Alberto Fernández, en el abismo entre el dicho y el hecho

No hay nada más incompatible con el poder que la ficción. El poder se manifiesta en su ejercicio. Alberto Fernández enfrenta este problema. Se presenta como capitalista. Dice ser un liberal. Eso sí: de izquierda. Invita a los grandes empresarios a que se asocien a su administración. Pero, cuando llega el momento de desplegar una política coherente con estas definiciones, no puede. Ejecuta lo contrario. La estatización de Vicentin es una exhibición de esta fisura en gran escala. Pone de manifiesto una enorme disociación entre discurso y acción. Entre medios y fines.

La víctima más inmediata de esta incoherencia es Martín Guzmán, el ministro de Economía. Si bien todavía no pudo exhibir un programa, repite una narrativa según la cual el drama económico argentino se resuelve imprimiendo un gran impulso a las exportaciones. Esa estrategia nos liberará de las crisis recurrentes y, sobre todo, de la perversa dependencia del mercado financiero. El avance del Estado sobre Vicentin es una agresión directa a estas pretensiones. Si existe un sector competitivo, es el agropecuario. Aun cuando soporta una gran intervención del sector público, que captura hasta el 33% de sus ingresos a través de retenciones. A esta distorsión, agravada por el alarmante atraso cambiario, se agrega ahora la decisión de confiscar. Es razonable que la opción de invertir en ese negocio se vuelva cada vez más problemática.

Guzmán puede parecer una figura anecdótica dentro del Gobierno. Pero está al frente de la operación que, junto con la gestión de la cuarentena, más preocupa al Presidente: la reestructuración de la deuda. Se propone formalizar su tercera oferta el viernes. Y estudia ofrecer un bono con un cupón atado al desempeño de las exportaciones. Una réplica de aquel otro asociado al crecimiento que ofrecieron Néstor Kirchner y Roberto Lavagna e hizo en estos años las delicias de los acreedores. En este contexto, Guzmán vio cómo su jefe entraba en Vicentin. El bono que había imaginado cambia de sentido. Parece un chiste.

En la semana en que el Gobierno hará el nuevo ofrecimiento a los bonistas, un coro de hombres de negocios advierte sobre la dificultad de invertir en el país. Solo la UIA puso una sordina a su pronunciamiento, a pesar del revuelo que se produjo en la última reunión de su junta directiva. También se escuchan voces de figuras con gran repercusión internacional, como Fernando Henrique Cardoso, quien ayer alertó que, con medidas como la de Vicentin, las inversiones buscarán otros destinos. Alguien en el gabinete trabaja para los acreedores y no lo sabe. Aunque siempre aparecen adictos a las teorías conspirativas, que explican: "Algo tienen que estatizar para disimular las concesiones que hará Guzmán a los fondos de inversión".

Ese colaborador involuntario de los bonistas tal vez no sea el Presidente. Él mismo aclaró durante las últimas 48 horas que su intención es rescatar a una empresa al borde de la quiebra, lo que sugiere que podría desistir de la estatización. Una versión afirmaba anoche que había reconocido ante Roberto Lavagna que "lo de la cerealera fue un error". En el entorno de Lavagna lo negaban. Pero Eduardo Duhalde parece creer en ese testimonio. Ayer felicitó al Presidente porque "en el día de mañana resolverá el conflicto con la empresa". Fernández confesó haberle dicho a Sergio Nardelli, uno de los propietarios de Vicentin, que solo buscaba una solución. Que quiso ayudarlo. La explicación remite a esa broma insidiosa que hacen circular por las redes los enemigos de la cuarentena: "Alberto es como una pareja tóxica. No quiere que trabajes, no te deja ver a tu familia, no quiere que tengas amigos, pero dice que lo hace porque te quiere".

El problema de esta línea discursiva es que choca con Cristina Kirchner y sus talibanes de La Cámpora. Esa agrupación viene indagando a través de su propia consultora, Analogías, sobre la disponibilidad social para un plan de confiscaciones. La pregunta específica fue, hace un mes, "¿qué opinaría usted sobre estatizar las distribuidoras de electricidad y gas que están en manos de empresas privadas?". El 63,7% dijo que estaba de acuerdo. Nada que llame la atención. Según otra firma, Isonomía, el 73% de los argentinos prefiere que los negocios los maneje el Estado. Aunque el 72% crea que es ineficiente. El kirchnerismo no es la causa de las dificultades del país con el capitalismo. Es su síntoma.

En línea con las ensoñaciones de La Cámpora, la toma de Vicentin fue gestionada por la vicepresidenta. Delgado, el interventor, se había visto con el Presidente antes de una cirugía, unos 15 días atrás. Pero quien le explicó la operación de expropiación fue Cristina Kirchner, durante el fin de semana. No debe sorprender esa participación tan intensa de la señora de Kirchner en los asuntos cotidianos. En los últimos días, varios funcionarios debieron renunciar, horas después de que aparecieran sus nombres en el Boletín Oficial, porque ella los vetó.

Los atenuantes que esgrime el Presidente para la toma de Vicentin son desmentidos por el comunicado que "la orga", como denominan a La Cámpora sus propios integrantes, emitió anteayer. Comienza explicando la intervención con esta frase: "Esta definición estratégica busca evitar una mayor concentración y extranjerización de la producción y comercialización de alimentos. A la par que permitirá tener una empresa testigo, no solo en el sector agroindustrial para el mercado interno, sino también en el de divisas?". Y termina con esta otra: "En el marco de una crisis global de enorme magnitud, nuestro país comienza a repensar la agenda del mañana, avanzando en el desarrollo productivo del país. Se torna imperioso continuar en el desarrollo de estrategias sólidas y contundentes que puedan terminar con las inequidades en nuestro suelo; conquistando soberanía alimentaria. La participación del Estado en la producción y comercialización agroindustrial tanto del comercio interior como exterior; es un paso fundamental para comenzar a poner a la Argentina de pie". (Las imperfecciones estilísticas pertenecen al original).

Lo que para Fernández es el samaritano salvataje de una compañía, para el entorno de su vicepresidenta es el inicio de una epopeya estatizadora. Esa aspiración se sostiene en conceptos esotéricos, como el de "soberanía alimentaría". ¿Cuál será el genio maligno que amenaza la soberanía alimentaria de uno de los grandes exportadores de alimentos del planeta? ¿Alguien quiere que la Patria se someta a una soja o un aceite foráneos? ¿No alcanzan las retenciones para condicionar el negocio de las oleaginosas? Otra entidad enigmática postulada por La Campora es la "empresa testigo". ¿Hace falta quedarse con una empresa para saber lo que sucede en el mercado más competitivo del país? El liberal de izquierda Fernández dijo que la compañía será "una empresa testigo para una planificación estratégica". ¿La "empresa testigo" va a determinar las operaciones de cambio, como pronostica La Cámpora? ¿No alcanza con la superposición de cepos que viene estableciendo el Banco Central?

El comunicado de La Cámpora contiene una afirmación que los dueños de Vicentin aprovecharán para incrementar una eventual indemnización en un reclamo judicial: "De este modo, el Estado nacional rescatará a una empresa de enorme magnitud, a la cual se declarará, al momento de sanción y promulgación del proyecto de ley, de ?utilidad pública' por ser productora de alimentos". La primera curiosidad es que admitan que fue intervenida antes de que se la declare de utilidad pública. La segunda: que supongan que una empresa de alimentos es de utilidad pública. Rafael Bielsa, el embajador en Chile, podría iluminar a los militantes de La Cámpora enviándoles algún resumen de la obra de su abuelo, donde estos temas han sido tan bien desarrollados.

Las afirmaciones del Presidente y de La Cámpora insinúan también algún desconocimiento sobre la naturaleza de Vicentin. La presentan como una cerealera internacional, cuando no lo es. La empresa carece de una estructura de comercialización global como las de Bunge, Cargill, Dreyfus o Nidera. Esas multinacionales son las que han comercializado los granos que Vicentin compraba a los productores, y el aceite que producía. Sobre todo una: Glencore, socia con la compañía en Renova. Pensar que a través de Vicentin se puede controlar el mercado de alimentos o de cambios revela una ignorancia enciclopédica. Entre otras cosas, porque presume que los productores querrán seguir vendiéndoles a los nuevos operadores de la empresa.

Una de las razones que volvieron tan atractivo el caso Vicentin para la vicepresidenta es la teoría de que su líder, Sergio Nardelli, consiguió créditos extraordinarios de la banca pública, en especial del Banco Nación, por su estrecha amistad con Mauricio Macri. El objetivo para la embestida es Javier González Fraga, el último presidente de ese banco. Un director de esa entidad, Claudio Lozano, alimenta esa estrategia. Lozano tiene en la mira a Vicentin, entre otras cosas, porque entre los operadores jurídicos y financieros del grupo hay un viejo enemigo suyo: el abogado Marcelo Etchebarne. Este exdiputado frustró las expectativas que tenían sobre la empresa José Luis Manzano y, entre otros, Emmanuel Álvarez Agis. La credibilidad de Lozano ante la señora de Kirchner es incómoda para Sergio Massa: el director del Nación fue un severo crítico de la gestión de la Anses, sobre todo por las operaciones con bonos durante su gestión y la de quien fuera su delfín, Amado Boudou.

Para amplificar las acusaciones de Lozano, la vicepresidenta ordenó a Oscar Parrilli establecer una comisión investigadora en el Congreso. Debería cuidarse de que, como en el caso de la lista de los que "fugaron" dólares, de la que ella fue excluida de manera sospechosa, el ataque no sea suicida. En los años de González Fraga la deuda de Vicentin con el Nación creció 36%. Entre 2008 y 2014 creció 240%. La expansión que hace juego con la emoción de Cristina Kirchner al inaugurar una megaplanta de la empresa, el 21 de abril de 2014. La comparación no disminuye el problema que enfrenta el banco, dañado por la deuda de Vicentin, y también por la de numerosos productores a los que la compañía no pagó.

Más allá de su escasa racionalidad económica, el avance sobre Vicentin presenta graves fragilidades institucionales. El Ejecutivo ignoró la competencia del juez del concurso, Fabián Lorenzini, que es un magistrado provincial. En un extremo, podría inferirse una involuntaria intervención federal a uno de los poderes de la provincia. Lorenzini debe velar por los derechos de todos los acreedores. Alguno de ellos se puede preguntar: ¿por qué no tengo derecho, como el Estado, que es un acreedor más, a administrar activos de la empresa?

Otro interrogante obvio es ¿por qué pusieron Vicentin en manos de YPF, que es una sociedad anónima cuyo 49% está en manos privadas? ¿Por qué esos accionistas privados tienen derecho a beneficiarse con el nuevo negocio? O ¿por qué se los obliga a perjudicarse? ¿Por qué YPF y no Aerolíneas? ¿Por qué no darle Vicentin a Molinos, que también tiene participación estatal? ¿O a Clarín, que sería el mismo caso? Estas preguntas conducen a otro problema. Uno de los argumentos del Estado frente a las múltiples demandas contra YPF que se tramitan en Nueva York es que la empresa no es su alter ego. La intervención en Vicentin a través de la petrolera indicaría lo contrario. Los litigantes, felices. Entre ellos los Eskenazi, expertos en mercados regulados, que para ganar su pleito acusan a su amigo Alberto Fernández de avanzar de manera autoritaria sobre la Justicia.

El Presidente, profesor que ayer se hizo un momento para dar una clase de Derecho, no desconoce la debilidad institucional de su decisión. Su desafío no es intelectual, sino político. Su vice tiene una agenda más clara que la suya. Y demuestra tener el poder necesario para realizarla. Este es el riesgo de Fernández. Quedar convertido, por la prepotencia de Cristina Kirchner, en un "presidente testigo".

Por Carlos Pagni

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