El Senado convirtió en ley la estatización de los ferrocarriles

Por una abrumadora mayoría de 53 votos a favor y sólo dos en contra, el Senado sancionó ayer la ley que declara de interés público y devuelve la "plena administración" estatal de toda la infraestructura ferroviaria, a partir de la creación de una nueva sociedad del Estado con un nombre muy caro para el recuerdo: Ferrocarriles Argentinos.

El proyecto fue apoyado en general por casi todo el arco opositor, a pesar de los fuertes cuestionamientos al texto, centrados en el endeble sistema de control que establece para la nueva empresa y en que no declara "servicio público" a los ferrocarriles, y de que el oficialismo se negó a aceptar modificaciones al dictamen.

De esta manera, y como se encargaron de recordar la mayoría de los senadores que intervinieron en el debate, un gobierno peronista pretende desandar el camino iniciado con la concesión al sector privado del servicio ferroviario realizada por otro gobierno peronista: el encabezado por Carlos Menem en la vilipendiada década de los 90.

Firme rechazo de Solanas

El discurso más crítico contra la iniciativa fue el del senador Fernando Solanas (FAP-Capital), quien calificó el proyecto de "una vergüenza" y rechazó el discurso oficialista, que sostiene que esta medida implica la "estatización" de los ferrocarriles.

"Qué estamos hablando de estatización si nunca fueron privatizados", destacó Solanas, haciendo hincapié en que los ferrocarriles siguen siendo estatales porque lo que pasó a manos privadas fue la prestación del servicio en concesión.

Solanas y la cordobesa Norma Morandini (FAP) fueron los únicos que rechazaron el proyecto cuando se votó en general. En la discusión en particular (del articulado) y ante la negativa del kirchnerismo a aceptar cambios, la votación concluyó 43 votos a favor y 10 en contra.

De hecho, la ley sancionada ayer no vuelve atrás con las concesiones aún vigentes, sino que recrea la empresa Ferrocarriles Argentinos con la misión de otorgarle la "plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional".

Así lo admite el texto, cuando le otorga a la nueva compañía la potestad para "desafectar bienes, rescatar, reconvenir o renegociar contratos de concesión suscriptos con Nuevo Central Argentino, Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca, Metrovías y Ferrovías".

La empresa quedará bajo la órbita del Ministerio del Interior y Transporte, a cargo de Florencio Randazzo, quien ayer presenció el tramo final del debate desde una silla ubicada en el recinto, al pie del proscenio de la presidencia de la Cámara alta.

Randazzo celebró la sanción de la ley y declaró que ayer fue "un día histórico para todos los argentinos". Agradeció el respaldo a los bloques de la oposición, que "acompañaron la medida en una actitud de enorme madurez".

Los argumentos

Sin salirse demasiado del libreto oficial, el miembro informante oficialista, Adolfo Bermejo (Mendoza), destacó que la iniciativa "profundiza la política de nacionalización para el crecimiento y desarrollo de todos los argentinos" impulsada por las administraciones kirchneristas, equiparándola con la estatización de las AFJP y de YPF.

Estimó, incluso, que con el nuevo marco legal "las concesiones actuales se podrán reconvenir, renegociar y también cancelar".

"Estamos hablando de familias que recuperan su dignidad por el trabajo", agregó el presidente de la Comisión de Infraestructura y Transporte del Senado.

El jefe del bloque radical, Gerardo Morales (Jujuy), destacó, en tanto, que su partido viene impulsando la devolución al Estado de la administración de los ferrocarriles desde hace años, pero abogó por modificar el texto con aportes de su bancada.

"Nuestro proyecto es mucho más integral, con un diseño de políticas públicas con participación de todas las fuerzas políticas y con expresión federal", explicó el legislador radical, quien señaló la disidencia de su bancada "con el sistema de controles" de la iniciativa impulsada por el oficialismo.

Según la ley sancionada ayer, la administración de la empresa estará a cargo de un directorio integrado por un representante de la Secretaría de Transporte, por el titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (o de la sociedad que la reemplace en el futuro), por el presidente del directorio de Belgrano Cargas y por dos representantes gremiales del sector, designados por el Ministerio del Interior.