En su primera prueba de fuego, Cambiemos sumó los votos para derogar la ley cerrojo

La tropa legislativa del presidente Mauricio Macri arrancará las sesiones ordinarias en el Congreso con la confianza de debutar con un éxito parlamentario: la derogación de las leyes cerrojo y de pago soberano.

Se trata de una prioridad para el Gobierno, que ha fijado como una prioridad el cierre de las negociaciones que lleva adelante con los fondos buitre en Nueva York para que la Argentina salga del default.

El debate se iniciará en la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo enviará cuatro proyectos de ley: dos de ellos propondrán derogar las normas sancionadas durante el anterior gobierno kirchnerista que hoy impiden al país ofrecer a los fondos buitre y a los holdouts mejores condiciones de pago que las aceptadas por los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010. En el tercer proyecto se detallará la nueva oferta argentina y en el cuarto se habilitará la emisión de deuda para afrontar el pago.

Confiado en que los gobernadores apoyarán estas leyes porque les permitirá, a ellos también, buscar financiamiento externo, el oficialismo espera cosechar el voto de los legisladores peronistas no kirchneristas.

Éstos se agrupan en tres bloques distintos: el interbloque Unidos por una Nueva Argentina (UNA), que lidera Sergio Massa, con 36 miembros; el Bloque Justicialista, recientemente escindido del Frente para la Victoria, que cuenta con 17 integrantes, y la bancada Juntos por Argentina, de Darío Giustozzi, con otros siete miembros.

Todos ellos se comprometieron a dar quórum -129 legisladores- y enviaron señales de que avalarían también el paquete legislativo del Gobierno.

Junto con los legisladores de izquierda, el Frente para la Victoria es el bloque que se opone de manera más firme a la derogación de las leyes que pide el Gobierno.

Sin embargo, dadas las disputas en el peronismo, habrá que esperar al día de la sesión para saber si todos los integrantes se atienen a la postura del jefe del bloque, Héctor Recalde.

Las miradas están puestas en los legisladores que responden a gobernadores; en el oficialismo esperan nuevas fisuras.

Entre los legisladores que ya se escindieron del kirchnerismo y que hoy se agrupan en el Bloque Justicialista predomina la idea de dar quórum, aunque aún no decidió si apoyarán todas las iniciativas del Gobierno.

"Pediremos un informe técnico a la Procuración del Tesoro para saber si hay riesgos de litigiosidad oculta, es decir, si a partir del acuerdo el país puede ser demandado por otros acreedores", explicó a LA NACION Diego Bossio.

"Lo importante es que la Argentina acceda nuevamente a los mercados internacionales para lograr el financiamiento que cualquier país normalmente tiene -sostuvo el salteño Pablo Kosiner-. Una vez que tengamos la propuesta, definiremos nuestra posición, pero no nos cerramos a la discusión."

En tanto, los legisladores progresistas (GEN y Socialismo) no quieren adelantar su postura. "Queremos que primero los funcionarios del Poder Ejecutivo nos expliquen en el Congreso los alcances de la nueva oferta y los criterios del nuevo endeudamiento. Pretendemos saber para qué la Argentina saldrá a endeudarse, si es para solventar el déficit o para financiar obras de infraestructura", indicó Alicia Ciciliani (Partido Socialista).

El Senado, a la expectativa

En el Senado, tanto el oficialismo como los bloques de la oposición jugarán con la ventaja de conocer el nivel de recepción que la oferta del Gobierno a los holdouts tuvo en la Cámara de Diputados.

Por lo pronto, en la mayoría de las bancadas opositoras existe buena predisposición para avanzar con el proceso que le permita a la Argentina salir del default, aunque todos pretenden conocer los detalles de la oferta argentina antes de anticipar su voto.

De hecho, sólo el kirchnerismo anticipó que rechazará cualquier tipo de acuerdo con los holdouts. Sin embargo, esa postura no es la que, por el momento, prevalece en el bloque del FPV, que con sus aliados suma 42 senadores y tiene la llave para el funcionamiento de la Cámara alta.

Así lo dejó en claro el jefe de la mayoría opositora del Senado, Miguel Pichetto, quien mostró su predisposición a analizar la propuesta del Gobierno y a avanzar en cerrar un proceso que, destacó, comenzó con el ex presidente Néstor Kirchner y a punto estuvo de concluir con éxito durante la gestión de Cristina Kirchner.

"Hay que estar abiertos a dar esta discusión porque la salida del default tuvo un avance importantísimo durante el gobierno anterior", afirmó Pichetto a LA NACION.

En alusión a los sectores más radicalizados de su bloque, el senador rionegrino reclamó discutir la cuestión de los holdouts con otra mirada. "Quedar atrapados en una consigna, presos de esquemas emotivos, siempre nos ha llevado a los peores errores", afirmó Pichetto.

Si a la postura mayoritaria en el FPV se le suma el apoyo de los senadores del peronismo disidente y del massismo (en total, unos 10 legisladores), el camino parece allanado al menos para que se abra el debate en el Congreso.

En los últimos días hubo señales favorables para la Argentina desde el juzgado de Thomas Griesa, que movilizaron a los acreedores más duros, los fondos NML y Aurelius, a admitir que ya había un acuerdo con la Argentina. Pero ni la justicia de los Estados Unidos ni el gobierno argentino se pronunciaron oficialmente sobre el tema todavía.

Las discusiones por las comisiones

• Los deseos de Cambiemos y del FPV chocan a la hora de definir las presidencias de las comisiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El oficialismo, por ejemplo, aspira a que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara alta sea el radical Julio Cobos; el FPV quiere que ese lugar lo retenga Juan Manuel Abal Medina.
• Para Asuntos Constitucionales, en el Senado, el justicialismo alienta la permanencia de Marcelo Fuentes en la presidencia. Ese sitial lo desea Cambiemos para Ernesto Martínez.
• En Diputados, una de las 45 comisiones estará presidida por Elisa Carrió. La líder de la Coalición Cívica, una de las fundadoras de Cambiemos, se quedará con la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores.
• En el reparto del poder de las comisiones de la Cámara baja se mencionan otros nombres de Pro, como los de Pablo Tonelli y Luciano Laspina. Los rumores en el Congreso apuntan a que el primero se podría quedar con la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Laspina, en principio, suena como posible presidente de la Comisión de Presupuesto, al menos en teoría.