¿Estado inteligente o Estado bobo?

Nuestro país no cuenta con una ley de acceso a información pública y todo indica que no tendrá una pronto. Tras una década con numerosos proyectos legislativos e iniciativas de la sociedad civil, sólo nos quedan frustraciones y sinsabores. Mientras la región avanza incesante en diseñar marcos legales que garantizan el derecho humano de acceder a la información que genera el Estado, la Argentina está retrocediendo. Brasil, Uruguay, Chile, México, Honduras y El Salvador, entre otros, ya tienen leyes de acceso a la información. Estamos en la retaguardia del cambio.

La mayor decepción, sin embargo, no consiste en la carencia de una ley de acceso a la información pública. Estamos tan atrasados que esa discusión resulta prácticamente obsoleta. Hoy la atención se centra en cómo utilizar las nuevas tecnologías y la información generada por el Estado para mejorar el desempeño y la calidad de los gobiernos. Esta sencilla premisa es la base del paradigma del gobierno abierto.

En septiembre del año pasado, Brasil, México, Indonesia, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos lanzaron la Declaración sobre Gobierno Abierto y anunciaron planes de acción para generar cambios concretos en sus Estados. En poco menos de seis meses, la iniciativa ya cuenta con la participación de 43 países, incluidos Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. La Argentina está ausente.

Basado en principios elementales de transparencia, participación ciudadana y colaboración, la iniciativa de Gobierno Abierto persigue aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales, fomentar la participación de los ciudadanos y aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. Iniciativas como Data.gov en Estados Unidos o Irekia en el País Vasco han demostrado las ventajas que se generan cuando el Estado produce información sobre sus servicios y la pone a disposición del ciudadano y de los medios de comunicación.

De esta forma, no sólo se garantiza el derecho a acceder a la información y la posibilidad de "controlar" la gestión de gobierno, sino también se permiten sinergias que mejoran la calidad de servicios básicos estatales, como la educación, la salud, la protección del medio ambiente, o el transporte público. Lo novedoso, vale destacar, reside en que este modelo es altamente ventajoso para el Estado, ya que propone la inclusión e interacción con los ciudadanos, quienes -aprovechando las nuevas tecnologías- dejan de ser meros sujetos pasivos para pasar a cooperar, interactuar y también controlar en la gestión de los tres poderes del Estado.

Los avances tecnológicos son incesantes e implacables. La Argentina debe pensar cómo enfrentará este desafío. Para sumarnos a esta nueva era del gobierno abierto, debemos diseñar y poner en marcha los marcos regulatorios necesarios (ley de acceso a la información), dotar al Estado de las tecnologías apropiadas y reconceptualizar la relación con el ciudadano. Esto nos permitirá pasar de un modelo de Estado opaco, obsoleto y alejado del ciudadano a uno inteligente, ágil y a tono con las necesidades de su población.

El autor es director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles