En medio de las protestas en el puerto Rosario-Victoria, la ley de humedales espera un guiño de Alberto Fernández

En medio de las protestas que realizan grupos ambientalistas en el puente Rosario-Victoria, la Cámara de Diputados aguarda que el Poder Ejecutivo habilite el tratamiento en sesiones extraordinarias del proyecto que establece los presupuestos mínimos de protección de los humedales, una iniciativa largamente demorada en el Congreso.

El viernes, un día antes de que los ambientalistas se instalaran sobre una mano del puente que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, se aprobó por mayoría de los diputados de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano un dictamen que dispone la creación, en un plazo no mayor a 3 años, de un Inventario Nacional de Humedales, el cual permitirá contar con información sobre la distribución espacial de los humedales para su inclusión en el ordenamiento ambiental del territorio.

El proyecto, que recibió disidencias parciales de Juntos por el Cambio, deberá seguir su curso en otras cuatro comisiones: Agricultura y Ganadería; Presupuesto y Hacienda; Legislación Penal e Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. Un trámite que podría abreviarse si el presidente Alberto Fernández lo incluye en el temario de sesiones extraordinarias y se abre la posibilidad de reunir un plenario de comisiones para terminar de firmar el despacho y llevarlo al recinto.

Los ambientalistas denuncian que la ley se demora desde 2013 y anunciaron que mantendrán el corte –que afecta al principal puerto agroexportador del país– hasta el lunes 30, cuando finaliza el período ordinario de sesiones.

La iniciativa que recibió dictamen el viernes establece que durante el tiempo que transcurra entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales en el ordenamiento ambiental del territorio no se permitirá la realización de nuevas actividades ni la ampliación de las actividades existentes en los humedales y los que se presumen de tales. Se consideran actividades nuevas a aquellas iniciadas con posterioridad a la fecha de sanción de la ley.

El proyecto dispone que podrán realizarse en los humedales "todos aquellos usos racionales y sostenibles determinados como compatibles por cada jurisdicción" siempre que no afecten su integridad ecológica. Sobre este punto, se prohíbe la liberación de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y origen.

Asimismo, la autoridad de aplicación podrá prohibir la importación, introducción y radicación de especies exóticas invasoras y productos de la acuicultura, tales como ejemplares vivos, embriones, huevos y larvas de cualquier especie, que puedan alterar la integridad ecológica de los humedales.

Los ambientalistas reclaman la ley como herramienta de protección ante los incendios que azotan el Delta del Paraná desde hace ocho meses.

"Este dictamen es el resultado de un trabajo de siete meses, donde escuchamos a todos los sectores involucrados y buscamos los consensos políticos necesarios para que la iniciativa avance", celebró el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, el diputado oficialista Leonardo Grosso.

En esa línea, Grosso destacó que "el trabajo en la comisión fue muy intenso y todas las fuerzas políticas representadas junto a las organizaciones, los especialistas y asociaciones de la sociedad civil nos pusimos como meta saldar esta deuda histórica con los recursos naturales de nuestro país". Y agregó: "No tenemos otro planeta, este es el único, y vamos a defenderlo desde la política y desde el Estado".

Los legisladores, con Grosso a la cabeza, confían en que el Poder Ejecutivo incluya esta iniciativa en el temario de sesiones extraordinarias que convocará el presidente Alberto Fernández para los próximos tres meses. De no hacerlo, el proyecto deberá esperar hasta marzo del año próximo para continuar su tratamiento.