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El Gobierno pule el proyecto para crear un "tribunal intermedio" que limite el rol de la Corte en causas de corrupción
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LA NACIONJaime Rosemberg
Mientras busca los consensos legislativos para destrabar la nueva ley del Ministerio Público Fiscal y la reforma judicial que están frenadas en la Cámara de Diputados, el gobierno de Alberto Fernández avanza a paso acelerado para presentar un proyecto que incluya la creación del denominado tribunal intermedio de arbitrariedad, que entre otras facultades tendría la tarea de analizar los recursos procesales en causas de corrupción, que hoy son materia de decisión de la Corte Suprema.
"Se está armando. Y podría sumarse al temario (de extraordinarias)", anticiparon dos funcionarios cercanos al Presidente que transitan los pasillos de la Casa Rosada. El avance en la creación de este tribunal -parte de las recomendaciones que el Consejo Consultivo le entregó a Fernández hace un mes- coincide con las renovadas críticas a la Corte de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el reciente pedido de "indulto o amnistía" para el vicepresidente Amado Boudou, expresado por funcionarios y militantes del kirchnerismo duro a través de una solicitada. En los hechos, la Corte perdería incidencia en las causas de corrupción si se llegara a crear el nuevo tribunal.
"Que hay que modificar el funcionamiento de la Justicia es algo en lo que coincidimos todos. El macrismo destiñó todos los procesos con irregularidades, y pareciera que los juicios no fueron justos. Hay que analizarlos, no como hizo la Corte, y más tratándose de un exvicepresidente", expresó un leal cercano al Presidente.
Lo hizo en referencia al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite al máximo tribunal rechazar, sin la necesidad de dar argumentos, recursos como el presentado por la defensa de Boudou en el caso Ciccone. La ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, estarían involucradas en dar las puntadas finales al borrador de la nueva iniciativa, que recoge experiencias de otros países, como España (donde trabaja uno de los integrantes de la comisión, Enrique Bacigalupo, muy respetado por el Presidente) que tienen un sistema similar y en la que Alberto Fernández "está involucrado personalmente", según altas fuentes oficiales. Cerca de Ibarra, sin embargo, desmintieron la colaboración de la funcionaria en el proyecto, y dijeron que "desconocían" la existencia del borrador.
La creación del tribunal intermedio, razonan en el kirchnerismo, "aliviaría" a la Corte de tratar buena parte de las 23.000 causas que le llegan por año, muchas de las cuales resuelve a través del artículo 280. La creación de este "filtro procesal" fue el único que Fernández destacó de manera explícita en su encuentro con los integrantes del Consejo, entre los cuales se destaca el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi.
"Estamos pensando procedimientos para que la Corte cumpla con sus objetivos" ,dijo Beraldi luego de ese encuentro y de que la vicepresidenta Cristina Kirchner acusara a través de una carta a la Corte de "encabezar y dirigir el proceso de lawfare" contra "dirigentes y exfuncionarios kirchneristas".
En los hechos, la Corte perdería incidencia en las causas de corrupción si se llegara a crear el nuevo tribunal.
"La Corte debería ponerse a la cabeza de estas reformas, pero no da la más mínima señal", critican con dureza cerca del Presidente, mientras rechazan la alternativa de un indulto presidencial o una ley de amnistía para Boudou y otros condenados por la Justicia, como reclamaron los sectores del cristinismo.
"Es una rémora monárquica", sostuvo un funcionario, mientras otro calificaba de "decisión personal" la adhesión de ministros nacionales como Jorge Ferraresi (Hábitat) a la carta que pidió por la libertad del exvicepresidente.
En el oficialismo relativizan las críticas que desde la oposición ya se hicieron a la creación de este tribunal intermedio, al que caracterizaron como "inconstitucional". Y aclararon que, en el corto plazo, intentarán "conseguir el número" en el Congreso para aprobar la reforma del Ministerio Público Fiscal, que limita a cinco años (prorrogables por otros cinco) la duración del mandato del procurador, y elimina el requisito de los dos tercios del Senado para su nombramiento. También está en carpeta reflotar la reforma judicial que licúa en los hechos el poder de los jueces federales, destinatarios también del enojo de la vicepresidenta, procesada en distintas causas como Hotesur, Los Sauces o el Memorándum con Irán. "No me gusta la Corte Suprema, la hago menos Suprema. Imaginación frondosa la de los encausados, pero pedir que sea sensata, oportuna y constitucional es imposible en el gobierno de Fernández y Kirchner. Aflojen muchachos", afirmó el diputado Juan Manuel López (CC-ARI), cercano a Elisa Carrió, al conocer el avance del Gobierno.
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