Después de dos años, el Senado aprobó la extinción de dominio y el proyecto vuelve a Diputados

El Senado aprobó esta madrugada y devolvió a la Cámara de Diputados en segunda revisión el proyecto de ley de extinción de dominio acordado entre el PJ y el kirchnerismo y rechazado por Cambiemos . La iniciativa modifica de manera sustancial el texto aprobado por la Cámara de Diputados en 2016 y busca acelerar la recuperación, a favor del Estado, de los bienes y fondos obtenidos mediante la comisión de delitos.

La iniciativa fue aprobada por 40 votos a favor y 26 en contra tras casi cuatro horas de debate en la misma sesión en la que se dio luz verde al juez federal Claudio Bonadio para allanar los domicilios particulares de Cristina Kirchner.

"Si hay algo que Cambiemos no está dispuesto a negociar es la agilización del proceso y la retroactividad de la ley", dijo Pamela Verasay (UCR-Mendoza), quien lamentó la falta de acuerdo entre las principales bancadas. "La sociedad está reclamando decencia", se quejó la senadora.

Ahora, el proyecto volverá a la Cámara baja, en donde el oficialismo promete insistir con la versión aprobada hace más de dos años, la cual fue duramente criticada por juristas y magistrados durante las exposiciones ante las comisiones del Senado.

El texto aprobado esta madrugada establece que la acción de extinción de dominio recién podrá iniciarse una vez que el juez decida la elevación a juicio oral de la causa penal. Es un cambio radical en relación a la versión aprobada por Diputados, que habilitaba el proceso con la simple imputación ante la Justicia.

Ante las críticas del oficialismo, el peronismo incluyó mecanismos destinados a agilizar el instituto del decomiso y estableció un sistema de "extinción de dominio anticipado" para los casos de flagrancia en el delito.

El oficialismo contrapuso un proyecto propio más en sintonía con lo que votó Diputados. La iniciativa, que salió de las comisiones como el segundo de tres dictámenes y que no llegó a votarse hoy, establecía la extinción de dominio como un proceso civil que se desarrollará en paralelo, y que incluso podría tener sentencia antes, a la causa en el fuero penal.

Además, contemplaba su aplicación con retroactividad, ya que permitía el inicio de la acción para extinguir la propiedad de los bienes obtenidos de manera ilícita en las causas penales que se encuentren en proceso o cuyas sentencias condenatorias no tengan más de cinco años de antigüedad.

El salteño Rodolfo Urtubey (PJ) defendió el proyecto de su bancada argumentando que respeta las garantías constitucionales al mantener la extinción de dominio dentro del fuero penal y esperar, al menos, una condena en primera instancia antes de avanzar con la acción que permita modificar, en favor del Estado, la propiedad de los bienes. "No es un capricho que hayamos establecido el fuero penal, porque jueces y fiscales ya tienen el entrenamiento y la práctica en casos de delitos complejos y organizados", afirmó.

"Las retroactividades no se consagran ni por decreto ni por ley, no sería muy prolijo que de este Senado saliera una norma de esa naturaleza", agregó Urtubey en directa crítica al proyecto que impulsaba el oficialismo.

"Cuando hay juicio oral ya hay semiplena prueba, hay un tribunal constituido que podrá evaluar la responsabilidad penal y resolver si hay bienes comprometidos con el delito cuya propiedad debe extinguirse y pasar a manos del Estado", agregó el jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto (Río Negro), en el cierre del debate.

Allanamientos

La votación en general que autorizó la media judicial ordenada por el magistrado Claudio Bonadio terminó con 66 votos afirmativos -incluido el de Cristina Kirchner-, 0 negativos y 0 abstenciones. Con esto, la Justicia podrá allanar tres inmuebles de la exmandataria: su departamento en Recoleta, ubicado en Uruguay y Juncal; una casa en Río Gallegos, ubicada en Mascarello al 400, y su residencia en El Calafate.

En particular se votaron dos artículos: el primero, también recibió la totalidad de los votos como afirmativos, pero, el segundo, que disponía que el magistrado "deberá cumplimentar las diligencias procesales con la debida diligencia, prudencia y decoro", recibió el rechazo del kirchnerismo, pues no se trató de las condiciones solicitadas por Cristina.