Escándalo en la Iglesia: qué dice la auditoría del Vaticano que incomodó al cardenal Poli

La audiencia del papa Francisco con el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, en Roma, girará en torno de la auditoría que el Vaticano realizó en la curia porteña y que reveló la ausencia de controles en operaciones inmobiliarias de propiedades pertenecientes a la principal arquidiócesis del país.

La inspección consistió en una “misión de estudio” de la Congregación para el Clero, el máximo organismo de la Santa Sede competente en materia de conservación y administración de bienes temporales de la Iglesia, cuyo prefecto es el arzobispo surcoreano Lázzaro You Heung-Sik. Las severas objeciones al funcionamiento de la curia que está bajo su gestión llevaron a Poli a pedir la audiencia con el Santo Padre. Llegará con un inusual respaldo: más de 250 sacerdotes de la arquidiócesis suscribieron ayer, en apenas cuatro horas, una carta abierta en la que destacan su “corazón de pastor y honestidad”.

La visita de los enviados del Vaticano se realizó entre el 18 y el 22 de octubre de 2021 y fue llevada adelante por el subsecretario del organismo pontificio, monseñor Andrea Ripa, y el reverendo Eamonn McLoughlin.

“Causa perplejidad que, a pesar de la presencia de un numeroso Consejo Episcopal, no esté constituido el Colegio de Consultores, previsto por el cánon 502 del Código de Derecho Canónico, y que, en los hechos, el Consejo de Asuntos Económicos se encuentre inoperante, ya que se está pensando en su redefinición”, señala el informe de la auditoría.

A partir de ahí, enumera las características y funciones de ambos organismos internos de control. Especifica que para la integración del Consejo de Asuntos Económicos -al menos tres miembros, clérigos o laicos- se debe tener en cuenta “la sólida competencia en economía y en derecho civil, presuponiendo que poseen una honradez eminente y una sensibilidad eclesial real”. Sugiere que para su mejor funcionamiento, el Consejo puede recurrir “al asesoramiento de expertos de forma periódica o de vez en cuando”.

El informe menciona las atribuciones de este organismo, entre las cuales figura la de “ofrecer una evaluación técnica sobre las operaciones económicas a realizar, ponderando su viabilidad y sostenibilidad para las finanzas de la diócesis”.

Respecto del Colegio de Consultores, recuerda que debe estar formado por entre seis y doce sacerdotes y también compete “la evaluación de las operaciones económicas a realizar por la diócesis”. Y desaconseja que una misma persona sea miembro de ambos órganos y que el responsable de las cuestiones administrativas (el ecónomo de la arquidiócesis) forme parte de ellos.

Los auditores marcan que el obispo necesita el consentimiento de ambos órganos de control “siempre que se trate de enajenación de bienes de la diócesis, cualquiera que sea su valor, así como cuando la enajenación se refiera a bienes de personas jurídicas sujetas al obispo y su valor supere los US$30.000, suma mínima determinada por la Conferencia Episcopal Argentina”.

En los casos en que el valor de la propiedad excéda los US$300.000 -monto fijado en 1995 por los obispos argentinos- es necesario solicitar la licencia de la Santa Sede, aun cuando la enajenación se haga en partes y en diferentes momentos. “En todos los casos es necesario manifestar la causa justa que motiva la operación, acompañada de un dictamen pericial y de las actas de las reuniones del Colegio de Consultores y del Consejo de Asuntos Económicos, en las cuales se expresó formalmente el consentimiento”, explica el informe de la auditoría. Para evitar maniobras sospechosas, el Código de Derecho Canónico determina que esa licencia debe ser solicitada antes de que se concluya la operación.

Si bien el informe no detalla las operaciones y las propiedades, una de los edificios emblemáticos de los que se desprendió la arquidiócesis es la Casa del Catequista, que estaba en el barrio de Palermo.

“Innovación innecesaria”

“Es la diócesis de Bergoglio y eso suma un elemento muy sensible. Si hay sospechas de un mal manejo de las finanzas o de irregularidades, es grave para la Iglesia y nos afecta a todos”, reflexionó una voz cercana al pontífice, que destacó el valor y el peso que tiene una auditoría de la Santa Sede.

La fuente añadió que “para enajenar bienes de la Iglesia hay disposiciones y procedimientos. Se vendieron propiedades por encima de los montos permitidos y no se pidió autorización al Vaticano. La Congregación para el Clero tuvo que pedir documentación, porque no la habían entregado”, reveló la fuente. En la curia porteña estiman que el único caso en esas condiciones sería la venta de la Casa del Catequista.

Los auditores del Vaticano le indicaron en el informe al cardenal Poli que debía prescindir de la Delegación para la Administración Diocesana, que el cardenal primado creó, por tratarse de “una innovación innecesaria”. Llamativamente, el informe carga las tintas sobre algunos miembros de esa repartición, como el padre Martín Bracht, a quien le imputan “una dudosa transparencia en sus acciones”. Fuentes cercanas al sacerdote consultadas por LA NACION reivindicaron su servicio pastoral y atribuyeron la descalificación a desinteligencias que habría mantenido con el anterior vicario general de la arquidiócesis, el obispo Javier Sucunza.

Pese a que en febrero pasado Francisco renovó por dos años el ejercicio episcopal activo de Sucunza, que llegó a los 75 años, Poli lo cesó en sus funciones en el arzobispado, por lo que algunas voces atribuyen a esta desinteligencia el envío de la auditoría a la gestión de Poli.

El informe también le recomienda al cardenal que “no le encomiende tareas en materia económica o en otras áreas que exijan un gran compromiso al padre Julio Miranda, rector del Seminario metropolitano, para no quitarle el tiempo y la energía que necesita dedicar a su delicada y fundamental misión al servicio de la formación inicial de los seminaristas”. Miranda también integraba la Delegación para la Administración Diocesana que había constituido Poli.

La Congregación pontificia intimó, en definitiva, al cardenal Poli a “constituir y poner en funcionamiento el Consejo de Asuntos Económicos y el Colegio de Consultores lo antes posible, solicitando su consentimiento cuando lo exige el orden canónico vigente”.

Y, dada la cercanía de la fecha en que Poli deberá presentar su renuncia al Papa como arzobispo, al cumplir 75 años en noviembre, redujo su margen de acción, al expresarle que “se limite a realizar únicamente aquellas transacciones económicas que en la actualidad resulten estrictamente necesarias”.

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