La desaparición de Facundo Astudillo incomoda al Gobierno y crece la preocupación por la violencia policial

Quien se lo dijo con mayor crudeza a Alberto Fernández, pantalla de por medio, fue el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño. "Se ha empoderado a las fuerzas de seguridad en pandemia, es preocupante la violencia policial", le dijo el legislador al Presidente el lunes pasado, en la reunión que mantuvo con los bloques opositores.

Fernández, lejos de salir a la defensiva, dijo que a él también le preocupaba la violencia institucional. El Presidente y los diputados estaban conversando sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro, que fue visto por última vez el 30 de abril pasado en el partido bonaerense de Villarino. En la ruta 3, el joven de 22 años fue notificado del incumplimiento de la medida de aislamiento social obligatorio. El joven se dirigía a Bahía Blanca con la intención de retomar el contacto con su exnovia.

La Justicia federal investiga una supuesta desaparición forzada, y en esa línea también van las denuncias de la familia de Astudillo Castro, aunque el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez también tiene en su poder los cuatro cuerpos del expediente que había tramitado la justicia ordinaria bonaerense y que contienen declaraciones de testigos que afirman haber visto al joven en Bahía Blanca.

Interpelado por la oposición, Fernández tampoco dudó en hablar en nombre de Axel Kicillof y dijo que el gobernador "no va a avalar la violencia policial ni va a permitir la impunidad". Máximo Kirchner, que estaba al lado del Presidente en la reunión del lunes, acotó que "es una buena oportunidad para debatir en el Congreso un proyecto de ley" que eventualmente fije penas mayores a los uniformados que abusen de su autoridad.

"A Axel lo instruyó para que esté encima del tema", dijo un funcionario que trabaja cerca del Presidente. Según pudo saber LA NACION, en la Casa Rosada siguen día a día los avances de la investigación, a partir de los rastrillajes y las pesquisas que hacen las fuerzas federales como auxiliares de la Justicia.

Fernández no se comunicó aún con la familia de Astudillo Castro. Quien lo hizo por el Gobierno fue el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. "Acompañamos a la familia en todo este proceso y estamos a disposición de los abogados, atentos a la investigación", dijeron en el entorno del funcionario. Agregaron que enviaron notas al juzgado para seguir el curso de la investigación.

La actitud que viene tomando el Gobierno resultó insuficiente para la referente de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, que hoy manifestó en radio Delta: "Estamos en un momento en donde la política de Derechos Humanos está abandonada para los jóvenes, las policía los mata. Las madres van a reclamar por sus hijos y nadie les presta atención".

La presión política aumenta: el Comité Nacional de la UCR y los bloques de Diputados y Senadores del radicalismo alertaron hoy sobre el aumento de la violencia en manos de las fuerzas de seguridad. En las últimas horas, en otro caso, se conoció que Lucas Nahuel Verón, el joven que en su cumpleaños fue asesinado durante una persecución en La Matanza, murió por un balazo perpetrado por un policía.

Consultados por LA NACION, en la Casa Rosada señalaron que no responderán al comunicado de la UCR.

Por el caso de Astudillo Castro el Gobierno debe elaborar una respuesta al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que le exigió al Estado argentino "inmediatez y exhaustividad de la investigación" y pidió a las autoridades encargadas de la búsqueda del joven una "estrategia integral" que incluya un plan de acción y un cronograma que tome en cuenta todas las hipótesis disponibles. La nota ingresó por la Cancillería, que a su vez ya solicitó información a las secretarías de Derechos Humanos y a los ministerios de seguridad de provincia y Nación.

En La Plata informaron a LA NACION que Kicillof se contactó en más de una oportunidad con Cristina, la madre de Astudillo Castro. "A los ministerios de seguridad y de justicia los instruyó de que estuvieran plenamente a disposición de la Justicia y de la familia para lo que sea que requieran", señalaron cerca del gobernador y agregaron que "los celulares de los efectivos, los libros de guardia, y otros elementos que constan en la causa fueron aportados a la Justicia por iniciativa de la gobernación".

Cortiñas hoy también salió al cruce del ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni. "Lo que hizo Berni con la mamá de Facundo, que le dijo que le iba a traer a su hijo vivo, es inaudito que no le hayan pedido la renuncia. Están fusilando a los jóvenes, no hay una política de defensa de la vida", agregó.

"No vamos a opinar, la queremos demasiado a Norita", se limitaron a acotar cerca de Kicillof. Berni dijo en Radio Mitre que "hasta que la justicia ordinaria estuvo investigando no había ninguna prueba ni ningún dato objetivo que involucrara a ningún policía de la provincia", aunque agregó: "Necesitamos saber qué fue lo que pasó, por sobre todas las cosas si está involucrado uno o varios uniformados de la provincia".

"En el proceso de investigación la madre (Cristina Castro) pidió apartar a la Policía Bonaerense, cosa que me pareció totalmente entendible", dijo Berni. "Ahora el caso cabalga con la denuncia de desaparición forzada así que tomó la investigación la justicia federal", reconoció el ministro.

Conforme la causa avanzó en el fuero federal, la provincia tomó decisiones más drásticas. La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad desafectó al subcomisario Pablo Reguillón, a quien el abogado de Cristina Castro denunció por supuestas amenazas. Y el jefe de la policía bonaerense, Daniel García, viajó a la localidad de Mayor Buratovich, que estuvo en la supuesta ruta del joven, para seguir de cerca el caso.

"Acompañamos, la separación de la policía provincial para que se pueda investigar a fondo. Ahora está en manos de la Justicia Federal y estamos esperando que se esclarezca lo antes posible", dijo Kicillof en las últimas horas. Ayer, más de 200 efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería rastrillaron el tramo de la ruta 3 que une la localidad de Pedro Luro con Bahía Blanca.