Vicentin. Crece el rechazo a la expropiación de la empresa
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Tras conocerse la decisión de la intervención transitoria y expropiación de Vicentin que anunció el presidente Alberto Fernádez a través del DNU 522/200, distintas entidades relacionadas al agro manifestaron su preocupación por la medida y lo calificaron de "atropello institucional". Además, argumentan que el Estado "está tratando de intervenir la comercialización de granos para controlar la entrada de divisas al país".
Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) expresaron una "profunda preocupación" por el anuncio presidencial y le pidieron al gobernador Omar Perotti que revierta el apoyo a la medida del gobierno nacional. Lo invitaron, además, a que se sume a la defensa del federalismo, por su rol fundamental dentro del Gobierno.
"Repudiamos cualquier intento de avasallamiento en este sentido. La empresa está atravesando un proceso preventivo de crisis (la empresa está en concurso de acreedores por casi $100.000 millones) que lleva adelante el Poder Judicial. Claramente, el Ejecutivo se está llevando por delante al Poder Legislativo y a la Justicia, lo que es muy grave", aseguran.
De igual forma, reclaman que, durante estos tres meses de cuarentena obligatoria que se cumple en el país por la crisis sanitaria de coronavirus, la economía quedó totalmente relegada a un segundo plano y el único anuncio que hizo el Presidente para la producción, dicen, fue la expropiación de una empresa privada.
Según manifiestan desde la Confederación, la propiedad privada es un "bien sagrado para nuestra Constitución Nacional" y lo de Vicentín es un golpe muy fuerte para toda la cadena productiva. "La historia nos enseña hacia dónde condujeron las decisiones similares, por las cuales esta y las futuras generaciones deberán seguir pagando con más deuda e inflación este tipo de arrebatos que se hacen en nombre del pueblo", señalan.
En el mismo sentido, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) sostienen que ven con "mucha preocupación" el accionar del gobierno nacional frente a la situación que está atravesando la exportadora y se preguntan si se actuará del mismo modo con las pymes que han tenido que cerrar por la crisis que está dejando la pandemia.
"Triviales argumentos rodean la errónea intención de un Gobierno que pareciera no entender la fragilidad económica en la que estamos inmersos todos los argentinos, en medio de una negociación internacional de deuda que nos pone al borde del default. Con una crisis productiva producto de la pandemia, perdiendo el foco de las imperiosas necesidades de educación, justicia, salud y orden económico que el pueblo argentino reclama. Más allá de la gran preocupación que genera el avance de un Estado casi quebrado sobre la propiedad privada.
Para los representantes de Carbap es "alarmante el accionar del Gobierno" anunciar la intervención y expropiación de la cerealera santafecina y sostienen que, si tal como se anunció durante la conferencia de prensa preocupa la soberanía alimentaria, desde el estado deberían entender que toda intervención que realizan, lejos de favorecer la producción de alimentos, atenta contra los niveles productivos y desalienta a quienes deben tomar decisiones a diario para invertir.
"Las dificultades de la empresa son producto de los errores y la impericia de sus accionistas y dueños, y su pasivo con esta medida será trasladado a los argentinos. Además, quién garantiza que una vez que el estado haya tomado el control de la misma, se realice una administración eficiente y austera. La experiencia indica que se transformara en un refugio de militantes, moneda de cambio para el pago de favores políticos y una permanente carga para todos los argentinos", aseveran.
En ese contexto, el Centro Azucarero también tomó posición de la intervención a la exportadora y la calificaron de indebida. "La Industria se opone a la intervención de Vicentín y rechaza el argumento usado de una supuesta soberanía alimentaria, siendo la Argentina un país exportador neto de alimentos. No hay justificativo alguno para el avasallamiento de las normas jurídicas vigentes, y la Justicia debe aplicar las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio de la ley", pidieron.
De acuerdo con el análisis que hace el sector de la situación, si el Poder Ejecutivo queda consentido en avanzar con intervenciones indebidas, sobre el proceso de un concurso de acreedores, las consecuencias serán lamentables para las empresas y titulares de emprendimientos porque quedarán expuestos a un proceder arbitrario sobre sus bienes y la marcha de sus negocios.
De igual forma, recuerdan que por la difícil encrucijada en que se encuentra la economía del país, agravada por la emergencia sanitaria, puso a innumerables empresas -de toda envergadura- en situación muy comprometida. "Muchas probablemente entren en procesos concursales y todas necesitarán apelar al mayor esfuerzo para salir adelante, para lo que es indispensable un contexto político que no agregue incertidumbres innecesarias y evitables, menos aún la amenaza de una intervención de la administración pública", señalan.
Por otro lado, desde la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) consideran la intervención y expropiación de Vicentin como "abuso de autoridad" y acto inconstitucional que no respeta al Poder Judicial que atenta contra la seguridad jurídica.
"Consideramos que no están tratando de salvar a los productores a los que no les pagó Vicentin, están tratando de intervenir la comercialización de granos para controlar la entrada de divisas al país. Este es el inicio de un nuevo modelo económico que atenta con la legitimidad del lucro y exhortamos al Presidente a dar marcha atrás a este proyecto de expropiación y a la Justicia a defender su derecho como tal", piden.
En un comunicado, las Bolsas de cereales y comercio de Rosario, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Bahía Blanca y Chaco, dijeron que "abogan por la utilización de las herramientas jurídicas para encontrar una salida a la situación de default de la empresa, manteniendo incólume el Estado de Derecho y respetando los usos y costumbres del mercado de granos".
También en un comunicado la Comisión Asesora Regional Santa Fe de Coninagro comunicó "su repudio a cualquier acto de intervención o confiscación de empresas privadas sea cual fuere su estado de situación patrimonial, que no fuese realizado conforme a la normativa legal y constitucional, despejando así cualquier duda respecto de la posición de nuestra entidad en el ámbito provincial".
"Defendemos la propiedad privada como elemento imprescindible de la realización económica de nuestro pueblo, a la vez que de las libertades individuales; siendo un instituto muy caro al sentir de nuestra Nación, y que hace posible la autosubsistencia, frustrando los intentos de generar dependencia de las dádivas de los gobiernos de turno", agregó.
Por su parte, Alejandro "Topo" Rodríguez, diputado nacional por Consenso Federal, remarcó: "Cuanto antes el Gobierno vuelva atrás con la decisión y analice otra alternativa con el mismo objetivo pero sin tantos riesgos, sería mejor".
LA NACION
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