Enojo de la Cámara de Casación contra el tribunal que no detuvo a Luis D Elía

El máximo tribunal penal pidió explicaciones a los magistrados que el viernes recibieron la confirmación del fallo condenatorio contra el piquetero por la toma de la comisaría en La Boca
El máximo tribunal penal pidió explicaciones a los magistrados que el viernes recibieron la confirmación del fallo condenatorio contra el piquetero por la toma de la comisaría en La Boca Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Nespolo
Hernán Cappiello
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25 de febrero de 2019  • 17:15

Bastante enojados, los jueces de la Cámara de Casación que ordenaron detener a Luis D'Elía para que cumpla la condena a 3 años y 9 meses de prisión por la toma de la Comisaría 24 de La Boca, en 2004, preguntaron hoy al Tribunal Oral Federal 6, que lo condenó, las razones por las cuales no encarcelaron al piquetero como lo ordenaron el viernes pasado.

El TOF esperaba los resultados de estudios médicos para determinar si D'Elía debe ir a prisión o si por el contrario, por su estado de salud, debe permanecer en arresto domiciliario como lo pidieron sus abogados.

De hecho le pidieron opinión a la fiscal Gabriela Baigun que entendió que había que esperar los resultados de los estudios para decirle sobre la detención.

Finalmente, el TOF rechazó la prisión domiciliaria y ordenó que se haga efectiva la detención del dirigente kirchnerista. Después de conocer la medida, pasadas las 19, D'Elía informó a través de su cuenta de Twitter que se encontraba en camino a los tribunales de Comodoro Py.

El viernes, los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación, Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques, habían dispuesto que D'Elía vuelva a prisión porque confirmaron la condena en su contra por la toma de la Comisaría 24, ocurrida en 2004.

Los jueces rechazaron un planteo de la defensa del dirigente kirchnerista y dejaron firme la condena dictada en 2017. La Casación le ordenó entonces al TOF6, que condenó a D'Elía, que lo metan preso por instigación a cometer delitos.

Pero los magistrados Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero, del TOF 6, no dispusieron la detención inmediata sino que se mantuvieron a la espera de los informes médicos sobre la salud del piquetero.

Enterados por los diarios, los jueces de la Casación primero pidieron la causa para certificarla y comprobar oficialmente que habían desoído su orden y luego la presidenta de la Sala III, la jueza Catucci, le mandó un oficio a los jueces donde les dice: "Tengan a bien informar el motivo por el que aún no han dado cumplimiento a la orden emanada de este tribunal el 22 de febrero pasado".

Sin que se advierta por la formal cortesía del oficio, entre los jueces de la Casación había bastante desagrado, según pudo saber LA NACIÓN.

En diciembre, Casación había rechazado el recurso con el que D'Elía pretendía llegar a la Corte Suprema de Justicia, por lo que quedó firme la condena original en su contra.

En 2004, el líder piquetero era subsecretario de Tierras para el Hábitat Social en el gobierno de Néstor Kirchner. La madrugada del 26 de junio irrumpió junto a un grupo de seguidores en la seccional policial para reclamar por el crimen de uno de sus compañeros, el dirigente comunal Martín "Oso" Cisneros.

Los manifestantes coparon la comisaría, agredieron al cabo primero Rubén Braga y generaron destrozos. D'Elía siempre aseguró que Cisneros fue asesinado por un narcotraficante de la zona que gozaba de protección policial de la Comisaría 24.

D'Elía viene de pasar tres meses detenido en la causa por encubrimiento por la firma del memorándum con Irán, iniciada a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, acusado de buscar exculpar a los sospechosos iraníes que habrían planificado y ejecutado el atentado contra el edificio de la mutual judía AMIA, en 1994. Fue excarcelado en marzo del año pasado.

Catucci, que firmó el primer voto del fallo que confirmó que D'Elía debe volver a la cárcel, afirmó que "las apreciables demoras" de la causa "se debieron al desvío de la investigación, que en vez de enfocarse, como debía, en determinar los coautores de los intolerables atropellos contra una institución pública, se orientó hacia la posible responsabilidad penal de los funcionarios de la Policía Federal y del Poder Ejecutivo".

Según Catucci, se pretendió avanzar contra Norberto Quantin y José María Campagnoli, por entonces secretario y subsecretario de Seguridad Interior, y contra el extitular de la Comisaría 24, Cayetano Greco. "Esos despropósitos fueron los que perjudicaron el debido proceso", escribió.

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