cometido irregularidades. Después reveló presiones sobre él y su familia y se mudó a Misiones. Ahora el abogado de sus padres denunció que no saben donde está. Salgado presentó sus argumentos en la comisión de juicio político que analiza la situación de Scapolán por su vinculación con el narcotráfico. ¿Qué tiene que ver Scapolán con los Massa? Al parecer, fue quien corrigió la declaración de bienes sustraídos para que fuera más prolija. Arroyo, insidiosa, no lo explica. Pero cuando fue suspendido, Scapolan tuvo sólo un voto a favor: el de una diputada de Massa.
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