Elecciones concurrentes: las autoridades electorales, en alerta frente a los desafíos de una modalidad electoral inédita

La decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de convocar este año a elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires no solo sacudió el tablero de Juntos por el Cambio. También puso en alerta a las autoridades electorales porteñas, que enfrentan el inédito desafío de organizar en apenas cuatro meses una elección con dos sistemas de votación distintos.

Será la primera vez que se celebrarán elecciones concurrentes en la Ciudad; esto significa que los cargos nacionales y locales se elegirán el mismo día, pero con boletas distintas: boleta partidaria para la elección de presidente, vicepresidente y legisladores nacionales, y la boleta única electrónica (BUE) para jefe de gobierno porteño, legisladores y comuneros. Esto implica que las autoridades electorales porteñas y las nacionales deberán necesariamente ponerse de acuerdo para compatibilizar ambos sistemas, con las dificultades que esto entraña.

En ese convenio deberán resolverse varios interrogantes. Por de pronto, las autoridades nacionales y porteñas anticiparon a LA NACION que el votante no tendrá que acudir a dos locales diferenciados de votación, sino que podrá realizar todo el trámite electoral en la misma escuela que le fue asignada. Se instalarán dos urnas, pero queda por definir si habrá autoridades de mesa diferenciadas, ya que el escrutinio no será igual para las boletas partidarias y las electrónicas.

Como es costumbre, el padrón general será provisto por la Justicia Nacional, aunque habrá que ver cómo se compatibiliza con el registro de electores extranjeros que elabore la Ciudad. Ese es otro asunto a definir.

“Hasta ahora son todos interrogantes y pocas las certezas. No hemos recibido instrucciones todavía del gobierno de la Ciudad. Esperamos el decreto de convocatoria correspondiente para leer la letra fina. Solo entonces podremos sentarnos con las autoridades electorales nacionales para empezar a trabajar”, indicaron a LA NACION fuentes electorales porteñas.

A cargo de las elecciones nacionales está la jueza federal con competencia electoral María Servini. En la ciudad de Buenos Aires las autoridades electorales son dos: por un lado, el Tribunal Superior de Justicia y su flamante Tribunal Electoral; por el otro, el Instituto de Gestión Electoral (IGE), un organismo autárquico que funciona en el ámbito del gobierno porteño. Si bien se creó por ley en 2018, recién se constituyó hace pocos meses, por lo que debutará en estas elecciones.

Contra reloj

Este instituto, a cargo de Ezio Emiliozzi, estará a cargo nada menos que de organizar la logística para instrumentar el voto electrónico para los cargos locales. Emiliozzi tiene experiencia en la materia: en 2015 se desempeñaba como director general electoral de la ciudad cuando se instrumentó por primera (y única) vez esta modalidad de votación. Como en aquella oportunidad, deberá definir a contra reloj si se llamará a licitación pública para contratar a la empresa proveedora del servicio o bien se apelará al atajo de una contratación directa. Nada está decidido aún.

“Faltan cuatro meses para las elecciones. En 2015 esta cuestión se resolvió en un plazo más breve y no hubo inconvenientes. Igualmente, vamos a tener que trabajar a destajo, incluidos los fines de semana, de lo contrario no llegaremos a tiempo”, reconocen en el gobierno porteño.

Fuentes judiciales admiten cierto temor por las dificultades a resolver en tan poco tiempo, máxime porque el Instituto de Gestión Electoral no tiene experiencia como organismo en la organización de procesos electorales.

Sus desafíos frente a las próximas elecciones no son menores: a su cargo tendrá no solo el operativo electoral propiamente dicho, que incluye la provisión del material logístico para garantizar el proceso electoral y el diseño de boletas; también deberá ocuparse del reparto de los aportes de campaña y la distribución de los espacios de publicidad entre los distintos partidos políticos; además, debe organizar el debate entre los candidatos a jefe de gobierno, legisladores y comuneros porteños, tal como lo prevé la ley.

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