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El Senado desairó al Gobierno
Aprobó la derogación de un decreto sobre combustibles
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El Gobierno recibió ayer una cachetada política del Senado: sus propios legisladores, junto a los del PJ, rechazaron un decreto de necesidad y urgencia firmado por el Poder Ejecutivo para permitir a las empresas petroleras ser propietarias u operar hasta un 40 por ciento del total de la red de estaciones de servicios.
Los legisladores del oficialismo y de la oposición desestimaron esta medida con el argumento de que favorecía el monopolio de las grandes compañías y ponía en peligro a las expendedoras de combustibles nacionales.
El Senado, además, tiene en estudio un proyecto de ley de hidrocarburos que se contrapone con el decreto presidencial porque descentraliza la comercialización minorista de combustibles líquidos.
Este decreto perderá su vigencia si también es rechazado por la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley impulsado por el senador Daniel Baum (PJ-Neuquén) para anular la medida tuvo un tratamiento imprevisto en el recinto. Hasta el propio peronismo se sorprendió por el apoyo de la Alianza.
"Combatir los monopolios"
El senador Raúl Galván (UCR-La Rioja) explicó su voto positivo: "Lo hago en sentido argentino. No quiero desmerecer la actitud política del Gobierno, pero siempre ha sido nuestra línea combatir los monopolios y defender el patrimonio argentino", dijo.
Leopoldo Moreau (UCR-Buenos Aires) también anticipó su aval a la iniciativa, aunque recordó que la privatización de YPF durante la época menemista había sido "uno de los negocios más ruinosos del país".
El senador Eduardo Menem (PJ-La Rioja) retrucó que la gestión radical había dejado a YPF en una condición "desastrosa", lo que inició un ríspido debate revisionista con Moreau.
"Ninguno queda afuera. Si la entrega comenzó antes, ahora se la termina porque este Gobierno convalidó las prórrogas de esas concesiones", remató la senadora Silvia Sapag (Movimiento Popular Neuquino).
En la última sesión ordinaria del año, los senadores decidieron no incluir la reforma política en la agenda parlamentaria.
Esta iniciativa, que plantea límites a la duración y a los gastos de las campañas proselitistas, parecía tener consenso en el Gobierno y en el PJ. Pero comenzó a demorarse por resistencias internas en las respectivas bancadas. Ahora podrá debatirse tan sólo en febrero, ya que el Gobierno no incluyó el tema en la convocatoria a sesiones extraordinarias.
El senador Carlos Corach (PJ-Capital) reclamó desde su banca que el tema se discutiera ayer mismo, pero no encontró eco ni en su partido ni en el oficialismo.
Los senadores radicales se comprometieron a interceder ante el Poder Ejecutivo para que habilite el tema antes de fin de año.
