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El plan de Perotti prevé que los directivos de Vicentin queden fuera del manejo de la empresa
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CORRESPONSAL EN ROSARIOGermán de los Santos
ROSARIO.-El plan delineado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que figura en el pedido de intervención que presentó en el juzgado de Reconquista, aparta al directorio de Vicentin del manejo de la empresa, a contramano de lo que decidió ese mismo día el juez Fabián Lorenzini. El gobierno santafesino cree que los directivos "son quienes la condujeron" a la agroexportadora "al estado de cesación de pagos que motivó la apertura del concurso".
Esta idea delineada en la propuesta de Perotti va de la mano de lo que afirmó a noche el presidente Alberto Fernández, al asegurar que "los Vicentin se van a ir de la empresa". Quedó relegado, por ahora, el plan inicial de expropiación, pero los directivos quedarían fuera de la conducción de la agroexportadora, que si el magistrado lo autoriza quedaría en manos de una intervención compartida entre el gobierno nacional y la provincia de Santa Fe.
El gobernador le pidió al magistrado que es necesario "desplazar, por vía de la intervención, a los actuales miembros del órgano de administración", que llevaron a esta empresa a que tenga un nivel de pasivo similar a sus activos: unos $100.000 millones.
"Existe un entramado societario que requiere control", advierte la propuesta de intervención de Santa Fe, en un contexto en el que "los integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación".
"A ello cabe agregar que la sociedad se encuentra sospechada de haber cometido delitos durante su gestión. Y también varios de ellos están siendo investigados", apuntaron en el escrito.
Perotti propuso una intervención tripartita, compuesta por los dos interventores designados por el gobierno nacional, Gabriel Delgado y Luciano Zariach, y uno por la provincia, que recae en la figura de Alejandro Bento, un hombre del círculo cercano del gobernador.
"Es crucial durante este tiempo una gestión empresaria adecuada, eficiente y austera, que permita generar recursos para lograr un acuerdo preventivo", ensayó el gobernador.
La intervención presentada por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) no propone plazos definidos, como sí lo hacía el decreto 522/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, que fijó en 60 días el periodo de administración ejercido por el gobierno.
El ensayo santafesino aclara que la intervención "es un remedio para la preservación de la persona jurídica y no una sanción", con el objetivo de que el Estado contribuya "a la conservación de la empresa, por su estrecha relación con el bienestar general".
"La propia concursada denuncia ser empleadora de casi 1300 personas y fuente de ingresos de otras tantas familias. En poblaciones como la de Avellaneda -con alrededor de 30.000 habitantes- la influencia de esos ingresos en la economía del lugar resulta innegable", argumentan en la propuesta presentada al juez.
En otro capítulo sobre los problemas de la agroexportadora, el escrito hace hincapié en que "el activo de la empresa es igual al pasivo de $100.000 millones". Y se desgrana el detalle de las deudas. Unos 1900 de los 2600 acreedores tienen su origen, de acuerdo con el documento, en la provisión de granos. "Sus expectativas de cobro están directamente relacionadas con la continuidad de la actividad productiva y la consecuente generación de fondos para hacer frente a esas deudas, que ascienden a una cantidad que supera los $25.000 millones".
A este pasivo se suma "la abultada deuda financiera, con numerosos bancos del país y entidades extranjeras por una cifra cercana a los $64.000 millones. Al fisco se adeudarían más de $1500 millones, en gran parte a organismos nacionales, provinciales y municipales", agrega la presentación, que ingresó el viernes al juzgado de Lorenzini.
El gobierno de Santa Fe pone la lupa también en la conformación societaria de empresa, que tiene varias particularidades. "Vicentín SAIC participa en 20 sociedades. A primera vista, ya aparece una enorme diversificación, según la cual Vicentín SAIC controlaría muy pocas sociedades", algunas a través de sociedades uruguayas, que –según el documento presentado en el juzgado– "ni siquiera menciona en el expediente de su concurso y que explotan, al menos, ocho actividades industriales distintas, con elevado volumen de producción y exportación".
Este plan alternativo que Perotti comenzó a transitar después de la resistencia que generó en el sector productivo el esquema de intervención y expropiación de Vicentin no tiene aún certezas sobre cómo serán el manejo y la administración de la firma, si se transformará en una empresa mixta con participación del Estado.
"Lo que tenemos claro es que el management de la agroexportadora estará en manos privadas. Estamos en conversaciones con el sector cooperativo, que es acreedor de Vicentin", explicó a LA NACION una fuente cercana al gobernador.
Perotti se reunió en la última semana con dos de los principales acreedores del sector agropecuario, pero los representantes de este sector aún mantenían serias dudas sobre involucrarse en un negocio en el que tienen mucho más para perder que ganar.
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